El impacto reputacional en Iberdrola del caso Villarejo se extiende a EEUU

Iberdrola quita hierro al caso Villarejo ante las autoridades norteamericanas. La eléctrica presidida por José Ignacio Sánchez Galán ha sido recientemente requerida por la Comisión Pública Reguladora del estado de Nuevo México para que aclare su papel en el caso Cenyt y su impacto mediante un minucioso cuestionario de preguntas. La cotizada española respondió el pasado 27 de julio, en un escrito al que ha tenido acceso este medio en que alega que no hay "cargos criminales" contra Sánchez Galán ni Iberdrola Renovables y describe las imputaciones españolas como una fórmula del juzgado para pedir colaboración.

"A mi mejor entender, no hay ningún actual o antiguo directivo de Iberdrola o Iberdrola Renovables que sea objetivo de la investigación que se está llevando a cabo en España en relación con Cenyt y José Manuel Villarejo. Las personas y empresas que son calificadas como 'investigadas' no son necesariamente el objetivo de una investigación bajo las leyes españolas; más bien esta designación es una forma de que el tribunal español requiera a personas y compañías que proporcionen pruebas al juzgado. Bajo las leyes españolas, las partes investigadas se presumen inocentes", expuso Pedro Azagra, director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, ante el regulador de Nuevo México.

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Este organismo es uno de los que tienen que autorizar la compra de PNM Resources por parte de la filial norteamericana de Iberdrola, Avangrid, por 8.300 millones de dólares (en torno a 7.100 millones de euros). La eléctrica lleva desde el año pasado negociando el visto bueno.

Desde la compañía, defienden que "Iberdrola ha sido absolutamente transparente con la comisión que, antes de la declaración de Pedro Azagra ya tenía el auto de imputación del presidente, del consejero delegado, de Iberdrola Renovables, los escritos fiscales pidiendo las imputaciones, el informe de cumplimiento interno y el informe 'forensic' independiente encargado a PwC. Azagra lo que intenta explicar en sus declaración es que Galán no está 'indicted' [es decir no está procesado], que es lo que en EEUU determina el cambio de responsabilidad en una persona". "Azagra explica que su situación es la de investigado en la fase de instrucción [fase de investigación o preparatoria] y tiene como objetivo escuchar a las personas afectadas garantizando todos sus derechos", añaden.

Azagra tuvo que incidir en este argumento procesal en otro momento de sus declaraciones, en las que se vio obligado a corregir a su propio asesor legal, Baker McKenzie: "Hay un ligero error de traducción en la versión en inglés. Cuando dice en las páginas 7 y 8 que 'el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado, el 9 de julio de 2021, acusar a Iberdrola Renovables por cohecho', no ha habido cargos formales que hayan sido presentados contra Iberdrola Renovables Energía, y no se presentan cargos formales contra ninguna parte investigada en esta fase del proceso".

Junto al frente regulador, Iberdrola tiene otro reputacional por el caso Villarejo ante los grandes inversores de Wall Street, que siguen muy de cerca estos procesos, y que podrían llegar a exigir cambios en la compañía. Sus tres mayores accionistas son Qatar Investment Authority, con un 8,69%, BlackRock, con un 5,2%, y el fondo soberano noruego —Norges Bank—, con un 3,1%.

Culpa a Asenjo

El 'interrogatorio' del regulador de Nuevo México a Azagra comienza con una pregunta sobre qué directivos —actuales o pasados— están siendo investigados en la Audiencia Nacional. El ejecutivo respondió haciendo una descripción del caso Cenyt en España y subrayando que "muchas compañías líderes de España han sido incluidas" en él.

"Iberdrola no está siendo investigada por sí misma. Entiendo que el tribunal español está exclusivamente interesado en una filial llamada Iberdrola Renovables Energía (que no está relacionada con la propiedad de Iberdrola o el control de los servicios públicos a nivel mundial). También entiendo que el juzgado está interesado principalmente en una única factura pagada por Iberdrola Renovables Energía por importe de 25.000 euros por servicios de seguridad en Rumanía en el año 2011", añade.

El regulador pidió a Iberdrola el auto de imputación de Sánchez Galán

A continuación, señala como investigados a Sánchez Galán, a Francisco Martínez Córcoles, consejero-director general de Negocios, a Juan Carlos Rebollo, director de Riesgos, y a José Luis San Pedro, retirado en 2016.

El regulador también pidió una explicación sobre el pago de Iberdrola y filiales a Cenyt por valor de un millón de euros. Azagra respondió que todas las facturas responden a "la prestación de servicios de seguridad" por parte de Cenyt "para los empleados de Iberdrola; a la investigación y mejora de la seguridad de las instalaciones, y la 'identificación de activos' para la ejecución de un laudo internacional a favor de Iberdrola Renovables".

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En este punto, el directivo de la eléctrica culpó al exdirector de Seguridad Antonio Asenjo como "el único responsable" de la relación con Cenyt. El 'interrogado' le señala en varias ocasiones, ante las preguntas del regulador. Azagra también negó cualquier tipo de conocimiento suyo o de cualquier otro empleado de Iberdrola —salvo Asenjo— sobre las investigaciones de Villarejo para la compañía: los proyectos Arrow, Black Board, Gipsy, Posy y Wind.

El regulador de Nuevo México pidió todo tipo de documentación a la eléctrica, como su informe de Auditoría Interna, el 'forensic' de PwC, los autos de imputación de Sánchez Galán y otros investigados, los escritos de la Fiscalía y el informe de la Unidad de Asuntos Internos. Iberdrola envió todo salvo esto último.