La Generalitat pone coto a los pisos turísticos para potenciar la oferta de alquiler

Cerrojazo de la Generalitat para poner coto a los pisos turísticos. La consellera de Territori, Ester Capella ha presentado hoy un nuevo decreto ley para regular las viviendas de uso turístico y que requerirá la obtención de una licencia urbanística previa y una autorización turística para un total de 262 municipios, entre ellos Barcelona y las diez ciudades más pobladas de Cataluña. Esto afectará a más de 100.000 viviendas que en este momento están operando como residencias turísticas, de ellas más 9.000 solo en la capital catalana.

El propietario tendrá que pedir una prórroga en caso de que la inversión que hizo no esté amortizada, y la duración de la licencia será de cinco años y, en función de las normas que establezca el Ayuntamiento en cada caso, tendrán que concurrir a una nueva licencia con un máximo de 10 licencias por cada 100 habitantes. Pero eso obligará a hacer cambios en la planificación urbanística y "cada municipio ha de hacer sus deberes para establecer qué porcentaje de vivienda de alquiler ha sido sustraído a su uso natural para ser dedicado a piso turístico", ha señalado la consellera Capella.

“Los titulares deberán contar una nueva licencia urbanística, que tendrá carácter temporal, que será de cinco años. Durante este período de cinco años los ayuntamientos afectados deberán modificar su planeamiento urbanístico y decidir qué hacen con esas licencias”, ha advertido Capella.

Las ciudades afectadas son las que presentan problemas de acceso a una vivienda permanente o que tienen ya más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes, o bien que cumplen ambos requisitos. Estos municipios no podrán otorgar nuevas licencias de apertura de pisos turísticos hasta que adapten su planeamiento urbanístico al nuevo Decreto-ley, según ha informado hoy la Generalitat.

La aparición del fenómeno de los pisos de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente, según considera la Generalitat, lamentando que “esto se debe a que los pisos de uso turístico no son de nueva construcción, sino alojamientos existentes que cambian de destino”.

La Generalitat critica que esta tendencia “dificulta aún más el acceso de las personas y familias a un hogar habitual en un momento de crecimiento de la demanda de alquiler y en un contexto de incremento de la población catalana”. La consellera ha denunciado que en diez años los precios de los alquileres han subido un 60% "y a nadie le ha subido el salario en esa proporción".

Algunos podrían pensar que la Generalitat está pasando la patata caliente de los pisos turísticos a los ayuntamientos. Para la Generalitat, lo que se hace es dotar a los consistorios de la capacidad normativa para poner freno a los pisos turísticos.

Es por ello que el Gobierno adopta medidas urgentes, mediante este Decreto ley, para evitar que se incrementen los cambios de usos en pisos turísticos, específicamente en aquellas zonas donde el acceso a la vivienda ya presenta problemas habitualmente y también excesiva concentración de pisos turísticos conlleva problemas de convivencia y gentrificación. Para regular su implantación, se ha optado por la modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo.

Nuevo decreto

Capella ha asegurado que “una regulación específica para evitar su negativa incidencia en el mercado de vivienda porque dificulta la contención de precios en los mercados de vivienda”.

El nuevo decreto marcará los ayuntamientos afectados y que tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda. “Esto sólo será posible si, al mismo tiempo, también pueden justificar que cuentan con suelo suficiente para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente. Y, en cualquier caso, podrán otorgarse como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes en estos 262 municipios”, advierte la Generalitat. Esto, en la práctica, quiere decir que el piso turístico queda tocado de muerte como actividad económica.