Puigdemont se garantiza otros 15 días sin ningún control del Parlament

Gritos, malas caras, bronca y enfado. Así se puede resumir la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento catalán de este lunes, día en que la mayoría independentista decidió mantener cerrada la cámara legislativa catalana al menos un par de semanas más. La realidad es que hace mes y medio que no se celebra un pleno parlamentario. Pero no es porque lo haya suspendido la Guardia Civil. Ni porque se haya aplicado el 155. Ni porque lo haya derogado el Tribunal Constitucional. Quienes han decidido que no funciona son los grupos parlamentarios de Junts pel Sí (JxS) y la CUP.

Precisamente en el periodo más crítico del autogobierno catalán, y cuando el presidente de la Generalitat ha de tomar decisiones más trascendentales y de mayor calado, el Parlament brilla por su ausencia. El Gobierno catalán no tiene quien lo controle ni quien lo fiscalice porque los independentistas han decretado que desde el pasado 7 de septiembre, fecha de la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y de Fundación de la República, no hay reunión del plenario de la cámara legislativa.

La sesión de este lunes fue apocalíptica. “Esta semana, no habrá pleno del Parlament”, dijo el portavoz adjunto de JxS, Roger Torrent, nada más comenzar la sesión. Esta declaración de principios calentó los ánimos y empezaron los gritos de la oposición. “¡¡Qué vergüenza!!”, fue lo más bonito que llegaron a oír los independentistas. Y cuando la oposición inquirió sobre otro pleno la semana que viene, más de lo mismo. “Ya veremos”, argumentaron. Pusieron como excusa la situación política (precisamente en el Parlament es donde se podría discutir con más idoneidad esa situación), el no saber si se va a aplicar el 155 y las comparecencias de ayer ante la Audiencia Nacional del ‘major’ de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

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Los dirigentes de la oposición dejaron claro que quienes pisoteaban los derechos fundamentales eran ellos, que no solo no permitían que la cámara legislativa funcionase sino que vulneraban la separación de poderes. “¿Pero esta casa no es autónoma? ¿No hay división de poderes? ¿Qué tiene que ver lo que haga el Gobierno catalán o la Justicia para que podamos cumplir con nuestras obligaciones?”, razonaba la oposición ante la indiferencia de los independentistas.

Advertencia del secretario general

Lo cierto es que poco después de las tres de la tarde, en los despachos de la CUP se celebró una ‘cumbre’ independentista donde se acabó de perfilar la estrategia. Por la mañana, habían avisado de que se retrasaba la sesión hasta la tarde para ver cómo evolucionaba la situación política tras la carta de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy. La intención era hacer un pleno parlamentario el jueves que viene. Pero, a las tres de la tarde, las cosas cambiaron y los independentistas decidieron mantener la cámara legislativa en el limbo.

La situación llego a ser tan tensa que el secretario general del Parlament tomó la palabra y salió en defensa de la oposición: “Algunos grupos pueden sentirse atropellados en sus derechos y, como es lógico, tienen la posibilidad de pedir amparo ante el Tribunal Constitucional”, dijo en la reunión. En resumen, una bochornosa sesión en la que, una vez más, el rodillo independentista machacó a la oposición, mientras la presidenta, Carme Forcadell, salía de la misma con semblante serio y cabizbaja. “Se comportan incluso peor que el Gobierno de Nicolás Maduro”, escenifica Alejandro Fernández, portavoz parlamentario del PP. “En la actual situación, el Parlamento no puede dedicarse a cumplir sus dos funciones fundamentales: no puede legislar ni puede controlar al Gobierno. Ya serán prácticamente dos meses de inactividad. Jamás ha habido un paréntesis como este en su actividad”, añade Fernández a El Confidencial. Por su parte, Eva Granados, portavoz del PSC, señala a este diario: “El Gobierno catalán toma decisiones y nadie lo controla. Las últimas semanas, se han marchado de Cataluña más de 500 empresas y nadie comparece ante la cámara legislativa porque los independentistas la tienen secuestrada”.

Gobierno de concentración

Paralelamente, el núcleo oficialista de la CUP, agrupado en torno al pequeño partido Poble Lliure, aprobaba este domingo un documento en el que reclama “un Gobierno de concentración con presencia de todas las fuerzas políticas comprometidas en la construcción de la república catalana y el despliegue de un proceso constituyente que gestione la ruptura democrática y la transición al nuevo marco jurídico-político”. Para los ‘cuperos’, se han de cumplir los compromisos de legislatura (o sea, la proclamación de la independencia) “y no convocar nuevas elecciones hasta que el proceso haya culminado, es decir, hasta que la república catalana sea un hecho. Convocar elecciones en un marco autonómico es traicionar al pueblo que ha defendido hasta el final su libertad”.

Los oficialistas de la CUP apuntan ahora a que es preciso desarrollar herramientas de representatividad soberanas e independientes del marco jurídico-político español, y que correspondería “al conjunto de parlamentarios y alcaldes de Cataluña asumir, como representantes legítimos de nuestro pueblo, la declaración de independencia y la proclamación de la república”. Además, llaman a “seguir apostando por la movilización popular masiva” y a sumar esfuerzos. “Las calles serán siempre nuestras y las escuelas no se tocan. Movilicémonos de nuevo por el repliegue de las fuerzas de ocupación y en defensa de la escuela catalana, la democracia y la libertad”. Retomando el tono épico de algunos de sus escritos, el documento termina señalando que “el futuro de la democracia en Europa se juega en Cataluña”.