trapero se revuelve contra la guardia civil

La defensa de 'los Jordis' avisó a la jueza: "La prisión amenaza la paz en Cataluña"

Mientras los líderes secesionistas advertían de las repercusiones en las calles de su encarcelamiento, Trapero acusaba a la Guardia Civil de inflar sus informes

Foto: Los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. (EFE)
Los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. (EFE)

Las defensas de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, advirtieron a la jueza tras conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamaba su ingreso en prisión incondicional de que su entrada en la cárcel pondrá en riesgo la convivencia en Cataluña. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, los dos responsables de las asociaciones soberanistas acusados de sedición mencionaron el daño que su encarcelamiento hará a la paz en todo el territorio.

La magistrada Carmen Lamela no tuvo en cuenta sus argumentos, expuestos en una extensa intervención durante las vistillas para decidir sobre su situación. Siguiendo el criterio del Ministerio Público, representado por el fiscal Miguel Ángel Carballo, ordenó que ambos permanezcan encarcelados de forma preventiva. La instructora no hizo lo mismo en el caso del 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al que dejó libre a la espera de analizar su comportamiento durante la jornada del 1 de octubre, que ha descartado abordar por el momento a la espera de ampliar la causa abierta por los incidentes del 20 y 21 de septiembre en las manifestaciones contra las detenciones de la operación Anubis.

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Sànchez, el único de los dos que decidió contestar durante los interrogatorios, en respuesta a su letrado, ha asegurado que la ANC continuará luchando por la independencia de Cataluña a pesar de su entrada en prisión: "Una acusación de sedición no va a solucionar nada y no nos va a parar", dijo en su comparecencia, según confirman las fuentes consultadas. Su declaración contrasta con la de Trapero, que se defendió atacando a la Guardia Civil, añaden estas fuentes.

La reacción de las dos asociaciones a la decisión judicial no se hizo esperar. Segundos después de conocer que serían enviados a Soto del Real, los perfiles en redes sociales de ambas comenzaron a difundir imágenes de sus dirigentes solicitando su puesta en libertad con el mensaje 'Els volm a casa!'. También circularon de forma casi automática vídeos preparados por Sànchez y Cuixart en previsión de su encarcelamiento y se convocaron actos de protesta, el primero, una cacelorada a las 10 de la noche. Durante este martes, habrá paros de protesta en los centros de trabajo y una concentración silenciosa ante las delegaciones del Gobierno en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Tampoco se hicieron esperar las críticas por la decisión desde Podemos, IU, En Comú y el PSC. Representantes de estas formaciones clamaron por la "desproporción" de la medida mientras las formaciones independentistas denunciaban que se ha convertido a los dos acusados en presos políticos.

Lamela tomó su decisión ponderando el riesgo de que los dos repitan el delito de sedición del que se les acusa como "principales promotores y directores" de las protestas de septiembre en Barcelona. "Apelaron a la resistencia con el fin de impedir la aplicación de la ley", destaca el auto, que también resalta el riesgo de que destruyan pruebas o se dejen llevar por "la tentación de la huida".

Un párrafo central del auto resume en tres líneas los motivos de Lamela: "Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados".

Las declaraciones de la letrada de la Administración de Justicia que participó en los registros ordenados por el Juzgado 13 de Barcelona y de los guardias civiles que vivieron el acoso han resultado fundamentales y demuestran, según la instructora, que las llamadas de Sànchez y Cuixart a la resistencia estaban destinadas "a impedir la aplicación de la ley" y "asegurar la celebración del referéndum ilegal". Todo ello desde el seno de "un grupo organizado de personas", fuera de las vías legales y en pro de la independencia de Cataluña.

Trapero corrió mejor suerte, aunque la investigación sobre su proceder presuntamente delictivo solo ha vivido el primer capítulo. La jueza descartó analizar los hechos del 1 de octubre, ya que su causa se limita, al menos por el momento, a lo sucedido 10 días antes. Avisa en el auto en el que le deja libre con retirada de pasaporte, prohibición de abandonar España y comparecencias en los juzgados cada 15 días de que las investigaciones aún no están cerradas.

"Todavía", "aún no", "no aparece lo suficiente", son algunas de las expresiones que emplea la magistrada en la quincena de páginas en las que refleja sus motivos para optar por dejarle libre. En ellas también adelanta que seguirá investigando estos hechos "muy graves" y ahondando en los indicios que le vinculan con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán, en base al documento incautado 'EnfoCATs'. Las conversaciones telefónicas autorizadas por el juez del 13 de Barcelona dejan vislumbrar pruebas que apuntalarían la acusación en su contra, como las "actividades de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o la Guardia Civil".

Trapero se revuelve

El jefe de los Mossos se revolvió durante el interrogatorio. Acusó a la Guardia Civil de cargar las tintas en su contra de forma artificial y aseguró que los agentes del Instituto Armado han ofrecido una versión sesgada y parcial de lo sucedido en las manifestaciones y aportado vídeos "manipulados". Ha defendido su actuación esas dos jornadas y reprochado que las soluciones que aportaron no se tuvieron en cuenta.

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Por ejemplo, destacó que "abrieron los pasillos para los detenidos y para la salida de la comisión judicial que luego no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos". Según su visión, actuar contra 40.000 personas congregadas de forma contundente hubiera supuesto una alteración del orden excesiva y sin consecuencia prácticas.

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