indagará la actuación de los mossos

Lamela se queda con la causa de Trapero y envía el resto al Supremo

La magistrada investigará a todos los implicados en la convocatoria y ejecución del referéndum ilegal que no estén aforados mientras el juez Llarena rastreará a 22 dirigentes políticos

Foto: Josep Lluis Trapero. (EFE)
Josep Lluis Trapero. (EFE)

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investigará únicamente la participación del 'major' de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la de la intendente Teresa Laplana en la convocatoria y ejecución del referéndum ilegal convocado por la Generalitat el pasado 1 de octubre. También indagará, en el caso de que sea necesario para avanzar en el procedimiento, la vinculación del resto de mosos y de cualquier miembro de la administración catalana que esté por debajo de los exconsellers. El resto de componentes del Govern implicados en la celebración de la consulta irregular serán investigados por el Tribunal Supremo.

En concreto, el magistrado de este último tribunal Pablo Llarena asumirá el procedimiento abierto por rebeldía y sedición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el resto de exconsejeros y los presidentes de las asociaciones ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que coordinaba Lamela. Esta investigación se unirá a la que ya tenía abierta el juez contra la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros exmiembros de la mesa de la cámara implicados en la aprobación, convocatoria y desarrollo del referéndum que ha provocado una crisis institucional entre Cataluña y el Gobierno central y que ha derivado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

Llarena entiende que existe una "conexión material inescindible" entre la naturaleza de los hechos indagados en la causa que dirigía Lamela y la de los que rastreaba el propio magistrado, que explica en el auto en el que asume la competencia de ambas instrucción que la doctrina del Supremo sobre hechos cometidos por personas no aforadas solamente es procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas. Recuerda que la unificación del procedimiento tiene una finalidad funcional, que pretende facilitar la tramitación y resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento.

Llarena, sin embargo, sitúa en un plano diferente a Trapero y el resto de policía autonómica. En concreto, distingue entre “la actuación de los miembros del Govern y la de los presidentes de ANC y Omnium, hasta el punto de que sólo la intervención coordinada de todos ellos puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión”, y la actuación de los Mossos -que describe Lamela en su informe- y el resto de personas que colaboraron en la elaboración de las leyes cuestionadas.

Para el magistrado, participaciones como la de Trapero, Laplana y aquellas otras semejantes que surjan a lo largo de la investigación "son participaciones añadidas, que con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos, no justifican modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados". Entre estas intervenciones, explica Llarena, “está la de quienes se encontraban subordinados, en este caso concreto, al consejero de Interior". "Sin perjuicio de que pueda resultar necesario revisar la decisión en un futuro, su participación, por relevante que sea, no compromete la calificación y el enjuiciamiento que pueda surgir de esta causa especial, no pudiéndose modificar la competencia ordinaria por no concurrir el elemento de la inescindibilidad respecto de ellos", añade.

El juez Llarena, por lo tanto, se queda así con la investigación de 22 personas: el expresident Puigdemont, los cuatro exconsellers refugiados en Bélgica y reclamados por España (Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), los ocho exconsellers que se encuentran en prisión preventiva (Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borras, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconseller en libertad bajo fianza Santi Vila, y los expresidentes de ANC y Omnium Cultural, además de la expresidenta del Parlament y los cinco exmiembros de la Mesa a los que ya investigaba.

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