Iberdrola notifica un riesgo legal de hasta 1.100 M en EEUU y negocia resolverlo por 5 M

Iberdrola está haciendo frente desde noviembre de 2020 a unas presuntas violaciones por la instalación de postes de electricidad en la ciudad de Nueva York que le pueden salir muy caras. Según la memoria anual de la compañía española, una de sus filiales en Estados Unidos está en negociaciones para acordar un pacto que evite una sanción de hasta 1.100 millones de dólares, pero que, según fuentes próximas a las conversaciones, podría solucionarse con el pago de un máximo de cinco millones.

Según el documento oficial de Iberdrola, el pasado 20 de noviembre de 2020, el Servicio Público del Estado de Nueva York (NYPSC, por las siglas en inglés) emitió una orden con respecto a las presuntas violaciones de la Declaración de Política de Adopción de la Orden de 2004 del NYPSC por parte de RG&E, propiedad de la eléctrica española a través de la estadounidense Avangrid, Greenlight Networks y Frontier Communications.

Estas potenciales ilegalidades se deben a la instalación por parte de Greenlight de accesorios de comunicaciones no autorizados y de calidad inferior en todos los territorios de servicio de RG&E y Frontier. Según el documento oficial del Estado de Nueva York, estas compañías podrían haber incurrido en más 11.000 supuestas violaciones de la ley de 2004, cuyo artículo 25 señala que cada una de ellas conlleva una posible sanción de hasta 100.000 dólares cuando se pueda demostrar que el infractor no "cumplió razonablemente" con la normativa.

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Estas cifras supondrían que Iberdrola, Greenlight y Frontier se enfrentarían a una potencial sanción de 1.100 millones de dólares (925 millones de euros), según la documentación oficial incluida en el informe anual del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán. En este documento se indica que las tres empresas implicadas ya han presentado "sus respectivas notificaciones para iniciar negociaciones de conciliación con respecto a las presuntas violaciones y para ampliar el plazo de presentación de una respuesta". El Servicio Público del Estado de Nueva York ha concedido las solicitudes de prórroga para iniciar las conversaciones en busca de un pacto.

Iberdrola sostiene que "no podemos predecir el resultado de este asunto" en el apartado de Activos y Pasivos Contingentes, pero fuentes próximas a la eléctrica indican que, en realidad, la cantidad que se está negociando es mucho menor. Resaltan que ronda los cinco millones de dólares. Aunque es cierto que este tipo de sanciones suelen cerrarse por cifras inferiores a la sanción máxima permitida, la compañía, a preguntas de este periódico, no ha podido explicar por qué la advertencia formal a los inversores solo explicita la cantidad mayor (los 1.100 millones que resultan de multiplicar 11.000 infracciones por los hasta 100.000 dólares) y no se ofrece la cifra estimada de resolución del conflicto, de apenas 454 euros por infracción. Tampoco ha ofrecido el razonamiento que les lleva a reducir el impacto previsto en un 99,5% sobre la sanción máxima.

Asunto pendiente en California

En ese apartado, Iberdrola recuerda que aún está pendiente de la decisión de la Federal Energy Regulatory Commision (FERC) de Estados Unidos por una reclamación de 259 millones de dólares interpuesta por la Comisión de Servicios Públicos de California en 2002. Este organismo acusó a varias eléctricas de manipulación de mercado y por fijar unos precios "injustos e irrazonables" en los contratos de compraventa de energía.

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La FERC desestimó la reclamación y, tras una revisión realizada por los tribunales federales de California, la Corte Suprema ordenó a la FERC que revisara el asunto que había permanecido inactivo desde 2008. En abril de 2016, tras la reapertura del caso, se emitió una decisión inicial que desestimó cualquier manipulación del mercado por parte de Avangrid Renewables (filial de Iberdrola), pero el fallo inicial concluyó que el precio de los contratos de compra de energía imponía una carga excesiva a los clientes por un importe de 259 millones de dólares estadounidenses.

La dirección de la FERC recomendó en 2018 el archivo del procedimiento sin sanción. Pero después de casi tres años todavía no ha adoptado una resolución final, que se espera sea en el curso presente. Iberdrola confía en que finalice el expediente sin ningún tipo de multa.