Al Supremo no le basta la declaración de Junqueras: baraja dejarle en prisión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena estudia desde el pasado viernes la petición de Oriol Junqueras, los miembros del Govern cesados por el 155 y los dos presidentes de las asociaciones soberanistas de quedar libres y, según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, baraja denegar la excarcelación al 'exvicepresident' y a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los tres acusados de los diez que permanecen en prisión por su papel en el 'procés' con más peso en la estrategia para alcanzar la independencia.

Las fuentes consultadas destacan que el instructor cuenta con firmes indicios del elevado grado de participación de Junqueras y 'los Jordis' en los planes secesionistas. Los informes que maneja confieren a los tres un papel protagonista que no puede obviarse y que alcanza tal grado que la mera aplicación del 155, que les apartó del mando de la Generalitat, no es bastante para acreditar que, en su caso, no vayan a incurrir de nuevo en el mismo delito. Otro motivo que maneja el juez es que persiste en estos tres acusados el riesgo de fuga agravado tras la huida de Carles Puigdemont y otros cuatro 'exconsellers' a Bélgica.

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Tampoco han ayudado sus palabras ante el juez. En la comparecencia, que fue voluntaria, Junqueras se negó a contestar las preguntas de la Fiscalía. Siguiendo un guion que fue común en todos los investigados, se limitó a acatar el 155 y salpicó con críticas sus referencias a la decisión del Ejecutivo de aplicarlo el Cataluña. Por imperativo legal y desde "su más profunda discrepancia jurídica y política" resaltó que ha admitido su aplicación como demuestra que no trató de continuar en su cargo y que se ha presentado a las elecciones del 21-D convocadas por Mariano Rajoy.

También defendió, al igual que el resto, que la situación en Cataluña "ha entrado en una nueva fase" y confían en impulsar una negociación con el Ejecutivo central para alcanzar pactos y acuerdos. Según explican a El Confidencial fuentes presentes en la declaración, los acusados admitieron que los hechos han demostrado que los partidos soberanistas deben "cambiar la estrategia" e incidido en que la Constitución es "flexible" y permite un reconocimiento de "la situación de Cataluña".

Los diez acusados volvieron, no obstante, a las cárceles a la espera de la decisión de la Fiscalía

El tiempo que se ha tomado el magistrado tras escuchar las declaraciones voluntarias de los imputados que reclamaban un cambio en su situación y comparecieron a petición propia, ofrece ya pistas sobre su decisión final. Un criterio claro a favor de la libertad hubiera acelerado la respuesta, más si cabe con las garantías reforzadas que se aplican en las causas con presos. Los diez acusados volvieron, no obstante, a las cárceles a la espera de la decisión.

Dos grupos

Así, la previsión inicial que apuntaba a que todos los acusados saldrían libres con fianzas ha mutado. Llarena estudia trazar una línea que separa a los acusados en dos grupos según su grado de responsabilidad. De este modo es previsible que el resto de acusados —Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxel Borrás, Josep Rull y Jordi Turull— queden libres con la imposición de fianzas por su menor participación en el "plan preconcebido" que se desarrolló durante años y desembocó en la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre.

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La Fiscalía pidió este viernes que todos permanecieran en la cárcel. Tras escuchar los alegatos realizados, el Ministerio Público es de la opinión de que persisten los motivos que ya existían cuando solicitó su ingreso en prisión hace un mes. Incide en la gravedad de las penas que llevan aparejadas los delitos de los que se les acusa, de hasta 30 años en el caso de la rebelión.

También argumentan los fiscales que se mantiene la posibilidad de destrucción de pruebas como demostró el episodio de octubre en el que miembros de los Mossos d' Esquada intentaron eliminar en una incineradora documentos "que pudieran ser comprometedores para los acusados" y que, en su opinión, resulta "muy ilustrativo". Tampoco el acatamiento del 155 es bastante y menos a la vista de sus palabras sobre la "flexibilidad" de la Carta Magna que no demuestran intención alguna de sometimiento a la legalidad vigente.