El Gobierno quiere un proceso rápido en el Supremo que facilite nuevos interlocutores

El Gobierno quiere que el Tribunal Supremo acumule todos los procedimientos vinculados al proceso independentista de Cataluña; prefiere un procedimiento judicial rápido que facilite nuevos interlocutores políticos; y estaría más cómodo si la campaña electoral del 21-D se iniciara sin presos preventivos por estos sumarios. Pero, sobre todo, está satisfecho por la posición de los miembros de la Mesa del Parlament ante el juez Pablo Llarena, especialmente, la de Carmen Forcadell.

Que el Supremo acumule todo el caso tiene la ventaja para el Gobierno de que diluye algunas polémicas como la de la competencia de la Audiencia Nacional sobre delitos incluidos en la querella de la Fiscalía General del Estado, según fuentes de Ejecutivo.

Tiene una segunda ventaja importante que se refiere a los tiempos. Es obvio que es imposible una sentencia antes de las elecciones del 21 de diciembre y antes de la constitución del nuevo Parlament y del nuevo Govern, pero la instrucción en el Supremo reduce los tiempos para que la sentencia sea firme, porque sólo hay una instancia. De esa forma, los partidos afectados pueden valorar la posibilidad de sustituir antes a estos dirigentes ante la perspectiva de una condena con prisión e inhabilitación más próxima, lo que facilita que haya nuevos interlocutores políticos en Cataluña para afrontar una nueva etapa.

Los aforados, es decir, los que por su cargo son enjuiciados por una determinada instancia judicial, tienen ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas más evidentes está la de tener un tribunal más garantista y técnico, pero entre los inconvenientes destaca el hecho de que no tienen opciones de recurso y es mucho más rápido el proceso y la sentencia que les obligaría a dejar antes el cargo si hay condena. Solo hay una instancia y la sentencia es firme mucho antes que si su caso lo llevara otro organismo judicial inferior, especialmente la Audiencia Nacional, y luego fuera posible un recurso al Supremo. No sería firme hasta entonces la sentencia, años después de iniciarse el procedimiento.

Con eso cuenta el Gobierno en la estrategia penal que desearía para los imputados por el proceso independentista.

Fuentes del Gobierno aseguran que su deseo es que el magistrado del Supremo decrete la libertad con medidas cautelares de los miembros del Govern

Los imputados y encarcelados pueden presentarse a las elecciones del 21 de diciembre y tomar posesión de sus escaños u otros cargos posteriores, pero sólo pueden ser apartados luego si la sentencia es firme. Es lo que le ocurrió a Frances Homs, que abandonó su escaño del Congreso donde era portavoz del PDeCAT, después de ser condenado por el Tribunal Supremo por la consulta ilegal del 9-N. Esa sentencia ya es firme por no tener más recurso que el de amparo al Tribunal Constitucional.

Por esos mismos hechos fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Artur Mas, expresidente de la Generalitat, y otros 'exconsellers' como Irene Rigau. Todos ellos están pendientes aún del recurso ante el Supremo, es decir, su condena no es firme y, por eso, Rigau ha podido continuar como diputada de Junts pel Sí en el Parlament hasta la disolución reciente por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Si la condena hubiera sido del Supremo hubiera tenido que dejar mucho antes el escaño.

Incluso, la demora sería mayor en la Audiencia Nacional porque el volumen de trabajo y de señalamiento de vistas son notablemente mayores que en el Tribunal Superior. En este caso, esas circunstancias de los aforados arrastrarían a todos los demás afectados en el proceso.

Fuentes del Gobierno aseguran que su deseo es también que el magistrado del Supremo asuma el caso y decrete la libertad con medidas cautelares de los miembros del Govern y los responsables de Òmnium Cultural y la ANC que ya están en prisión por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Se evitaría, según explican, el victimismo del independentismo y, sobre todo, que la campaña se centrara en la libertad de los responsables del proceso soberanista. Esta opinión es compartida por la dirección del PSOE.

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, hizo visible el viernes su satisfacción en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la forma en la que se desarrolló la declaración de Carmen Forcadell, sobre todo, por haberse comprometido expresamente a no volver a vulnerar el orden constitucional.

“Renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”, asegura el auto del juez del Supremo sobre los imputados que prestaron declaración ante él. Para el Gobierno eso supone un factor importante de contraste entre el resultado de su declaración, la libertad bajo fianza, y la de los que declararon ante la jueza Lamela y que se negaron a responder en su comparecencia judicial.

Les abre una puerta y los que se acojan a esa opción podrían salir de la cárcel y, al tiempo, ser sustituidos en la actividad política por nuevos interlocutores para la acción posterior dentro de la legalidad.

"La vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad", proclamó el viernes el portavoz del Gobierno, visiblemente satisfecho.

Sobre la situación de Carles Puigdemont en Bruselas, el Gobierno considera que su imagen de fuga y la falta de respaldo internacional en nada benefician al expresidente de la Generalitat. De hecho, las fuentes citadas se felicitan del apoyo de la Unión Europea al Gobierno, reforzada por los ataques del propio Puigdemont a los responsables comunitarios.