El mensaje de los pisos turísticos a la Generalitat: tenemos apoyos, tenemos dinero y habrá guerra

La decisión de la Generalitat de limitar los pisos turísticos en Cataluña ha puesto en pie de guerra a buena parte del sector turístico y abre una ventana de oportunidad a los hoteleros en Barcelona. Ahí está el omnipresente Jordi Clos, propietario del Hotel Derby, eterno presidente del Gremi d’Hotels y lobista a tiempo completo, a la espera de que le sustituyan. Clos espera que Jaume Collboni abra el grifo enterrando la moratoria hotelera de Ada Colau. Gracias a la medida por la que las licencias de pisos turísticos pierdan su vigencia en cinco años, los precios de los hoteles subirán y los nuevos complejos que se construyan se llenarán sin problema. Jaque mate vía decreto ley que beneficiará más a los hoteleros que a la ciudadanía, según reconocen fuentes del sector turístico.

El sector hotelero en España ya había intentado frenar el crecimiento de los pisos turísticos. Pero lo de Cataluña es otro nivel. De un plumazo se elimina la competencia, con la administración como aliada.

Federatur, que agrupa a los pisos y apartamentos turísticos, irá a la guerra. Fuentes de la entidad aseguran que llevarán el decreto ley al Tribunal Constitucional en caso de que el Parlament lo valide. Pero antes está la escaramuza de convencer a los grupos parlamentarios para que no otorguen su visto bueno al decreto. ERC cuenta con el apoyo de los Comunes.

Por tanto, uno u otro bando necesitan al PSC, y aquí el socialismo catalán tiene el corazón partido: Collboni y Barcelona están a favor, mientras que el grueso del municipalismo socialista entiende que la consellera de Territori, Ester Capella, ha montado una fiesta que van a tener que pagar los alcaldes dentro de cinco años. Pere Granados, alcalde de Salou, lidera esta línea contraria al decreto. Y no es de extrañar: Salou cuenta con más de 6.600 pisos turísticos, de los que dentro de cinco años, con las ratios impuestas por la Generalitat, deberá retirar la licencia a 4.000. Todo un problema legal y económico.

El foco en los pisos turísticos eclipsa el impacto de los alquileres de temporada

La Generalitat ya llevaba más de un año preparando la medida, según explican fuentes del sector turístico. Cuando Federatur tuvo conocimiento pidió explicaciones a Marta Domènech, directora general de turismo, que se puso de perfil. El cambio legal lo llevaba urbanismo al considerarse que era un tema para potenciar la vivienda de alquiler. Tampoco el conseller Roger Torrent quiso saber nada, ni apoyar al sector que en teoría tutela. Así que Capella tuvo el campo libre para presentar su decreto y decir que gracias a ella por fin iban a bajar los precios de la vivienda.

Para que no haya dudas de que Federatur irá a la guerra contra la Generalitat, la asociación ha publicado un manifiesto en prensa recordando que Cataluña cuenta con un total de 102.798 viviendas de uso turístico, lo que representa 574.591 plazas, un 39,4% del total de plazas de alojamiento turístico del territorio y que aportan el 2,9% del PIB turístico catalán, el cual supone el 12% del PIB total de Cataluña. El mensaje a la Generalitat es triple: tenemos apoyos, tenemos dinero, habrá guerra.

Apoyos y olvidos

Los hoteleros no han respaldado el manifiesto. Pero sí el sector de restauración o las agencias de viajes, lo que ha dado la imagen de que los pisos turísticos no están solos. El sector también alega una realidad impepinable: una medida que entrará en vigor dentro de cinco años devalúa sus licencias o retrotrae la inversión. Pero a medio plazo no hará bajar los precios de alquiler ni en Barcelona ni en ninguna ciudad catalana porque, en teoría, estos pisos no se incorporarán al mercado hasta dentro de cinco años.

A juicio de los empresarios de pisos turísticos, la nueva normativa solo favorecerá los alquileres de temporada, contratos de entre un mes y 12 meses que aprovechan expatriados o turistas de larga duración y los cuales no se encuentran sujetos a ningún tipo de limitación. Solo en Barcelona hay 11.000 pisos bajo ese régimen. Ese ha sido el mecanismo favorito para los propietarios que quieren huir del régimen de la Ley de Alquileres Urbanos.

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EFE

PSC, JxCAT, Vox y Cs ya han preguntado por el decreto ley ante el Consell de Garanties Estatutàries, organismo consultivo del Parlament. El dictamen del Consell avala el decreto ley, asegurando que la Generalitat ha aportado documentación para justificar la urgencia que ampararía el decreto ley como mecanismo legislativo. La realidad es que ERC solo cuenta con 33 diputados. Para que la norma prospere esa es la única vía. Pero todos los decretos se necesita la validación de una mayoría de la cámara. Y ahí los propietarios de pisos turísticos han cavado su primera trinchera.

Artefacto legal

El artefacto legal armado desde la Generalitat y presentado por Ester Capella supone que todos los ayuntamientos de Cataluña han de presentar un nuevo planeamiento antes de cinco años. En caso de no hacerlo, las licencias de piso turístico que haya en su municipio decaen, con lo que son los Ayuntamientos los que heredarán la litigiosidad derivada o tendrán que asumir una indemnización a los afectados. Por eso, el pánico de Salou o de municipios como Lloret de Mar, con 3.254 pisos turísticos, o Pals (Girona), con más de mil, por poner sobre la mesa los casos más sangrantes.

Desde luego no es el caso de Barcelona. La capital catalana cuenta con capacidad para cambiar el planeamiento y lo hará. Otra cosa es cuál será el destino final de las licencias, que será decidido por el equipo municipal. Para empezar, los actuales titulares tendrán que competir contra otros ofertantes.

Al final, el modelo político Colau ha sobrevivido a la propia Ada como alcaldesa. Se anuncia una medida con un punto de demagogia, aunque sus efectos no se perciban en un primer momento, lo importante es dilatar sus costes en el tiempo o trasladarlos a un tercero. Como el 30% de vivienda VPO obligatorio parar todas las promociones de pisos del sector privado y que se saldó con un rotundo fracaso. La medida sobre los pisos turísticos mantiene un esquema similar: colauismo sin Colau que ahora ha cambiado de lado de la plaza de Sant Jaume.