Los encargos de Iberdrola: Florentino Pérez destapa seguimientos a su teléfono y a los de sus familiares

Florentino Pérez sigue en pie de guerra contra Iberdrola. El presidente de ACS ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional en el que se opone a la petición de sobreseimiento pedida por Antonio Asenjo, el que fuera director de Seguridad de la eléctrica hasta que este periódico destapó los pagos al comisario José Manuel Villarejo. En este documento, el representante legal del ingeniero de Caminos revela las presuntas llamadas telefónicas que le intervinieron y el supuesto espionaje a su persona y a su familia más cercana, como sus hermanos y sus hijos.

El presidente de la constructora, que llegó a tener hasta un 20% de la eléctrica antes de verse forzado por la banca a vender dicha participación al no poder hacer frente a la deuda contraída para financiar dicha adquisición, pide al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que mantenga imputado a Asenjo, el que fuera hombre de gran confianza de Ignacio Sánchez Galán, que ha vuelto a reclamar recientemente que se le libere de cualquier imputación por los pagos al comisario.

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La defensa de Asenjo se acoge a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del pasado 24 de julio, que condenó al comisario jubilado a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental, pero le absolvió del de cohecho, clave en la macrocausa que afectaba a otras muchas empresas. Por ello, el abogado del hombre fuerte de seguridad de Iberdrola, que ya había pedido sin éxito la desimputación de su cliente en varias ocasiones, argumenta que los hechos no son constitutivos de delito de cohecho, además de la extinción de la causa penal respecto de los hechos calificados como revelación de secretos, según el escrito.

Pero Carlos Gómez Jara, abogado del también presidente del Real Madrid, considera que debe seguir como investigado porque "compró" una "actuación policial ajena al interés público a cambio de una retribución" para hacer trabajos cuando Iberdrola "necesitaba servicios ilegales de inteligencia, es decir, precisaba información no accesible mediante fuentes abiertas, sino exclusivamente para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Para ello, contó con la colaboración de Enrique García Castaño, conocido como el Gordo, jefe de la Unidad Central en la Comisaría de Información, que ha esgrimido que sufre una incapacidad cognitiva derivada de un ictus para no declarar.

[Extracto del escrito presentado por Florentino Pérez contra el archivo del caso solicitado por el exjefe de Seguridad de Iberdrola. Pinche para ampliar]

"El paradigma de esta información son los denominados canutos [tráfico de llamadas]", indica el abogado de Florentino Pérez, que incluyen conversaciones entre Villarejo y Asenjo en las que admiten las dificultades para acceder a través de Movistar (Telefónica) y la mayor facilidad "a través de nuestro amigo de Vodafone". "Hemos hecho veinte páginas de la vida del pollo, pom, pom, quién es, sus contactos, creo que a IGNACIO le va a parecer interesante", señala el comisario en una grabación transcrita. En consecuencia, para Gómez Jara, Asenjo "sabía que estaba contratando, directa o indirectamente, el servicio de funcionarios de policía para fines privados", ajenos a sus deberes oficiales, "mediante retribuciones elevadas", lo que constituye un delito de cohecho "al menos indiciariamente como exige esta fase procesal", a juicio del letrado.

Respecto al delito de revelación de secretos, el representante del primer accionista de ACS expone pasajes del informe final del denominado Proyecto Posy, elaborado por Cenyt, la empresa de Villarejo, para Iberdrola. En él, el comisario jubilado asegura haber contactado con "antiguos colaboradores, como Demetrio Ullastres y Luis Janini", dos antiguos directivos de la constructora, que fueron responsables del negocio de Concesiones y de Servicios, respectivamente. "Aun cuando en principio mostraron cierta disposición de facilitar datos sensibles, como entrega de maletines con dinero en efectivo a políticos… al final alegaron sentirse amenazados y las conversaciones no han avanzado por ahora", se apunta en el informe, que previamente habla del consejero Manuel Delgado, que finalmente dimitió tras verse salpicado por las informaciones.

[Extracto del escrito presentado por Florentino Pérez contra el archivo del caso solicitado por el exjefe de Seguridad de Iberdrola. Pinche para ampliar]

No obstante, Villarejo agrega que "este GIA lleva más de un mes en negociaciones con un antiguo directivo del staff de ACS, al que se ha denominado DRAC, porque relata actuaciones dignas de bucaneros del Caribe". También relata haber contactado con Gustavo Orlandi, un representante de futbolistas, que se había querellado contra varios directivos del Real Madrid, que reclamaba más de dos millones de euros al club blanco. "Se ha verificado una importante cantidad de tráfico de llamadas entre varios móviles de Madrid y móviles de Inglaterra, concretamente +44207xxxxxxx y +44791xxxxxxx".

El comisario jubilado llama "imponderables" a los problemas encontrados en su investigación por "todo el aparato logístico y operativo que se mueve alrededor de FLO. Disponen de un dispositivo muy bien entrenado que ha detectado la presencia de equipos de esta GIA en tareas de seguimiento y control, aunque finalmente no han podido identificar a nadie por las contramedidas adoptadas. De ahí que siga potenciando la búsqueda agresiva de datos".

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En ese documento, Villarejo incluye los datos de todas las personas en España que se llaman Florentino Pérez, así como los datos censales del presidente del Real Madrid y de su familia, como la dirección de su vivienda, el código postal y la fecha de nacimiento, lo que para Gómez Jara es "una labor ilegítima de inteligencia por la que pagaba el señor Asenjo". Por todo ello, el abogado formula su oposición al sobreseimiento libre parcial y archivo de la causa de Antonio Asenjo, el único directivo vinculado a Iberdrola que sigue imputado.

El resto, incluido el presidente, Ignacio Sánchez Galán, ya fue exonerado de cualquier responsabilidad en 2022 al considerar el juez que habían prescrito los delitos tres años después de iniciar la investigación.