para pactar donaciones ilegales a convergÈncia

Nuevos testigos delatan a Gordó: se reunía en el Palau y Justicia con constructores del 3%

Al menos cinco antiguos colaboradores del exsecretario del Govern y exconsejero de Justicia han declarado ya que se citó en sus despachos oficiales con constructores de la caja B de CDC

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero de Justicia, Germá Gordó. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero de Justicia, Germá Gordó. (EFE)

El futuro procesal de Germá Gordó, exsecretario del Govern (2010-2012) y exconsejero de Justicia (2012-2016) de la Generalitat, se oscurece por momentos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha accedido en las últimas semanas al testimonio de varios antiguos colaboradores del exdirigente del PDeCAT que han revelado que este se reunió en dependencias del Ejecutivo autonómico con empresarios de la construcción implicados en la trama de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La Guardia Civil se personó este jueves en el Parlament, el Palau de la Generalitat, la Consejería de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para recabar nuevas pruebas que apuntalen esos testimonios y confirmen otras líneas de investigación.

Nuevos testigos delatan a Gordó: se reunía en el Palau y Justicia con constructores del 3%

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, las declaraciones de estos nuevos testigos ya están incorporadas al sumario que instruye desde el pasado 1 de junio el magistrado del TSJC Carlos Ramos para depurar la presunta implicación de Gordó en la trama del 3%. El Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) disecciona esta macrorred de corrupción de la antigua Convergència desde hace tres años, pero los hechos que afectan al exconsejero de Justicia y actual diputado del Parlament se han remitido al máximo órgano judicial de Cataluña por su condición de aforado. Por lo pronto, se le imputan los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

Las pesquisas del TSJC avanzan a toda velocidad. En las siete semanas que han transcurrido desde que se abrió el procedimiento, al menos cinco testigos han confirmado que Gordó aprovechó su paso por el Palau de la Generalitat durante su etapa como secretario del Govern y también su posterior mandato en la Consejería de Justicia para celebrar encuentros con empresarios del sector de la obra pública en sus respectivos despachos oficiales. Los testigos han ofrecido las fechas aproximadas de las reuniones y los nombres de los empresarios que acudieron a reunirse con el exdirigente del PDeCAT. Y esos datos coincidirían con los de presuntas adjudicaciones públicas que presuntamente fueron manipuladas por cargos de Convergència para premiar a los donantes del partido.

Fuentes del entorno de Gordó han admitido a este diario que el político se reunió con numerosos empresarios de la construcción durante su etapa como consejero de Justicia. Sin embargo, aseguran que eran simples reuniones de trabajo. Supuestamente, Convergència se había presentado a las autonómicas de 2012 con la promesa de que construiría nuevos centros penitenciarios, pero cuando arrancó la legislatura, Gordó descubrió que no tenía fondos suficientes para poder acometer esos proyectos. Según esas mismas fuentes, el actual diputado autonómico se habría reunido entonces con los empresarios con la única intención de explicarles los motivos por los que no iba a poder cumplir esa compromiso electoral.

Los indicios y testimonios recabados por el TSJC desmienten esa versión. Con todo, la Guardia Civil acudió este jueves a las dependencias que ocupó Gordó durante su paso por el Govern, así como al Parlament y al CTTI, para solicitar documentos y material informático que afiancen las declaraciones de los nuevos testigos. Hasta ahora, las pesquisas de esa pieza del 3% se centraban en cuatro licitaciones en las que presuntamente habría intervenido el exgerente de CDC, considerado el dirigente de más confianza del 'expresident' Artur Mas.


Por un lado, se le acusa de haber intermediado para que Constructora Pirenaica (Copisa) donara en 2012 un total de 100.000 euros a las dos fundaciones satélite que usaba CDC para ocultar su caja B: Fórum Barcelona y CatDem. Por esos pagos, Gordó habría conseguido que el Consorcio de Educación de Barcelona otorgara a Copisa un contrato de 4.735.862 euros para realizar obras de mantenimiento en diversos edificios escolares públicos situados en los distritos municipales de Horta-Guinardó, Nous Barris, Santa Andreu y Sant Martí, de la ciudad de Barcelona.

La segunda adjudicación fraudulenta que se le atribuye a Gordó es la concesión del contrato de obras para el refuerzo del manto de los diques del puerto de Barcelona a una UTE integrada por Copisa junto a Comsa, Acsa y Benito Arnó. La adjudicación fue publicada en el BOE el 14 de mayo de 2012 y supuso una inversión pública de 39.603.138 euros. De las diligencias se desprende que las fundaciones de CDC también registraron entradas de dinero por esa adjudicación.

En tercer lugar, el TSJC considera que hay numerosos indicios de que Gordó maniobró para que la constructora Pasquina efectuara donaciones al partido por valor de 147.000 euros entre 2014 y 2015 a cambio de una licitación de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat SA (GISA) para la remodelación de la carretera C-55 por un importe de 2.101.864 euros y de un segundo contrato para la ejecución de obras en diferentes carreteras del entorno de Berga (Barcelona) por otros 7.260.071 euros.

 Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

Finalmente, según el auto de imputación, Gordó habría recibido del empresario Josep Manuel Bassols, directivo de la constructora Oproler, diversos regalos personales por intervenir para que GISA concediera a esa misma empresa la ejecución de unas obras de adecuación en el Instituto Lluís Peguera de Manresa por importe de 2.671.551 euros. Es decir, al actual diputado del Parlament se le atribuyen labores de intermediación que habrían condicionado el destino de 56 millones de euros de los presupuestos catalanes para favorecer a su propia formación.

Esa cifra podría incrementarse en los próximos días. Según fuentes cercanas al caso, los investigadores disponen también de pruebas que involucran a Gordó en la presunta manipulación del concurso con el que Bimsa —la empresa de infraestructuras de Barcelona— adjudicó la construcción del Túnel de Gloriès a una UTE integrada por Comsa, Copisa, Benito Arnó y Rogasa, por un precio de 60 millones de euros. Además, los requerimientos realizados este jueves podrían aportar información sobre nuevas intervenciones de Gordó.

El magistrado del TSJC ya disponía de las declaraciones de dos testigos protegidos que implican directamente al exgerente de CDC en la trama del 3% y encontraron correos y agendas en que otros empresarios se referían a él utilizando nombres clave, como “Gerardo” y “Gregorio”. Sin embargo, las declaraciones de esos testigos se centraban en el periodo 2004-2009, en el que Gordó solo tenía responsabilidades en el partido. Los testimonios incorporados ahora al sumario se refieren a hechos que se habrían producido durante su etapa en el Gobierno de Artur Mas y utilizando las propias instalaciones del Palau de la Generalitat y de la Consejería de Justicia.

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