Galán aparca a su guardia de corps de Iberdrola en la etapa clave del caso Villarejo

Ignacio Sánchez Galán ha dado un vuelco significativo a la cúpula directiva de Iberdrola en un momento trascendental ante la cercanía de su declaración como imputado por el caso Villarejo. El presidente de la eléctrica anunció este miércoles nuevos nombramientos para cubrir las salidas de Francisco Martínez Córcoles, hasta ahora número dos de la compañía y también citado a declarar como imputado, y de Samantha Barber, la máxima responsable de la investigación interna llevada a cabo para esclarecer la contratación del comisario jubilado de Policía.

Galán había intentado convencer a Martínez Córcoles de continuar en la compañía, pero su delfín desde 2014, cuando sustituyó a José Luis San Pedro, asimismo imputado, tenía decidido jubilarse al llegar a los 65 años, como adelantó el pasado mes de marzo El Confidencial. El presidente sí ha conseguido que continúe en el consejo de administración con la categoría de ‘otros’, en lugar de dominical, es decir, en representación del equipo ejecutivo. Motivo por el que fue renovado para seguir en el órgano de gobierno el pasado mes de junio pese a que la edad de retiro estaba al caer.

Otras fuentes indican que, además, continuará como asesor del ingeniero salmantino y que la compañía le seguirá cubriendo su defensa legal por la imputación por Villarejo. Córcoles, que cobraba unos tres millones de euros al año, asistió el martes a la reunión del consejo de administración para despedirse de sus compañeros y el miércoles pidió a los inversores durante la presentación de resultados la "máxima confianza en esta empresa".

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Su caso es similar al de Julián Martínez-Simancas, secretario del consejo de administración hasta la pasada junta general celebrada en junio y anterior máximo responsable de los servicios jurídicos de las eléctricas. Aunque oficialmente ya no está en el organigrama de mando, Simancas sigue trabajando para Iberdrola como asesor para ayudar a Galán en los pormenores relacionados con los tribunales. Especialmente en lo relacionado con el caso Villarejo, que también le ha salpicado. Su papel sigue siendo tan relevante que es invitado con frecuencia por el propio Galán a la comisión delegada ejecutiva que la eléctrica reúne todos los lunes y a la que solo asisten los directivos.

La tercera salida relevante de la compañía ha sido la de Samantha Barber, consejera desde 2008 y presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Dentro de esta unidad se incluye la de Cumplimiento, la encargada de elaborar, bajo la tutela de Dolores Herrera, la investigación interna para esclarecer las vinculaciones con Villarejo. Barber ha sido la persona clave en la constitución y construcción de esta comisión, antes llamada de Responsabilidad Social Corporativa, desde que Iberdrola se vio salpicada por asuntos de corrupción y sancionada por el Banco Mundial.

Barber ha sido la persona de enlace con PwC, la consultora a la que Iberdrola confió la puesta en marcha de las mejores prácticas de gobierno corporativo y del control interno para evaluar cualquier potencial irregularidad. Una comisión que ha ido endureciendo sus exigencias para, precisamente, evitar comportamientos internos que pusieran en riesgo la reputación del grupo, así como problemas legales derivados de la relación con los proveedores y contratistas.

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Además, Barber, según documentos internos, ha sido la persona que ha validado hasta el pasado año los informes de la propia PwC sobre el desempeño del órgano de gobierno de la compañía y, en particular, el de su presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán. Un informe que después se elevaba a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que es la que validaba el sueldo fijo y variable del máximo ejecutivo de Iberdrola.

Si no hay nuevos retrasos, el juez de la Audiencia Nacional prevé interrogar a Galán, a Córcoles y a Fernando Becker, expresidente de Iberdrola en España, a mediados del próximo mes de noviembre. Aunque el magistrado Manuel García-Castellón los imputó a finales de junio, el 3 de julio suspendió sus declaraciones después de que la defensa de los directivos presentara varios recursos en contra y maniobrara para desmontar la tesis del juez.