La prisión se cierne sobre los líderes de la 'revuelta'; la suerte de Trapero, en el aire
Fiscalía, que ve riesgo de reiteración delictiva, también baraja reclamar severas medidas para el mayor de los Mossos
La Fiscalía baraja reclamar este viernes el ingreso en prisión provisional del presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el responsable de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, citados para declarar en la Audiencia Nacional acusados de un delito de sedición por su papel durante los disturbios de los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona, que coincidieron con la operación Anubis. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el Ministerio Público está ponderando la existencia de un evidente riesgo de que los líderes de las dos asociaciones reiteren su actuación delictiva a la vista del rol esencial que desempeñaron tanto durante la jornada del 1 de octubre como en la huelga del 3 de octubre, y que pueden seguir desarrollando en los próximos días.
El Ministerio Público también estudia solicitar medidas severas para el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y su subordinada, dado que el delito por el que están imputados, la sedición, lleva aparejadas penas de hasta 15 años de prisión para aquellas autoridades que incurran en ella. En todo caso, la incomparecencia de cualquiera de los citados por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela supondría una declaración de rebeldía y el departamento que dirige José Manuel Maza reclamará, en ese caso, su inmediata detención.
El mayor de los Mossos ya ha adelantado cuáles son sus intenciones. A través de una carta remitida a los agentes del cuerpo, Trapero ha asegurado que acudirá y defenderá ante la magistrada que instruye la investigación sobre los desórdenes durante las manifestaciones de los pasados 20 y 21 de septiembre la actuación de los agentes a su cargo. La intendente Teresa Laplana también ha sido citada como investigada.
"Se aportará toda la información sobre las actuaciones que el cuerpo de Mossos d’Esquadra hizo en el dispositivo del día 20-S, ante el Departament de Oriol Junqueras", indica el escrito en el que la Jefatura agrega que "en todas las actuaciones de los últimos días se han cumplido estrictamente las órdenes judiciales y de Fiscalía".
La jueza ha tomado la decisión de citar a los cuatro a la vista de los atestados policiales recibidos sobre lo sucedido tras la operación dirigida por el juez de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Según apuntaban estos informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, la policía autonómica no actuó con debida celeridad ante situaciones de acoso a la comitiva judicial que debía encargarse de los registros a la Conselleria de Economía. La Guardia Civil destaca que reclamó apoyo especializado en media docena de ocasiones.
Uno de los atestados indica expresamente que la intendente, encargada de dirigir el operativo de los Mossos aquellas dos jornadas, respondió en varias ocasiones con evasivas a las peticiones formuladas por el instituto armado. "No existía afectación para la seguridad ciudadana", dijo en uno de los casos, y se negó expresamente a alejar unos metros las concentraciones que acosaban a los agentes de la Guardia Civil e impedían el trabajo de la delegación judicial. "No puedo, mi intención es mantener la situación", respondió varias veces ante las llamadas de ayuda en las que incluso se le llegó a advertir de que en los coches policiales había "armas largas" que no estaban debidamente custodiadas. Como resultado, un sitio de 18 horas en un ambiente absolutamente hostil.
"Interlocutores" en las protestas
Según la tesis del Ministerio Público, todo respondió a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas", que con sus actos impulsaron movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación". El atestado también resulta muy claro en lo que afecta a Sánchez y Cuixart, y asegura que durante las protestas "se erigieron como interlocutores" y evidenciaron que controlaban a los manifestantes a su antojo.
Los cuatro imputados por sedición no estarán solos. A las declaraciones, previstas para las nueve de la mañana, acudirán un grupo de diputados y senadores del PDeCAT y de ERC que arroparán al mayor de los Mossos d'Esquadra y a los otros citados. Según ha informado el PDeCAT, los diputados Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Miriam Nogueras, Lourdes Ciuró y los senadores Josep Lluís Cleries y Beth Abad se acercarán a las puertas de la sede judicial.
Por parte de ERC, según la formación, acudirán los diputados Ester Capella, Teresa Jordà, Jordi Salvador, Xavier Eritja y Ana Surra, así como los senadores Bernat Picornell, Elisenda Pérez y Quim Ayats. A los representantes del PDeCAT y de ERC se sumará una delegación del secretariado nacional de la ANC en apoyo a su presidente.
La Fiscalía baraja reclamar este viernes el ingreso en prisión provisional del presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el responsable de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, citados para declarar en la Audiencia Nacional acusados de un delito de sedición por su papel durante los disturbios de los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona, que coincidieron con la operación Anubis. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el Ministerio Público está ponderando la existencia de un evidente riesgo de que los líderes de las dos asociaciones reiteren su actuación delictiva a la vista del rol esencial que desempeñaron tanto durante la jornada del 1 de octubre como en la huelga del 3 de octubre, y que pueden seguir desarrollando en los próximos días.