Una demanda a Iberdrola por manipulación en EEUU complica aún más la compra de PNM

Iberdrola no gana para sustos en Estados Unidos. Security Limits, una empresa de ciberseguridad, ha presentado una demanda contra la eléctrica española presidida por Ignacio Sánchez Galán y Avangrid, la filial norteamericana que cotiza en Wall Street, por 110 millones de dólares en un juzgado federal de Nueva York por presunta manipulación de licitaciones y extorsión.

La demanda llega en el peor momento para la compañía española: justo después del revés preliminar del regulador estadounidense sobre la adquisición de PNM Resources por 8.000 millones de dólares (entre acciones y deuda). El miércoles pasado, tres de los cinco miembros de la Comisión Reguladora de Nuevo México se mostraron partidarios de vetar la operación, al asegurar que los contras superaban las ventajas, que los consumidores saldrían perjudicados y manifestar sus dudas sobre la ética corporativa de Iberdrola que se desprende de las investigaciones del caso Villarejo. La votación definitiva debe producirse entre el 8 y el 15 de diciembre, pero esta nueva demanda, de la que se ha hecho eco la prensa internacional, no ayuda a la causa de Iberdrola.

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Esta nueva demanda, esbozada en un documento de 72 páginas, describe un plan diseñado por varios ejecutivos de Iberdrola para generar millones de dólares en compras innecesarias de equipos electrónicos, que posteriormente no se usaban, y que se cargaban contra los servicios públicos de Nueva York, Connecticut y Maine, las zonas donde opera Avangrid. Entre los acusados están Antonio Asenjo, el que fue jefe supremo de seguridad del grupo implicado en los pagos a José Manuel Villarejo, y Enrique Victorero, el que fuera responsable de seguridad internacional, prejubilado a finales del pasado año.

Entre las empresas acusadas se encuentran Prosegur Gestión de Activos y dos de sus filiales, Cipher Secuity y Prosegur Securiy Monitoring, así como sus respectivos consejeros delegados y directores financieros. La empresa española de seguridad, en la que Asenjo trabajó antes de incorporarse a la eléctrica, es un proveedor habitual de Iberdrola.

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La denuncia ha sido presentada en el tribunal del distrito sur de Nueva York por abogados que representan a Paulo Silva, un experto en ciberseguridad y director ejecutivo de Security Limits Inc. En ella, los abogados describen hechos en los casi dos años que Silva pasó trabajando como subcontratista de Avangrid, diseñando y la construcción de centros de datos seguros para sus empresas de servicios públicos.

Silva explica que en 2018 ya advirtió de un gasto excesivo en equipos. Poco después, los ejecutivos de Avangrid comenzaron a manipular el proceso de licitación y a dirigir contratos lucrativos hacia cinco empresas vinculadas a Iberdrola, según argumenta. En la denuncia expone que estas empresas fueron acusadas de comprar grandes cantidades de equipos para nuevos centros de datos, por lo que cobraron márgenes de beneficio de Avangrid del 40% o más. Según la denuncia, gran parte de este equipo nunca se puso en uso, sino que se guardó en un almacén, que tuvo que ser ampliado tres veces en el transcurso de varios años.

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La compañía española presidida por Sánchez Galán ha sido multada esta semana por el regulador británico de la energía, Ofgem, junto a una de sus filiales, Scottish Power, y a National Grid con 158 millones de libras (186 millones de euros) por los retrasos en el cable submarino para exportar energía entre Escocia, Gales e Inglaterra denominado Western Link.

En un comunicado, Ofgem señaló que el retraso de dos años dificultó que los generadores de energía renovable en Escocia exportaran electricidad limpia a Inglaterra y Gales. Así, establece que esta compensación al consumidor responsabiliza tanto a National Grid Electricity como a Scottish Power Transmission plc "por la entrega tardía de este importante enlace de transmisión". La entrega del proyecto estaba prevista para 2017, aunque finalmente se retrasó hasta 2019. Eso hizo que Ofgem decidiera a principios del año pasado abrir una investigación, que ha concluido con la multa para ambas compañías.