El Gobierno relanza el debate de la reforma constitucional y urge a los grupos a unirse

La música puede parecer nueva. No lo es. PSOE y PSC llevan años, concretamente desde 2013, con su propuesta de reforma constitucional sobre la mesa. Pero ahora la coyuntura es radicalmente distinta. Los socialistas, con Pedro Sánchez al frente, han recuperado el poder después de seis años y medio en la oposición, a mitad de legislatura y gracias a una moción de censura que hizo pasar a Mariano Rajoy a la historia. Ese retorno al Gobierno es el principal balón de oxígeno para un proyecto, la modificación de la Carta Magna, largamente deseado aunque difícil de materializar hasta las próximas elecciones. No solo por la precaria minoría del PSOE en el Congreso y la mayoría absoluta de los populares en el Senado, sino por la falta de voluntad de conservadores y naranjas y la negativa a sumarse a los trabajos de Unidos Podemos, nacionalistas e independentistas.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, la catalana Meritxell Batet, puso este sábado otra vez en órbita el debate sobre la reforma constitucional, que se había marchitado en los últimos meses. Para "superar la crisis institucional" y en especial la "territorial" que padece el Estado es necesaria, dijo, una actualización de la Carta Magna. "Urgente, viable y deseable". Batet se estrenaba así como responsable de la cartera tal vez más sensible del Ejecutivo en su primera visita a Cataluña, a un acto del PSC. Al tiempo, apremiaba a todos los grupos a sumarse a la comisión de modernización y evaluación del Estado autonómico abierta en el Congreso, el órgano que los socialistas consideran antesala de la discusión sobre la reforma de la Ley Fundamental de 1978.

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En ese foro ahora mismo solo se sientan PP, PSOE, Compromís y Unión del Pueblo Navarro. El partido de Albert Rivera se marchó dando un portazo en marzo porque los socialistas se negaban a que acudieran "más ex", referentes del pasado como Alfonso Guerra, Pepe Bono o Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Unidos Podemos y el PNV nunca llegaron a integrarse por la aplicación del 155 en Cataluña. Razón esgrimida, con más ahínco aún, por el PDeCAT y ERC, para no sentarse a la mesa. La comisión no se reúne desde el pasado 11 de abril. Tenía previsto retomar las comparecencias el pasado 31 de mayo, pero el debate de la moción de censura borró la sesión.

La ministra juzga "imprescindible" que todas las fuerzas estén en la comisión territorial, crear un "clima de confianza y lealtades mutuas"

Por eso Batet, tanto en las jornadas organizadas por el PSC como después en una entrevista publicada este sábado por 'El Periódico de Catalunya', insistió en que "el primer paso, e imprescindible" para caminar hacia una reforma constitucional es que "todos los grupos, también Podemos, Cs, las fuerzas independentistas y el PNV" se sumen a la comisión del Congreso. "Tenemos que empezar a hablar en un clima de confianza y lealtades mutuas. Si no aprovechamos los espacios de encuentro será muy difícil avanzar. El Gobierno no tiene ninguna varita mágica y un problema que arrastramos desde hace años no puede resolverse en unas semanas".

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Desde 2013

Fuentes próximas a la ministra indicaban a este periódico que las palabras de Batet no revestían "ninguna novedad". Ni siquiera se podía calificar de "guiño" al Govern, advertían, porque es la postura "de siempre" de los socialistas. Igual que el levantamiento del control previo de los pagos de la Generalitat y la llamada de Pedro Sánchez a Quim Torra de este viernes sí podían interpretarse como gestos explícitos dirigidos a rebajar la tensión con la Generalitat, a comenzar el deshielo, el 'refresco' de la propuesta de revisión de la Carta Magna no entraba en esa categoría, señalaban las mismas fuentes.

Desde el Gobierno insisten en que no hay "novedad" en las palabras de Batet, porque se derivan de las declaraciones de Granada y de Barcelona

El propósito de "renovación del pacto constitucional", en efecto, ha sido reiterado en numerosas ocasiones por Sánchez. Invocado antes incluso de que se convirtiese en secretario general del PSOE. La apuesta por la reforma del texto de 1978 en clave federal ya floreció en la 'Declaración de Granada' que los socialistas, aún liderados por Alfredo Pérez Rubalcaba, suscribieron en julio de 2013 en la ciudad andaluza. Ese documento fue resumido e integrado en los programas electorales de 2015 y 2016 y actualizado en la 'Declaración de Barcelona' que las ejecutivas de PSOE y PSC firmaron el pasado julio, apenas un mes después del retorno de Sánchez a Ferraz. La incorporación más genuina del hoy presidente del Gobierno fue la concepción de una España "plurinacional", como una "nación de naciones", siempre sin violar la soberanía nacional y la unidad del país. Pero la plurinacionalidad, un término conflictivo dentro del PSOE, desapareció de los discursos progresivamente tras el 39º Congreso Federal que la consagró, y ni siquiera se repescó para la campaña catalana.

"Defiendo que España sea una nación —dijo Sánchez durante el debate de la moción de censura— y defiendo, como defienden muchos otros países o incluso el propio Consejo de Europa, que dentro de la nación española hay territorios que se sienten también nación y, en consecuencia, podemos perfectamente convivir juntos, garantizar la integridad territorial de nuestro país y hacerlo con esa norma fundamental que es la Constitución española". El líder socialista, hasta su ascenso a La Moncloa, mantenía su idea original, pactada con Rajoy, de abrir la subcomisión de reforma de la Carta Magna en el segundo periodo de sesiones. Esto es, a partir de septiembre. Sacar adelante una revisión del texto de 1978, sin embargo, es muy complicado pues se necesitan mayorías muy reforzadas que requieren, como poco, el consenso con el PP. Porque aunque pudiera configurarse una mayoría alternativa en la Cámara Baja, los populares podrían vetarla en el Senado.

La vía de la modificación de la Carta Magna no será la única que explore el Gobierno socialista para destensar las relaciones con Cataluña. Batet apuntó a la restitución de partes del Estatut anuladas por el Tribunal Constitucional o la negociación de las 45 demandas planteadas en 2016 por el Govern de Carles Puigdemont al Ejecutivo de Rajoy —el referéndum de autodeterminación hacía la número 46—. La ministra, en su entrevista con 'El Periódico', subrayó que sobre esos 45 puntos "se puede avanzar". "Se puede hablar de inversiones como la del Corredor Mediterráneo, de la conflictividad ante el Constitucional... Hay margen si otras fuerzas políticas tienen esta misma predisposición, porque las mayorías parlamentarias son las que son".

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No al referéndum

La otra salida que va a ofrecer Sánchez al Govern es el análisis de las impugnaciones que Rajoy llevó al Tribunal Constitucional contra ciertas normas aprobadas por el Parlament, algunas apoyadas incluso por el PSC. "Sí, revisaremos pronto esos recursos,. Muchos afectan a leyes sociales, como la de la pobreza energética, y hay que leerlas con esa sensiblilidad. Nuestra voluntad es disminuir la conflictividad y hablar de Gobierno a Govern para cambiar cosas menores y evitar los recursos", indicaba Batet en su conversación con el rotativo barcelonés. Lo que no será objeto de discusión, en ningún caso, será el derecho de autodeterminación. Está "absolutamente fuera" de los planes del Ejecutivo, dijo el viernes taxativa la portavoz, Isabel Celaá. "No saldremos del conflicto catalán con un referéndum", porque "no se trata de desempatar en una votación, sino de hallar una solución de consenso" que una amplia mayoría respalde, defendió.

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De nuevo, no hay elementos nuevos en el discurso de Batet. Ya estaban recogidos en la 'Declaración de Barcelona' de hace un año. "No hay ningún giro copernicano. Sería increíble que no relanzásemos el debate. Lo importante es que se ha acabado con el cuento de que el Gobierno de España no propone nada, como decían los independentistas", apreciaba un máximo responsable del PSC, muy cercano a la ministra.

Ahí radica la importancia: que las propuestas no proceden del PSOE, sino del Ejecutivo central. Y el equipo de Sánchez quiere trasladar el mensaje de que no está atrapado por el "inmovilismo", como reprochaban a Rajoy, sino dispuesto al diálogo, aunque siempre dentro de los márgenes de la Constitución y de la ley.

"Todas las propuestas son bienvenidas", saludó poco después el 'president', Quim Torra. Pero insistió en que en esa conversación con el Gobierno no pueden caber límites, y que se ha de partir de la base del mandato del referéndum soberanista del 1-O y de la declaración "política" de independencia del 27 de octubre para "avanzar". "Hemos insistido en ir a una negociación sin condiciones en la que vamos a hablar de lo que importa al país, de la situación de los derechos y libertades, y también del derecho a la autodeterminación", recalcó el jefe del Govern desde Palamós (Girona), informa EFE.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular va a pedir la comparecencia "urgente" de Batet en el Congreso, como manifestaba el diputado Francisco Martínez: "Queremos conocer cuál es la propuesta de reforma constitucional urgente que el Gobierno quiere impulsar y si se pretende romper el pacto constitucional de 1978 para dar satisfacción a los independentistas o a Bildu". El portavoz del Constitucional consideraba que "a tenor de las palabras de la ministra, parece que el PSOE y la propia Batet han participado en una comisión diferente de la que ha estado el PP".

Batet irá a ver a Torra antes

La reunión entre Sánchez y Torra no está fijada. Pero la "intención" de Batet es acudir al Palau de la Generalitat para verse antes con el 'president' y preparar con él la cita en La Moncloa.

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Obstáculos se va a encontrar el presidente por el lado independentista, y también por el flanco constitucionalista. Albert Rivera insistió desde Twitter que hay que reformar la Constitución "para suprimir aforamientos, reformar o cerrar el Senado o cambiar el sistema electoral, todo lo que PSOE-PP han bloqueado", pero no para "inventarse una nación de naciones", como a su juicio querría el PSOE. La portavoz naranja, Inés Arrimadas, mantuvo que antes de abrirse el diálogo entre el Ejecutivo y el Govern han de "garantizarse" los derechos de los catalanes no separatistas ante la "amenaza" de Torra de seguir adelante con el 'procés'.

Pese a las dificultades, el Gobierno promete no rendirse. No en vano, el primer Consejo de Ministras y Ministros de la era Sánchez se focalizó en Cataluña —el principal problema de España es "la integridad territorial", reconoció Celaá—. El presidente sabe que, ante las complicaciones para legislar y la mayúscula crisis territorial, el encauzamiento del conflicto se convertirá en uno de los parámetros de evaluación de su mandato.

Batet, a favor de que el juez acerque a los políticos independentistas presos

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, estaría de acuerdo con que los líderes independentistas encarcelados fueran conducidos a prisiones catalanas. Pero esa decisión "no está en manos del Ejecutivo porque no hay condena firme". "Al estar en prisión provisional es decisión del juez. Está bien que lo pidan y yo vería con buenos ojos el acercamiento a Cataluña, pero es decisión del juez", apunta la dirigente en su entrevista con 'El Periódico de Catalunya'.

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, planteó en la campaña de las catalanas la posibilidad de indultarlos. "Cada cosa en su momento. Plantear desiderátums sin condenas firmes es adelantar acontecimientos. Hay que ver cómo evoluciona la política catalana, y si el Govern asume que no puede actuar al margen de la ley", contesta Batet.