Los pliegos encontrados en el despacho del tesorero

CDC negoció comisiones con dinero de la lucha contra el cáncer y el desempleo

El tesorero de Convergència Andreu Viloca utilizó adjudicaciones del Instituto Catalán de Oncología y del Servicio de Empleo de Cataluña para conseguir donaciones ilegales al partido

Foto: Agentes de la Guardia Civil, durante el registro de la sede de CDC en Barcelona. (EFE)
Agentes de la Guardia Civil, durante el registro de la sede de CDC en Barcelona. (EFE)

La trama del 3% de Convergència Democàtica de Catalunya (CDC) vampirizó todos los organismos de la Administración catalana que adjudicaban contratos públicos. La Guardia Civil encontró en el despacho oficial del tesorero de CDC Andreu Viloca numerosos pliegos y anuncios de concursos que presuntamente habría utilizado para negociar directamente con empresarios el pago de donaciones al partido. Según recoge el sumario de la operación Petrum, Viloca habría comerciado hasta con el presupuesto de entidades como el Instituto Catalán de Oncología y el Servicio de Empleo de Cataluña, controladas por dirigentes de la formación.

La acusación aparece en un informe entregado por la Guardia Civil al instructor del caso, el titular del Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, el 6 de octubre de 2015. En ese documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado denuncian que Viloca tenía en su poder un anuncio del Instituto Catalán de Oncología (ICO) para licitar las “obras del laboratorio de epidemiología de la tercera planta del Hospital Duran i Reynals”, uno de los centros que forman parte del ICO, la red de centros de referencia del sistema catalán de salud en la lucha contra el cáncer. El proyecto salió a concurso por 609.575 euros más IVA.

Los agentes también hallaron en su mesa el anuncio de un contrato del ICO aún más suculento: la adjudicación de los servicios de limpieza de los centros de Hospitalet y Girona. Su importe ascendía a nueve millones de euros más IVA y fue publicada en el BOE el 11 de noviembre de 2011. El informe de la Guardia Civil no profundiza en qué empresas se impusieron en estos dos concursos, pero subraya que el ICO es un organismo público dependiente del Servicio Catalán de Salud, encuadrado a su vez en la estructura de la Generalitat de Cataluña y sometido por tanto al control, en aquellos momentos, del Gobierno de Artur Mas. Según el Boletín Oficial de la Generalitat, los servicios de limpieza de Hospitalet y Girona fueron adjudicados a Grupo ISS y OHL (Ingesan), respectivamente.

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Viloca también tenía información sobre proyectos de políticas de empleo. Según recoge el sumario, en el registro de su despacho en agosto de 2015, los agentes encontraron el anuncio del concurso para adjudicar las obras de reforma de la oficina de trabajo de Cornellá (Barcelona), una edificación del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), el organismo de la Generalitat responsable de atender a los trabajadores en paro. La licitación fue concedida el 8 de septiembre de 2011 a Constructora Calaf por un importe de 439.141 euros más IVA.

José María OlmoJosé María Olmo

A juicio de los investigadores, esos papeles probarían el enorme peso que tenía Viloca en la presunta financiación ilegal de Convergència y su labor como intermediario entre el partido y los empresarios. La Guardia Civil encontró en su oficina muchos más expedientes, la mayoría de Gestió de Infraestructuras SA (GISA) y su sucesora Infraestructures.cat, los organismos públicos encargados de centralizar las adjudicaciones de obra pública de la Administración autonómica. Entre los pliegos de Infraestructures.cat que ocultaba figuran, por ejemplo, los de construcción de un nuevo centro médico de Prat de Llusanés, la ampliación del colegio La Trama de Sabadell y las obras para prolongar la línea de ferrocarril Llobregat-Anoia. En octubre de 2015, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción lanzaron una nueva operación contra esta red corrupta que se saldó con una nueva detención de Viloca y con el arresto del director general de Infraestuctures.cat, Josep Antoni Rosell, por su presunto concierto con el tesorero para ejecutar los amaños.

Un vehículo policial sale de la sede de CDC con el tesorero del partido, Andreu Viloca (c), tras el registro.
Un vehículo policial sale de la sede de CDC con el tesorero del partido, Andreu Viloca (c), tras el registro.

Infraestructures.cat abarcaba el mayor volumen de concesiones, pero el dinero de las licitaciones también circulaba por otros organismos que merecían igualmente la atención de Viloca, a pesar de que, sobre el papel, su única responsabilidad era gestionar la contabilidad de Convergència. Además de los concursos del Instituto de Oncología y del Servicio de Empleo, la Guardia Civil encontró en su poder licitaciones de las diputaciones de Barcelona y Tarragona, el Servicio Catalán de Tráfico, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), Gestión de Servicios Sanitarios, la consejerías de Economía y Conocimiento y de Empresa y Empleo, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Consorcio de Educación de Barcelona e incluso la Universidad Politécnica de Cataluña, cuyo rector en esa época, Antoni Giró Roca, había sido previamente director general de Universidades en los gobiernos de Jordi Pujol.

Como ya relató este diario, las investigaciones realizadas en el marco de este procedimiento que se instruye desde 2014 han permitido acreditar más de una veintena de proyectos públicos amañados. Viloca se reunía de forma continua con los empresarios para pactar la concesión de adjudicaciones a cambio de aportaciones económicas al partido. El importe del donativo rondaba habitualmente el 3% del precio de los contratos otorgados, aunque llegó en algunos casos al 10%. Los fondos llegaban a dos entidades satélite de CDC, las fundaciones CatDem y Fórum, y luego eran desviados a la caja B de la formación mediante facturas falsas por servicios inexistentes.

La información de concursos localizada en el despacho de Viloca refuerza la acusación de que este actuaba como intermediario entre la parte de la presunta organización criminal dedicada a recoger las donaciones de los empresarios y la rama de la red encargada de manipular las adjudicaciones desde dentro de los entes públicos, para asegurarse de que los procesos favorecieran a los donantes de Convergència. Este último grupo de la trama fue precisamente el objetivo de la cuarta fase de la operación Petrum que lanzaron la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción el pasado 2 de febrero. Se saldó con otros 18 detenidos y 24 nuevos registros. La investigación continúa y apunta más alto.

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