anticorrupción y guardia civil entran en el caso

Un juez de Girona cerca a Puigdemont: asume la pieza del 3% sobre el 'president'

El juez que investiga el presunto fraude del abastecimiento de agua de Girona incorpora indicios que censuran la actuación del Ayuntamiento cuando era alcalde el actual presidente del Govern

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habla por teléfono en los pasillos del Parlamento de Cataluña. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habla por teléfono en los pasillos del Parlamento de Cataluña. (EFE)

La investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la empresa mixta del agua de Girona durante la etapa en la alcaldía de Carles Puigdemont (julio de 2011-enero de 2016) avanza a toda velocidad. El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, que ya abrió una causa en julio de 2016 sobre el presunto desvío de fondos públicos en la concesión, acaba de incorporar a ese procedimiento los nuevos indicios de delito en ese servicio encontrados en el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), que se instruye desde 2014 el Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona).

Según han confirmado a este diario fuentes cercanas al proceso, el titular del Juzgado número 2 de Girona, Manuel Marcelo, dictó el pasado lunes 31 de julio el auto para aceptar la inhibición de El Vendrell y sumar las diligencias 176/2017 practicadas en ese juzgado a las que ya tenía abiertas con número 411/2016. La decisión se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que también se ha hecho cargo de la acusación pública en el procedimiento de Girona. Además, la Guardia Civil ha entrado en la causa para impulsar la investigación con la práctica de nuevas diligencias.

El caso amenaza con salpicar al presidente de la Generalitat. La instrucción arrancó tras una querella de la CUP contra cuatro directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, Agissa SA, por perjudicar presuntamente al 20% de la sociedad en manos municipales para beneficiar a la parte privada, Girona SA, propietaria del 80% restante de las acciones. El juez imputó por administración desleal y apropiación indebida al consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos. Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.

El informe de la Agencia Tributaria denuncia el proceso que utilizó el Gobierno municipal de Carles Puigdemont para renovar la concesión en 2013

La CUP pidió un aluvión de diligencias para profundizar en el perjuicio ocasionado a los ciudadanos pero no había conseguido ir más allá del papel jugado por estos consejeros. El escenario cambió en junio cuando trascendió que la Agencia Tributaria había elaborado, a petición del juez de El Vendrell, un exhaustivo informe sobre Agissa que detectó repartos injustificados de dividendos por valor de 10 millones de euros, salarios de directivos que nunca debieron abonarse que suman otros 5 millones de euros y créditos concedidos por Girona SA a la empresa mixta con tipos de interés del 12% fuera de mercado, entre otras irregularidades.

El fraude habría empezado en 1998, cuando el entonces alcalde del PSC Joaquín Nadal adjudicó por primera vez el abastecimiento a Agissa. Sin embargo, el informe de la Agencia Tributaria, que fue remitido hace unas semanas al Juzgado número 2 de Girona, también denuncia el proceso que utilizó el Gobierno municipal de Carles Puigdemont para renovar la concesión en 2013. Según fuentes cercanas al procedimiento, no constan los criterios que empleó el actual jefe del Ejecutivo catalán para justificar la prórroga. Ni se pidieron cuentas de las inversiones que Agissa debía haber ejecutado en la red municipal de distribución durante los años anteriores ni se garantizó que se harían obras en los años siguientes. Falló la supervisión pública de un servicio tan esencial como el que prestaba esta empresa mixta.

Puigdemont a su salida del pleno para renunciar a la alcaldía de Girona tras ser elegido nuevo 'president'. (EFE)
Puigdemont a su salida del pleno para renunciar a la alcaldía de Girona tras ser elegido nuevo 'president'. (EFE)

Además, según Hacienda, el equipo de Puigdemont cambió el sistema de reparto de dividendos pero generó un problema mayor. En concreto, “se modifica la proporción de reparto a favor de los ayuntamientos. […] Pasan a percibir casi medio millón de euros más al año, al doblar —sin ninguna lógica económica— el importe a percibir por el canon derivado del alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, cargando así a Agissa y al consumidor final […] mayor importe de las tarifas que no va a determinar una mejor calidad del servicio puesto que se disminuyen notablemente las inversiones en mejora de las instalaciones”.

El caso tiene otra derivada que también va más allá de la querella inicial de la CUP. Los investigadores sospechan que los sobrecostes generados por todas esas presuntas irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales de la antigua CiU y Junts Pel Sí. Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015. El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau.

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