La AN imputa a Galán por cohecho, falsedad mercantil y delito contra la intimidad

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, declarará como imputado en el caso Villarejo por orden del juez Manuel García-Castellón, que esta mañana ha emitido un auto en el que ha hecho propio el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que ayer solicitaba la comparecencia como investigado del ejecutivo salmantino y de buena parte de la cúpula de la compañía.

De este modo, el magistrado rechaza 'de facto' el ofrecimiento de Sánchez Galán del pasado 25 de mayo a comparecer de forma voluntaria ante los nuevos indicios de presuntos delitos de su compañía en los encargos al policía nacional. El presidente de Iberdrola lo hizo en un comunicado inaudito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mediante el que pidió aclarar en sede judicial la trama de facturas falsas. La comparecencia se producirá, pero en calidad de investigado.

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El magistrado ha ordenado que Galán, Francisco Martínez Córcoles, actual número dos de Iberdrola; Fernando Becker, ex consejero delegado de la eléctrica en España, y Rafael Orbegozo, jefe del Gabinete de Presidencia hasta 2017, declaren como imputados por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad de las personas y delito por falsedad en documento mercantil.

Con este auto, el juez de la Audiencia Nacional da credibilidad al relato de José Antonio Del Olmo, el exempleado de la compañía energética, que denunció en informes guardados ante notario la presunta trama de facturas falsas que utilizaba Iberdrola para enmascarar los pagos a Villarejo.

Sánchez Galán reiteró en numerosas ocasiones que esos documentos internos no existían y que nunca había habido denuncia alguna sobre la supuesta contratación irregular del excomisario. Pero García-Castellón se apoya en el relato de Del Olmo, quien, tal y como adelantó en exclusiva El Confidencial el 2 y el 3 de diciembre de 2019, había detallado las órdenes recibidas por sus superiores para abonar las facturas a Villarejo saltándose los controles de la compañía.

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Según ese informe interno, las personas que estaban al tanto de esos trabajos de investigación, en los que se utilizaron prácticas ilegales, como las intervenciones telefónicas, eran Galán, Córcoles, Becker, José Luis San Pedro (anterior número dos del grupo) y Antonio Asenjo, el director de seguridad, despedido tras las revelaciones publicadas por este periódico.

Según el auto del juez, que es exactamente igual que el que emitió este martes la Fiscalía Anticorrupción al pedir la imputación de los directivos de Iberdrola, el propio Asenjo reconoció en sus testificaciones que había manipulado el concepto de las facturas que se abonaban a Cenyt, la empresa de Villarejo.

Unas de estas facturas se justificó como “coordinación operativa de seguridad de los desplazamientos realizados por sus ejecutivos españoles, en los viajes profesionales de los mismos, durante 2004, en Brasil, México, Guatemala y Bolivia”, cuando, en realidad, “se trataba de servicios prestados con relación al proyecto de Arcos de la Frontera (Cádiz), esto es, el proyecto Arrow”, con el que Iberdrola ordenó investigar a jueces y políticos que se oponían a la construcción de una planta de ciclo combinado por importe de 1.000 millones en la población andaluza.

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“Queda de este modo indiciariamente acreditado que los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos”, sostiene el magistrado, que hace hincapié en el rol de Castellana de Seguridad (Casesa) como clave para esta trama. Según el auto, y tal y como publicó este periódico, Iberdrola pasaba las facturas a Casesa, con justificaciones falsas, que después hacía transferencias a Cenyt.

Aunque Iberdrola se coordinó con Casesa para desmentir esta vinculación, en una nota de prensa remitida el 2 de diciembre, el primer día de la publicación de los informes de Del Olmo, los datos que obran en la Agencia Estatal de Administración Tributaria contradicen lo anterior, según el auto. La unidad de apoyo de la AEAT a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada constató que Casesa declaró pagos a Grupo Cenyt por importe total de 337.560 euros, 407.740 euros con IVA.

“Y no solo eso. Constan en la causa dos transferencias, al menos, realizadas por Casesa a favor de Cenyt por importe de 81.200 euros. Todo ello evidenciaría, en contra de lo comunicado por Casesa, la existencia de relaciones comerciales con Cenyt, viniendo así a ratificar de nuevo, al menos de manera indiciaria, la versión de los hechos aportada por el investigado José Antonio del Olmo Ruiz”, concluye el informe judicial.

El juez critica también que ni Iberdrola ni PwC, la auditora a la que encargó una investigación interna, descubrieran ningún indicio

El juez critica también que ni Iberdrola ni PwC, la auditora a la que la eléctrica encargó una investigación interna, descubrieran ningún indicio sobre estos trabajos “enmascarados”. Sobre todo porque Asuntos Internos localizó numerosos documentos en los domicilios de Villarejo y sus socios de Cenyt. La consultora, en la que Galán basa su defensa de colaboración con la justicia y para negar la tesis de Del Olmo, “no pudo disponer de ningún contrato celebrado entre Cenyt e Iberdrola, ni documentación que pueda justificar los servicios prestados indicados en el concepto de las facturas emitidas por Cenyt”.

Pero, para García-Castellón, "pese a no ser localizada ni por la unidad de cumplimiento del Grupo Iberdrola ni por Pricewaterhouse, la ejecución de estos trabajos generó gran cantidad de documentos e informes que fueron intervenidos en el domicilio del investigado Rafael Redondo Rodríguez, vinculado al Grupo Cenyt junto al investigado José Manuel Villarejo".

Galán, que por fin podrá explayarse en la Audiencia Nacional en cuanto el juez indique la fecha de su declaración, tendrá que responder por la contratación irregular del excomsario para investigar a políticos, jueces, empleados, competidores, como Manuel Pizarro, expresidente de Endesa, y accionistas, como Florentino Pérez, que llegó a tener el 20% de Iberdrola a través de ACS cuando Villarejo trató de acceder a su vida personal.

Sin comentarios desde la dirección en España

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, justo se encontraba esta mañana en las jornadas organizadas por la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica) y patrocinadas por BBVA. Tras conocerse la noticia de la imputación del presidente del grupo, la directiva ha rechazado hacer valoraciones. “Voy a hablar de transformación energética, sobre este tema podéis recurrir a los canales habituales de la empresa”, se ha limitado a decir en unas jornadas organizadas por la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica) y patrocinadas por BBVA.

Santamaría ha hablado sobre la necesidad de más inversión en transformación energética así como un cambio fiscal, ha explicado que se debe repensar el esquema de la tarifa de la luz en línea con otros países, y ha destacado la importancia de un uso eficiente de los fondos europeos. Pero ante varias preguntas de los periodistas, ha evitado comentar nada sobre la imputación de Galán, sobre si está afectando a la cotización (cae cerca del 2%) ni sobre si podrá afectar a la presencia de Iberdrola en las carteras de grandes inversores ESG (que invierten por razones ambientales, sociales y de gobernanza).

Desde la empresa, el mensaje oficial emitido este miércoles es de que la compañía ya había solicitado formalmente al juez que sus ejecutivos "declarasen en la investigación para aclarar la situación". La empresa admite, como ya hizo en el hecho relevante enviado poco antes de su junta de accionistas, "que se ha visto involucrada en este tema en los últimos meses y que ha afectado su reputación".