OPERACIÓN HADES: PARTICIPAN 200 POLICÍAS Y SE REALIZAN 15 REGISTROS

La operación contra el clan Pujol alcanza al vicepresidente del Barça y al dueño de Isolux

La policía ha puesto en marcha a primera hora de este martes un operativo contra el clan del fundador de CDC tras detectar transferencias de dinero irregulares que incriminan a toda la familia

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó a primera hora de este martes la mayor operación contra el clan Pujol desde que la Justicia investiga a sus integrantes por un extenso repertorio de delitos de corrupción. Según adelantaron a El Confidencial fuentes próximas al caso, los agentes de la UDEF registraron 15 viviendas y empresas del entramado societario de la familia tras acceder a nuevas pruebas que demostrarían que los siete hijos del expresidente de la Generalitat movieron fondos de procedencia ilícita siguiendo el patrón de un grupo criminal organizado. [La operación contra el clan Pujol, en imágenes].

Los registros tuvieron lugar en los domicilios particulares del cabeza de familia, Jordi Pujol Soley, de su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y de sus vástagos Josep y Pere, así como en la casa de la exmujer del hijo mayor, Mercé Gironés. La entrada en la vivienda del expresidente de la Generalitat no estaba prevista, pero los agentes tuvieron que incluirla en la operación porque Jordi Pujol Jr., que se está recuperando de una lesión, durmió la pasada noche con sus progenitores.

Portal de la casa familiar de los Pujol. (J. Garriga)
Portal de la casa familiar de los Pujol. (J. Garriga)

Además, los agentes acudieron a las empresas que habrían utilizado para camuflar el ingreso masivo de fondos opacos. Fuentes cercanas a la operación precisaron que se está inspeccionando una oficina situada en el número 5 de la calle Ganduxer de Barcelona, el lugar desde el que Jordi Pujol Jr. controlaba Iniciatives, Marketing e Inversions, Project Marketing Cat y Active Translation, tres de las mercantiles que canalizaron más mordidas.

Vilarrubí, Delso y Sumarroca

Pero la operación también afecta a grandes hombres de negocios que habrían pagado comisiones millonarias a la familia Pujol a cambio de concesiones públicas y favores urbanísticos de la Administración catalana. En concreto, según pudo saber El Confidencial, los agentes acudieron a la vivienda del vicepresidente del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, en el barrio de Pedralbes de la Ciudad Condal; a la empresa del exvicepresidente del mismo club Jaume Ferrer Graupera, y al domicilio del empresario Carles Sumarroca Claverol, propietario del conglomerado Comsa-Emte. Asimismo, en Madrid, la UDEF se personó en la casa del presidente de la constructora Isolux Corsán, Luis Delso, situada en el barrio de Chamberí de Madrid, y también en la sede principal de la compañía, en la Avenida de Andalucía de la capital. [Lea aquí el perfil de Carles Vilarrubí, vicepresidente del Barça y esposo de la señora de Coca-Cola en España.

Nueva operación policial contra la familia Pujol

En el caso de Delso, el registro está motivado por los numerosos indicios que apuntan a que el empresario habría abonado comisiones a los Pujol por valor de más de 1,2 millones de euros mediante operaciones dudosas en México y Gabón. En cuanto a Vilarrubí, la UDEF ha detectado trasvases de capitales entre el directivo del Barça y Jordi Pujol Jr. que pudieron servir para el lavado conjunto de fondos. Por último, a Carles Sumarroca se le acusa de haber abonado mordidas al clan mediante facturas de falsos asesoramientos. Esta fórmula habría sido empleada entre 2004 y 2011. Sumarroca no fue capaz de presentar en la Audiencia Nacional ningún documento que acreditara la existencia de esos trabajos. [Lea aquí el perfil de Luis Delso, de 'Luis el cabrón' a las millonarias comisiones a Pujol Jr. en México y Gabón].

La operación está siendo dirigida por el magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y se enmarca en el procedimiento abierto desde 2012 en ese mismo tribunal contra Jordi Pujol Jr. y su exmujer por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Solo en esa causa se ha acreditado que la pareja llegó a realizar entre 2004 y 2012 movimientos de divisas por valor de 32,4 millones de euros y emitió facturas falsas por un importe mínimo de otros 26 millones de euros.

Fachada de la sede de BPA en Andorra. (EFE)
Fachada de la sede de BPA en Andorra. (EFE)

La comisión rogatoria, decisiva

Los agentes buscan nuevos datos sobre la actividad del clan Pujol y de los empresarios colaboradores tras analizar la comisión rogatoria remitida por Andorra el pasado mes de junio con información de las cuentas que el clan escondía en el Principado desde 1991. Como adelantó El Confidencial el pasado agosto, las autoridades andorranas entregaron a la Audiencia Nacional seis tomos que sumaban un metro de altura con el detalle de centenares de movimientos de dinero en Andbank y Banca Privada de Andorra (BPA).

Por un lado, los investigadores han concluido que Jordi Pujol Jr. ha sacado más de cinco millones de euros del Principado desde que empezó a ser investigado por la Justicia española, una operativa que podría costarle una nueva imputación por un delito de alzamiento de bienes. Pero la comisión rogatoria también contiene datos que extienden las responsabilidades penales al resto de la familia y que explicarían los esfuerzos que han hecho sus abogados, en todo tipo de frentes, para evitar que esa valiosa información llegara a Madrid.

Fuentes próximas a las diligencias revelan a este diario que, según consta en la comisión rogatoria, Jordi Pujol Jr. habría ingresado durante más de dos décadas cantidades millonarias de origen desconocido en cuentas a su nombre en Andorra. Una parte de los fondos quedaba bajo su control, pero Jordi Pujol Jr. también repartía el dinero que conseguía con sus otros seis hermanos, realizando transferencias a su favor en cuentas alojadas igualmente en el Principado. Asimismo, otra parte de los fondos era enviada a depósitos en Sudamérica y Europa de sociedades controladas presuntamente por toda la familia. Se han detectado transferencias a cuentas de Panamá, México, Suiza, Reino Unido, Argentina y Liechtenstein, entre otros países. Como reveló este diario, la comisión rogatoria apunta a que Jordi Pujol Jr. habría utilizado como tapadera la fundación panameña Kopeland, una entidad desconocida hasta ahora que solo estuvo operativa entre 2011 y 2014.

Imagen de archivo todos los miembros del clan Pujol.
Imagen de archivo todos los miembros del clan Pujol.

Una organización criminal estructurada

A juicio de los investigadores, esos movimientos de dinero prueban definitivamente que el clan más poderoso de Cataluña ha actuado durante años como una auténtica organización criminal en la que cada uno de sus miembros desempeñaba funciones específicas para, de una forma milimétricamente coordinada, tratar de maximizar el resultado de su frenética actividad delictiva. Aunque Jordi Pujol Jr. ejerció aparentemente el liderazgo de la trama, la UDEF dispone de un documento que el 'expresident' de la Generalitat envió a Andbank en 2001 en el que aseguraba que todo el dinero que figuraba en la entidad a nombre de su hijo mayor era en realidad suyo. La operación de este martes es un punto y seguido.

El operativo se está produciendo simultáneamente en Cataluña y Madrid, con la participación de más de 200 policías trasladados desde diferentes puntos de España, de los que al menos 80 agentes pertenecen a la UDEF. Fuentes cercanas al caso precisan que los registros también están afectando a empresas que habrían pagado comisiones a la familia a cambio de concesiones públicas y favores urbanísticos de la Administración catalana.

Citaciones para declarar

Los agentes tienen previsto citar a declarar en los próximos días a Jordi, Josep y Pere Pujol Ferrusola y a Mercé Gironés, además de a otros empresarios involucrados en el caso, para interrogarles sobre los nuevos elementos incriminatorios a los que se enfrentan.

Los registros y citaciones satisfacen parcialmente las demandas de los investigadores, que llevaban reclamando desde 2012 que se adoptaran medidas cautelares contundentes contra el clan Pujol para evitar la evasión de su patrimonio y la destrucción de pruebas relevantes para la causa. Los expertos en delitos económicos de la policía sospechan que la familia ha tenido tiempo más que suficiente para deshacerse de documentación comprometedora, pero confían en que el operativo sirva al menos para apuntalar los numerosos elementos en su contra que ya han acumulado. 

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