Del calabozo al TS y de vuelta al calabozo: así será la declaración del Govern cesado

Oriol Junqueras, siete 'exconsellers' y los presidentes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural han sido trasladados este viernes desde las cárceles de Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real, donde se encuentran en prisión preventiva, a los calabozos de la Audiencia Nacional para asistir a su declaración ante el juez del Supremo encargado de la causa sobre el 'procés', Pablo Llarena. El alto tribunal ha tenido que pedir que se le permita utilizar sus instalaciones, ya que carece de celdas en el edificio situado en la plaza de las Salesas para albergar a las 10 personas citadas durante la jornada.

La comparecencia está fijada para las nueve y media de la mañana. La cercanía de los dos tribunales facilitará el traslado, en parejas de dos, de los acusados por rebelión o sedición a las dependencias judiciales vecinas. Se les transportará en vehículos y entrarán por una de las puertas laterales del edificio, el antiguo Monasterio de la Visitación, conocida como 'de carruajes'.

Ocurra lo que ocurra tras la declaración, y a pesar de que todo apunta a que el magistrado decretará su puesta en libertad previo pago de fianzas, en ningún caso saldrán a la calle de forma automática y tendrán que regresar a sus prisiones de origen para cumplimentar el papeleo administrativo obligatorio y recoger sus pertenencias. Fuentes fiscales apuntan a El Confidencial que no apoyarán la puesta en libertad "salvo que acepten las vías constitucionales".

En la providencia en la que Llarena acordaba las citaciones, quedaba claro el motivo de la cita judicial. Todos ellos han solicitado la revisión de su situación personal y que se les deje en libertad y, por tanto, se escucharán sus argumentos exclusivamente a este respecto. Esto acelerará el interrogatorio, ya que el juez no tiene por qué ahondar en preguntas vinculadas a la causa y se centrará en los cambios que ellos mismos han evidenciado respecto a su primera declaración, en la que se negaron a contestar a la magistrada entonces competente, Carmen Lamela, y se limitaron a poner de manifiesto que se oponían a la violencia, el ingrediente básico del temido delito de sedición.

Por tanto, toda la declaración girará sobre los tres pies que sustentan la prisión provisional: el riesgo de reiteración delictiva, de fuga o sustracción a la acción de la Justicia y de destrucción de pruebas. Las cosas han cambiado mucho desde que el pasado 2 de octubre Lamela decidiera el ingreso en la cárcel de Junqueras y 'siete exconsellers', y mes y medio desde el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Casi un mes desde la aplicación del artículo 155 que provocó la destitución fulminante del Govern y la convocatoria de elecciones.

La normalidad con que acataron la decisión del Gobierno central de activar este mecanismo y su participación en la campaña electoral que arranca en la madrugada del martes 5 de diciembre servirán a los acusados para intentar demostrar al instructor que el peligro de que insistan en la estrategia para alcanzar de forma unilateral la independencia es ahora mínimo.

Junqueras y los tres 'exconsellers' de ERC, los que más se han resistido a entrar al trapo de la ya conocida como 'vía Forcadell', han reflejado por escrito que aceptan la aplicación del artículo 155 y se han comprometido a defender "por vías estrictamente pacíficas y democráticas" su convicción de que Cataluña debe ser independiente. Trabajarán con el objetivo de alcanzar "un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro de Cataluña", han dicho. También han resaltado su participación en la inminente campaña electoral.

Ahora les llega el turno de asumir ese compromiso de forma verbal y una forma explícita. Como ya sucedió con Forcadell, es previsible que el auto del juez —que no está obligado a redactar de urgencia este mismo viernes— refleje la advertencia expresa de que si incumplen de nuevo la ley pueden regresar a prisión. A la vista acudirá también la Fiscalía, que se ha mostrado especialmente dura en todas sus peticiones de medidas bajo la dirección del fallecido José Manuel Maza. También los representantes legales del resto de acusados en la causa, los miembros del Parlament que quedaron libres con fianzas hace solo unas semanas.