El pacto Galán-Asenjo: el exjefe de Seguridad se fue voluntariamente, pero recibió 1,6 M

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, está con un ojo en Nuevo México, Estados Unidos, donde se juega una operación de 8.000 millones de dólares, y otro en la Audiencia Nacional, donde tendrá que ir a declarar el próximo 18 de enero como imputado por los pagos a José Manuel Villarejo. Sin embargo, pese a la distancia de ambos lugares, los casos están interrelacionados. Así lo muestra el documento de la Comisión de Regulación de este estado estadounidense que ha alertado de la reputación de la compañía española por este caso de espionaje.

En las numerosas intervenciones de Pedro Azagra, director de desarrollo corporativo de Iberdrola, ante las autoridades norteamericanas para lograr la autorización a la compra de PNM Resources, el ejecutivo dio cuenta del proceso de la investigación sobre las facturas abonadas al excomisario de policía español, ya que para los reguladores estadounidenses se trata de una cuestión capital, de ética, en la gestión. Especialmente porque varios de sus principales ejecutivos, entre ellos el propio presidente, están imputados.

Según el documento al que ha tenido El Confidencial en el que se aconseja vetar la transacción, Azagra aseguró a los reguladores que Antonio Asenjo, el jefe global de seguridad, "dejó voluntariamente la compañía" cuando este medio publicó los audios con el excomisario. Unas grabaciones en las que el jefe de seguridad conversaba con Villarejo sobre presuntos espionajes a políticos, sindicalistas y competidores, como el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, y el de ACS, Florentino Pérez.

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Tras ver la luz los audios y, posteriormente, las presuntas facturas falsas con las que Iberdrola pagaba a Cenyt, la empresa de Villarejo, a través de Castellana de Seguridad, una compañía supuestamente pantalla, Iberdrola prescindió de los servicios de Asenjo por "perdida de confianza", según confirmaron en su momento fuentes oficiales de Iberdrola. Estas fuentes añadieron que Galán aprobó la destitución inmediata de Asenjo, pese a ser un hombre de su plena confianza. De hecho, el exempleado de Prosegur ya había trabajado para él cuando dirigía Airtel (Vodafone) y lo fichó para la eléctrica cuando fue nombrado consejero delegado en 2001.

Aquel despido sentó mal a Asenjo, que llegó a pedir una compensación de tres millones de euros por abandonar su cargo. El responsable de Seguridad rechazó la carta de despido de José Ángel Marra, director de Recursos Humanos y Servicios Generales, dos días después de que El Confidencial publicase los primeros audios con el comisario de policía. La medida fue adoptada por José Sainz Armada, el director general de Finanzas y Recursos, hombre de gran confianza de Sánchez Galán y del que depende el área de seguridad.

Ante tal situación, Galán tuvo que mediar en la resolución del caso, hasta el punto de que lo citó en su mansión de Madrid, en la lujosa zona de Puerta de Hierro, para resolver su salida, con un cheque bruto final de 1,6 millones. La compañía le mantuvo, además, algunas de las ventajas que disfrutan los empleados de la sociedad, como la tarjeta sanitaria privada y la luz gratis en la primera vivienda.

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Sin embargo, en la declaración ante los reguladores estadounidenses, donde están obligados a decir la verdad, Iberdrola ha señalado que Asenjo se fue "voluntariamente", por lo que, según la normativa laboral española, no debía de haber percibido ningún tipo de compensación económica. Tan solo el finiquito que le correspondiese por los días pendientes de vacaciones y la paga extraordinaria. Fuentes oficiales de la eléctrica vasca explican que se llegó a un pacto con el exjefe de seguridad, cuya declaración ante la Audiencia Nacional ha sido clave para implicar al propio Galán y a otros directivos en la supuesta trama con Villarejo.

El caso contario es el de Francisco Martínez Córcoles, también imputado en la causa y que tendrá que declarar un día antes, el 17 de enero de 2022. Córcoles, número dos de Iberdrola, dejó sus funciones como consejero director general el pasado 1 de noviembre por jubilación. Y, según fuentes oficiales de Iberdrola, no ha percibido ningún tipo de indemnización pese a que es, junto con el presidente, uno de los pocos directivos que tiene derecho a percibir una compensación por no trabajar para otra empresa del sector durante los dos próximos años. Su antecesor, José Luis San Pedro, que ya ha pasado por la Audiencia Nacional, si recibió una cantidad generosa cuando abandonó su puesto en 2014.