Las Mesas de Congreso y Senado: la otra barrera de Sánchez para sacar sus medidas

La posibilidad de que el PP pueda presentar en el Senado enmiendas a sus propios Presupuestos de 2018 para deshacer los acuerdos que el propio Mariano Rajoy firmó con el PNV pone sobre la mesa no solo la opción de que los conservadores, bien por 'vendetta' o bien por estrategia, saboteen las cuentas que su Gobierno aprobó, sino que también evidencia (una vez más) las dificultades que atravesará Pedro Sánchez en la singladura que abrirá esta semana, en cuanto nombre un nuevo Ejecutivo. No solo por la exigua minoría parlamentaria de la que dispone, 84 diputados de una Cámara de 350, sino por el muro de la mayoría absoluta amplísima que aún conserva el PP en el Senado y porque los socialistas no tienen el control de ninguna de las Mesas. Y esa llave es muy importante para controlar los tiempos y la tramitación de las iniciativas.

La política española ha dado un vuelco insólito en 40 años de democracia. Nunca había prosperado una moción de censura, nunca había sido investido un presidente del Gobierno que no ganara en las urnas, nunca había llegado a La Moncloa un líder sin escaño, nunca se había producido un cambio de color en el Ejecutivo de un día para otro y a mitad de legislatura. Y nunca había ocurrido que el partido en el Gobierno no tuviera el control del Parlamento. Pero todas esas circunstancias concurren ahora. Con Pedro Sánchez como presidente inesperado. De ahí lo excepcional del momento y la obligación del jefe del Gobierno y de quien designe como portavoz en el Congreso de tender puentes con el resto de fuerzas para contrarrestar en lo posible las zancadillas de la oposición. Que serán muchas, previsiblemente, y no siempre fáciles de sortear. Y eso puede hacer la vida imposible al nuevo Ejecutivo.

Las Mesas de Congreso y Senado son los dos órganos de gobierno de las Cámaras, las que se encargan de dirigir la actividad parlamentaria. Por ellas pasan todas las iniciativas. El PP preside ambas. Ana Pastor, el Congreso, en el que los populares disponen de tres de los nueve puestos —los otros seis se los reparten PSOE (2), Unidos Podemos (2) y Ciudadanos (2)—, y Pío García-Escudero, el Senado, donde los conservadores disfrutan de una amplia mayoría absoluta: cuatro de las siete sillas de las que se compone (otras dos son para el PSOE y una más para el PNV).

Hasta ahora, populares y naranjas ratificaban en la Mesa los vetos que el Ejecutivo de Rajoy imponía a las iniciativas de corte más social

Los de Mariano Rajoy no tienen el control de la Mesa de la Cámara Baja, cierto, pero sí suman mayoría con Ciudadanos. De hecho, los socialistas se han venido quejando en estos dos últimos años de cierta parálisis que ambas formaciones asumían, ratificando los vetos que el Gobierno popular imponía a las iniciativas de la oposición de carácter más social. El Tribunal Constitucional ya condenó el abuso que el Ejecutivo hacía de esta prerrogativa contenida en el artículo 134.6 de la Carta Magna, advirtiendo de que las Mesas tienen la potestad para rechazar esos frenos del Gobierno si no los consideran suficientemente justificados. Rajoy había logrado paralizar una sesentena de iniciativas de los grupos alegando que aumentaban el gasto o disminuían los ingresos.

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Veto a una reforma constitucional

Ahora, el Gobierno es de otro color. Y, evidentemente, no va a vetar iniciativas emanadas del Grupo Socialista y que ahora quiere desbloquear, como la universalización de la sanidad pública, la actualización de las pensiones conforme al IPC, la reforma de la Ley de Memoria Histórica o la supresión de las tasas judiciales. Pero el PP puede ralentizar su tramitación. Si se alía con Cs y aprueban ambos por mayoría la ampliación del plazo de presentación de enmiendas parciales, las proposiciones pueden quedar congeladas durante meses. Es decir, que populares y naranjas en el Congreso pueden activar iniciativas incómodas para el Ejecutivo si lo desean o paralizar aquellas en las que La Moncloa esté interesada. Pastor, como presidenta de la Cámara, dispone de una prerrogativa solo suya: la fijación de los plenos. Ella decidió, aunque antes lo habló con Sánchez, la fecha del debate de la moción de censura.

El portavoz parlamentario socialista tendrá que fajarse para acordar con los grupos... o levantar las enmiendas que el PP cuele en los PGE en el Senado

Los problemas para el Ejecutivo socialista, obviamente, no concluyen solo en la Mesa. El portavoz parlamentario —en caso de que el presidente, como todo parece indicar, se lleve a Margarita Robles a su Gobierno, deberá designar a uno nuevo, y para el cargo suenan los números dos y tres del partido, Adriana Lastra y José Luis Ábalos— deberá fajarse con el resto de grupos para intentar tejer acuerdos transversales. En algunos casos, bastará con el entendimiento de Unidos Podemos y Ciudadanos. En otros, deberá conformar una mayoría semejante a la que propició el triunfo de la moción de censura (los 180 votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias) para batir al bloque de PP y Cs (169 diputados). Sánchez prometió durante las sesiones del jueves y viernes de la semana pasada "diálogo". Talante, como el que ya patrocinó José Luis Rodríguez Zapatero en sus casi ocho años en La Moncloa. Pero en este caso, el ejercicio de seducción será más necesario que nunca dada la precaria minoría en la que se asienta el Gobierno.

La mayoría absoluta del PP en el Senado es a su vez un impedimento para el presidente. Un agente ralentizador. La Constitución obliga a la Cámara Alta a tramitar en dos meses máximo los proyectos de ley que le envíe el Congreso, pero puede acortar los tiempos a conveniencia. Lo previsible es que los populares intenten estirar los plazos para obstaculizar la labor del Ejecutivo, como de hecho pretenden hacer ahora con los PGE. El Senado puede vetar los textos que lleguen de la Cámara Baja —vetos que el Congreso ha de levantar por mayoría absoluta o bien por mayoría simple al cabo de dos meses— o aprobar enmiendas parciales, que los diputados pueden deshacer por mayoría simple. La Cámara Alta, además, puede vetar y enterrar una reforma de la Constitución que impulse el Congreso.

Que el PP enmiende su propio proyecto de Presupuestos de 2018 no tiene demasiada virtualidad, porque el Senado no tiene la última palabra. Pero sí consigue poner las cuentas de este año en el aire y variar los tiempos. Para desandar el camino que recorran los populares en la Cámara Alta, el PSOE deberá ahormar una mayoría para por fin poder aprobar unos PGE que nunca apoyó pero que Sánchez se ha comprometido a mantener para así arrancar el sí del PNV a la moción de censura.

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¿Qué pasa con RTVE?

Otro de los compromisos del presidente es culminar la renovación de RTVE. El proceso está ya muy avanzado, pero podría embarrancar si lo quiere el PP. Esta semana, la Mesa de la Cámara Baja estudiará la redacción del concurso público para el relevo en el consejo de administración de la corporación preparada por los letrados. Esa propuesta ya contendrá todas las correcciones que los servicios jurídicos del Congreso reclamaron cuando analizaron el borrador elevado por la oposición. Es decir, que ese documento que estudie el órgano rector presidido por Pastor será fetén. Listo para que el Congreso abra ya el concurso.

En caso de que ella reculara y se desdijera de sus palabras, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos tienen mayoría para vencer las resistencias del PP. Pero los conservadores, si lo desearan, podrán imponer su mayoría en la Mesa del Senado. Y eso es un problema objetivo para que la renovación llegue a buen puerto.

El PSOE tiene todos los incentivos para legislar vía real decreto ley, pues solo necesita la convalidación del Congreso y el Senado no interviene en nada

Con este panorama, y teniendo en cuenta que el de Sánchez será un Ejecutivo de transición con una duración máxima de dos años, es muy probable que el PSOE intente tramitar algunas de sus iniciativas vía real decreto ley, el instrumento que la Constitución deja en manos del Gobierno para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". ¿Por qué? Porque esos textos, con fuerza de ley, entran en vigor en cuanto son publicados en el BOE, y solo han de ser convalidados por mayoría simple en un plazo de 30 días. Es decir, el Senado no interviene en la convalidación de los reales decretos leyes. La contraindicación es que el nuevo Ejecutivo podría ser acusado de lo mismo que reprochaba al PP cuando este ocupaba La Moncloa: del abuso de este instrumento.

El PSOE es consciente de que no tendrá fácil gobernar. Sus 84 diputados son un freno capital, pero a ello se añade que no controla las Mesas. Su ventaja es que el Gobierno siempre tiene el impulso legislativo, que no impondrá vetos a sus iniciativas y que sus medidas tienen que ser calificadas (o sea, admitidas a trámite) por el órgano rector del Congreso, quiera o no el PP. Si algo han demostrado estos dos años de convulsión en la vida política, es que el Ejecutivo del PP apenas podía legislar por falta de apoyos, pero a su vez impedía que el Parlamento gobernase por él. Ahora, el PSOE gana en iniciativa, y el presidente, en cualquier caso, tiene el botón exclusivo de convocatoria de nuevas elecciones.

Los socialistas asumen que, en el tiempo que permanezcan en La Moncloa hasta las siguientes generales, apenas podrán tramitar muchas iniciativas. Su empeño será sacar adelante aquellas en las que ya existía un consenso previo, también las que no supongan mucho gasto —el Presupuesto de 2018, en cuanto se apruebe, estará cerrado— y no requieran una tramitación compleja. Sus prioridades serán impulsar medidas vistosas y que marquen con claridad distancias con el modo de gobernar del PP, primar la agenda feminista, aprovechando el empujón de las movilizaciones del 8-M en las que el PSOE se ha implicado a fondo, y retomar el diálogo con Cataluña para desatascar el bloqueo.

A mediados de esta semana se conocerá algo más la hoja de ruta de Sánchez. Por ahora, sobrevuela un "hermetismo total" en torno a su nuevo Ejecutivo. Las quinielas van y vienen, pero confirmaciones de la estructura del Gabinete y de sus ministros, ninguna.

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Pedro Sánchez tomó posesión el pasado sábado ante el Rey. Y, por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno prometía su cargo sin Biblia ni crucifijo por delante. 

El fin de semana lo ha pasado el jefe del Ejecutivo reflexionando sobre la estructura de su Gabinete y los ministros que le acompañarán. Pero este lunes hace un paréntesis corto. Estrena su agenda oficial con una reunión en el palacio de la Moncloa, a las 9:30 horas, con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. El Ejecutivo confirmó este domingo ese despacho después de que el sábado se estuviera a la espera de ultimar algunos detalles de la visita del jefe de Estado ucraniano, informa EFE. .

Tras la entrevista en el palacio gubernamental, Poroshenko se trasladará a la Zarzuela para reunirse con el Rey. Allí, Felipe VI y la reina Letizia le ofrecerán un almuerzo en su honor, al que también acudirá la esposa del presidente ucraniano.