Deloitte alega que pagar la multa de 4 M por cártel tensa su caja y le limita para contratar

Deloitte ha logrado convencer al juez de que suspenda por ahora la ejecución de la multa millonaria impuesta por la CNMC por su participación destacada en el cártel de las consultoras. La Audiencia Nacional ha decretado la suspensión cautelar de la sanción de cuatro millones de euros después de que la 'big four' alegara una serie de daños económicos que le supondría pagar ahora por esta infracción, antes de que la justicia resuelva sobre una irregularidad recurrida por la compañía.

Deloitte Consulting alega ante el juez que el desembolso inmediato de esta multa, que destaca es la más elevada de todas las impuestas (3,99 millones para la firma de los 6,3 millones impuestos en total a 22 empresas), causaría una serie de perjuicios "de muy difícil reparación" no solo a la firma de servicios profesionales sino también a terceros porque según expone, "mermaría su capacidad financiera y de generación de empleo, en un entorno económico de elevada incertidumbre", detalla un reciente auto judicial.

Para defender su alegato, la firma aporta las cuentas de los tres últimos años que ya han sido auditadas: 2018, 2019 y 2020. "El abono de la sanción supone el 40% del saldo medio de tesorería de los tres últimos ejercicios económicos auditados y supondría destinar el 95% de la tesorería anual que genera Deloitte Consulting", explica.

La consultora asegura que "en ese caso, tendría que acudir a financiación ajena para cubrir posibles retrasos en el cobro de facturas a clientes dada la incertidumbre generada por la pandemia y previsibles impagos que provocarán un déficit de tesorería para atender a las obligaciones de pago. Solo las obligaciones de pago con los empleados de Deloitte Consulting supera ampliamente el importe de tesorería a esa misma fecha (concretamente, 22,797 millones de euros frente a un saldo de 17,039 millones de euros de tesorería)".

TE PUEDE INTERESAR

La CNMC multa a Balboa, ArcelorMittal y Sidenor con 24 M por su cártel en el mercado de chatarra

Cotizalia

Por todo lo anterior, concluye que "el pago inmediato de la sanción limita la capacidad financiera de la entidad desde el punto de vista de la generación de empleo sobre todo entre los jóvenes".

Este no es el único argumento que señala la consultora para evitar tener que pagar la millonaria sanción. La otra gran preocupación es la prohibición impuesta de contratar con la administración pública como parte del castigo de la CNMC. Cree que "se vería privada de la posibilidad de concurrir a licitaciones públicas durante el tiempo en que la prohibición estuviera vigente (periodo que puede alcanzar hasta 3 años), de modo que una ulterior sentencia que anulase la sanción impuesta y, por ende, la prohibición de contratar, no satisfaría su derecho a la tutela judicial, ya que nunca podrían reabrirse las licitaciones ya resueltas y adjudicadas a otros competidores". El efecto dañoso se incrementaría, añade, dado que se vería mermada su capacidad de acreditar solvencia técnica tras la sanción al no haber contratado en el tiempo en que dure el castigo.

TE PUEDE INTERESAR

De 'bots' a plataformas de 'brainstorming': así innovan Deloitte Legal y PwC Tax & Legal

Irene Cortés

Por todo lo anterior, la Audiencia Nacional declara la suspensión del desembolso inmediato de la sanción de 3,99 millones de euros. No obstante, pide a la firma recurrente que deposite un aval como garantía de pago y remite el caso la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que fije la duración y alcance de la prohibición de contratar con el Sector Público.

Esta no es la primera consultora sancionada por la CNMC por su participación en el cártel de las consultoras que recurre a los tribunales para esquivar el pago de la multa. No obstante, fuentes al tanto de la reclamación advierten que en diversas ocasiones las sanciones de la CNMC quedan posteriormente en nada cuando se recurren ante los tribunales. En este sentido, ponen de ejemplo una multa que recibió Repsol de Competencia que posteriormente fue revocada. Critican que las sanciones les provocan un daño reputacional que no siempre acaba confirmándose en sanción económica.

En mayo de 2021, Competencia sancionó a 22 consultoras (KPMG, PwC, Indra, etc.) y varios directivos de las mismas con 6,3 millones de euros. Según el organismo que preside Cani Fernández, "estaban Distribuidas en dos redes de colaboración (norte y nacional) formaron sendos cárteles que manipularon licitaciones públicas durante al menos 10 años", "Su 'modus operandi' se basaba en solicitar 'ofertas de cobertura' para evitar competir y que una de las empresas resultase adjudicataria". "Un elevado número de administraciones se vieron afectadas por estas prácticas fraudulentas" dado que se afectó a sus fondos públicos, determinó competencia.