Telefónica frena una multa de la CNMC (6 M) alegando que, de pagarla, no podría desplegar fibra en zonas rurales

Telefónica ha logrado frenar el pago de una sanción que le impuso la CNMC tras advertir de que el perjuicio económico que le causaría tal desembolso de seis millones de euros le impediría llevar a cabo inversiones en fibra en zonas rurales de España, un despliegue destinado a reducir la brecha digital geográfica para esas poblaciones dispersas.

El supervisor multó a Telefónica por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia, dado el incumplimiento de algunos compromisos en la adquisición al Grupo Prisa de Distribuidora de Televisión Digital (DTS), la plataforma de televisión por pago de Canal+. Concretamente, se refería a los compromisos de no imponer condiciones de permanencia en sus ofertas de Movistar Fusión, según detallaba en marzo la CNMC. Dicha decisión, sin embargo, fue recurrida ante la Audiencia Nacional por la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete y los magistrados han aceptado que, por ahora, no pague la sanción, según un reciente auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Entre otras cuestiones de fondo, Telefónica solicitaba la suspensión cautelar del pago de esta sanción alegando la magnitud de los perjuicios que se irrogarían a la compañía con la ejecución de la multa. En este sentido, los abogados de la multinacional destacan que pagar estos seis millones "provocaría a Telefónica perjuicios de imposible o al menos muy difícil reparación, ya que el elevado desembolso que obliga la resolución recurrida para el pago de la multa de 6.000.000 euros afectaría, de modo inmediato, a los compromisos de inversión que Telefónica tiene contraídos en zonas de rurales y de baja densidad de población realizados en el año 2021 y 2022 siendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024". "La sanción impuesta le generaría unos perjuicios económicos que repercuten en el despliegue de la red de nueva generación que beneficia al interés general", argumenta la empresa, que ha ganado 760 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 26% menos que en el mismo periodo del año anterior.

TE PUEDE INTERESAR

Hacienda pagará 1.316 millones a Telefónica tras perder una disputa fiscal

Cotizalia

Para sostener este argumento, el director general de Operaciones, Red y TI de Telefónica España aportó a la causa un informe en el que explica que el despliegue de fibra se hace en función de la disponibilidad presupuestaria y que si se paga la multa y se reduce dicho presupuesto "no se podrían acometer las adjudicaciones que el Programa Único-Banda Ancha realizó en 2021 en Telefónica en las provincias de Álava, Ourense y Vizcaya, además de las correspondientes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estas adjudicaciones, que tienen un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, alcanzaban las 19.300 unidades inmobiliarias, que serían representativas de unos 39.000 usuarios".

De igual modo, "dificultaría notablemente la posibilidad de acometer los despliegues amparados bajo las adjudicaciones del Programa Único-Banda Ancha realizados en el año 2022 a Telefónica para las provincias de Álava, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Estas adjudicaciones, que tienen un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, alcanzaban a 15.100 unidades y serían representativas de unos 30.200 usuarios".

AN: "La sanción es lo suficientemente elevada para entender que la inmediata ejecutividad de la multa pueda comprometer el plan de inversión"

Es decir, que, según Telefónica, pagar la multa provocaría la imposibilidad o notable dificultad de acometer estas inversiones que proporcionarían acceso a banda ancha de muy alta velocidad a casi 70.000 usuarios de casi 35.000 viviendas y no se cumpliría con el objetivo de reducir la brecha digital geográfica para estas poblaciones. Una argumentación que acepta la Audiencia Nacional, que ha decidido suspender la ejecución del pago de la multa dictada por la CNMC el pasado 5 de marzo a cambio de una garantía.

"Efectivamente, el importe de la sanción es lo suficientemente elevado para entender que la inmediata ejecutividad de la sanción impuesta pueda comprometer el plan de inversiones y despliegues que Telefónica está obligada a acometer para instalar la red de fibra óptica en zonas rurales y de menor densidad de población, lo que también afecta a los intereses generales, pero ello conlleva la necesidad de salvaguardar asimismo el interés general con la exigencia de una garantía bastante que asegure el pago de la multa y, de este modo, la indemnidad del erario público en caso de un pronunciamiento final desestimatorio del recurso", concluyen los jueces del caso.

TE PUEDE INTERESAR

Deloitte alega que pagar la multa de 4 M por cártel tensa su caja y le limita para contratar

Juan Cruz Peña

Desde Telefónica, han rechazado hacer comentarios. Pero otras fuentes al tanto de la sanción señalan que es una práctica habitual que la Audiencia Nacional suspenda el pago de las multas de la CNMC hasta que se resuelve el fondo de la cuestión. Por ejemplo, Deloitte alegó el pasado año que el pago de una multa de cuatro millones por cartel tensaba su caja y le podría limitar a la hora de contratar, lo que también le sirvió para evitar el desembolso en ese momento.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha criticado este modus operandi de los tribunales. Fernández acusó en marzo a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que el organismo impone al suspender de forma cautelar todas y cada una de las multas.

Programa Único-Banda Ancha

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño, ha realizado en los últimos años diferentes convocatorias del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Único). La intención es ayudar económicamente a los operadores de telecomunicaciones para que estos desplieguen las infraestructuras necesarias para que la banda ancha de muy alta velocidad llegue a toda España, entre otras iniciativas para mejorar la conectividad digital en el territorio nacional, como la extensión del 5G.

En lo referido al despliegue de banda ancha, la primera convocatoria se resolvió en 2021, con la adjudicación a Telefónica del 75% de los proyectos. La teleco dirigida por José María Álvarez-Pallete ganó en 39 de los 52 territorios españoles, entre los que se encontraban las tres provincias (Orense, Álava y Vizcaya) y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) que aduce para frenar el pago de la sanción. Recibió entonces ayudas por valor de casi 200 millones de euros —se repartía un total de 250 millones— para abordar todos estos proyectos, presupuestados en su conjunto en más de 407 millones.

La intención ha sido ayudar económicamente a los operadores de telecomunicaciones para que estos desplieguen las infraestructuras necesarias

En Ourense, la ayuda fue de 2,35 millones (el 79% del presupuesto contemplado); mientras que en Vizcaya fue de 1,32 millones (el 79%) y en Álava fue de 369.383 euros (el 43%). Por el contrato de Ceuta percibió 4.890 euros (el 48%) y por el de Melilla obtuvo 9.398 euros (el 74%), de acuerdo con la resolución del concurso.

En la siguiente convocatoria, celebrada en 2022, consiguió imponerse en 15 de las 36 provincias que salieron a concurso. Para acometer todos estos proyectos, presupuestados en su conjunto en casi 70 millones, recibió hasta 41,8 millones. En total, el Ministerio de Asuntos Económicos concedió 244 millones en ayudas a diferentes operadores, por lo que Telefónica se hizo en aquella ocasión con el 17,1% del total.

En el recurso, Telefónica asegura que el pago de la multa le dificultaría acometer el desarrollo de las infraestructuras en Álava, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife que debe realizar tras conseguir su adjudicación en 2022. En dicha convocatoria, la ayuda recibida en la provincia vasca fue de 440.718 euros (el 43% del presupuesto contemplado), mientras que en las del archipiélago canario consiguió 2,24 y 1,52 millones, respectivamente (el 80% en ambos casos).