La Policía exige medidas cautelares contra Pujol Jr. para impedir que oculte su fortuna

La Policía Nacional quiere que se limite la libertad de movimientos de Jordi Pujol Ferrusola cuanto antes para impedir que pueda seguir eludiendo la acción de la Justicia. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, los investigadores estudian solicitar al juez que instruye el procedimiento contra el hijo mayor del expresident de la Generalitat, el magistrado José de la Mata, que acuerde su prisión provisional o al menos la retirada de su pasaporte tras detectar que habría aprovechado el tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas para mover su fortuna desde Andorra a otros paraísos fiscales.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encargados de las pesquisas habrían descubierto que Pujol Jr., imputado en la causa por fraude fiscal y blanqueo de capitales, ha realizado transferencias millonarias en los últimos meses para destruir pruebas y dificultar que la Audiencia Nacional rastree el patrimonio que habría acumulado tras más de una década cobrando presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones y favores en Cataluña.

La principal novedad que manejan los especialistas de la UDEF es la comisión rogatoria remitida por Andorra el pasado mes de junio con exhaustiva información sobre las cuentas que Pujol Jr. manejaba en dos entidades del Principado, Andbank y Banca Privada de Andorra (BPA), y que supuestamente usó para sacar del territorio nacional el dinero de las comisiones sin levantar las sospechas de las autoridades tributarias.

Fuga de los depósitos

El informe con las conclusiones de la comisión rogatoria aún no ha sido remitido al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional pero, como adelantó este diario el pasado 3 de agosto, fuentes bancarias implicadas en el caso aseguran que los datos remitidos por el Principado demostrarían que, desde el inicio de la investigación a finales de 2012, Pujol Jr. habría realizado numerosas transferencias para sacar de Andorra más de 5 millones de euros. El destino de los fondos habrían sido cuentas abiertas en Reino Unido, Argentina, México y, sobre todo, Panamá.

Esas informaciones probarían, a juicio de los investigadores, que el hijo mayor del exmolt honorable se ha beneficiado de la ausencia de medidas cautelares y de la lentitud con la que avanza el procedimiento para realizar movimientos financieros y societarios destinados a dificultar aún más el acceso a su patrimonio. De hecho, será necesario solicitar nuevas comisiones rogatorias para tratar de localizar los depósitos en los que actualmente se encuentra su fortuna, y ni siquiera en ese caso está garantizado el hallazgo del dinero. Nada impediría en estos momentos que Pujol Jr. enviara sus fondos a nuevos paraísos antes de que llegaran las contestaciones a España.

Prisión provisional o pasaporte

Ese el principal motivo por el que la Policía quiere pedir el ingreso automático de Pujol Jr. en prisión provisional o, como mínimo la retirada de su pasaporte y que se le obligue a firmar periódicamente en dependencias policiales. Los investigadores esperan que el informe con los hallazgos de la comisión andorrana sirva para convencer al juez de la necesidad de imponerle alguna de esas medidas.

El tiempo ha jugado hasta ahora a favor del primogénito de Jordi Pujol. El caso arrancó formalmente en enero de 2013 después de que su examante María Victoria Álvarez le acusara de cobrar comisiones ilegales y ocultar los fondos en Andorra. Sin embargo, la imputación de Pujol Jr y de su expareja y socia Mercé Gironés no se produjo hasta febrero de 2014 y el instructor no les tomó declaración hasta septiembre de ese año.

Los investigadores solicitaron entonces que se dictaran medidas cautelares contra ambos tras presentar un informe que señalaba que habrían utilizado tres sociedades instrumentales para canalizar el cobro de 12,2 millones de euros en comisiones. Pero Pujol Jr. y Gironés abandonaron la Audiencia Nacional tras su declarar sin ningún tipo de restricción. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado reclamaron medidas cautelares para los socios. La Policía espera que las nuevas pruebas modifiquen ahora el criterio de los representantes públicos y eviten que se pierda la pista del dinero de las mordidas.