Desmontando las obviedades de Galán: una maniobra para tapar la imputación

Ignacio Sánchez Galán ha pasado de exhibir su fuerza con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dos de sus ministras, en la presentación de un proyecto energético a financiar con los fondos Next Generation EU que recibirá Iberdrola, a recibir el recado de la Fiscalía Anticorrupción, que va a pedir hoy formalmente su imputación por los pagos de Iberdrola a José Manuel Villarejo. Un asunto que trae de cabeza a la compañía eléctrica y a su presidente, que este martes por la tarde, ante la sospecha fundada de que tendría que acudir a la Audiencia Nacional, se ofreció a acudir de forma voluntaria a dar explicaciones al juez año y medio largo después de que se conocieran las primeras informaciones.

Este paso inédito en una empresa del Ibex 35, formulado con el boato de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pretende demostrar que Iberdrola ha colaborado con la Justicia desde que El Confidencial publicó los primeros audios y documentos que vinculaban la compañía con el comisario jubilado de Policía. El de ayer fue un escrito en defensa propia por el presunto daño reputacional que está sufriendo la empresa desde el otoño de 2019, del que se estaban aprovechando, "por intereses espurios", exdirectivos y, según la eléctrica, competidores, en clara referencia a ACS.

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Para protegerse de estos ataques, Iberdrola no ha dudado en poner demandas y querellas a todo aquel, incluido Florentino Pérez, que ha osado moverse. Pero no todo han sido objetivos de perfil alto. Esta semana, se dirime en un juzgado de Bilbao una querella contra José Antonio del Olmo, un administrativo anónimo ya jubilado que, en su día, cuando vio determinadas irregularidades en los pagos a Villarejo, depositó ante notario la relación de los hechos para que, en caso de que algún día se levantasen las alfombras, no cayese sobre él ninguna responsabilidad penal.

Del Olmo, al que se intentó convencer desde Iberdrola para que no confirmase la veracidad de los papeles publicados por este medio, cosa que hizo en sede judicial en dos ocasiones, ha sido acusado de poseer determinada documentación confidencial y de aprobar pagos desde dos filiales radicadas en Massachusetts, Estados Unidos, a dos fundaciones de Unió Democràtica de Catalunya, el partido de Josep Antoni Durán Lleida, hoy consejero de Aena.

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Pero, pese a todas estas maniobras tanto defensivas como intimidatorias, preparadas con la colaboración de numerosos bufetes de primer nivel, como Uría y Menéndez, Garrigues, Albiñana y González Franco, el escrito a la CNMV concluye con una obviedad tan elemental que no afectará mucho al juez Manuel García-Castellón. El escrito remitido por Julián Martínez-Simancas, secretario del consejo de administración y la mano derecha de Galán en todos los asuntos delicados, finaliza con que la comisión ejecutiva ha decidido "poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción n.º 6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera, facilitar la finalización de la investigación en curso".

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Un ofrecimiento innecesario, porque cualquier ciudadano tiene la obligación de estar a disposición de la Justicia. Aun así, el magistrado le va a hacer caso y le va a llamar presuntamente a declarar estos días. No como testigo, que es lo que pretendía el comunicado, sino previsiblemente como imputado, lo que tiene connotaciones muy distintas, tanto personales como profesionales, para la presidencia de Iberdrola.

Como han hecho BBVA, CaixaBank y Repsol, empresas absolutamente presidencialistas en la época en que contrataron a Villarejo, la estrategia de capas de cebolla o muralla implementada por Iberdrola es perimetrar cualquier potencial irregularidad, en el caso de que las hubiere, a los responsables de Seguridad, Administración y Control. Personajes anónimos la mayoría, algunos de los cuales, sin embargo, Galán recibió en su propio domicilio para despachar sobre el caso conforme se iban conociendo datos y facturas. Una de ellas, impuesta incluso antes de que el jefe de Seguridad se incorporase a Iberdrola, es clave para el caso, según declaración de algunos de los testigos. Clave para saber hasta dónde y hasta quiénes llegaba la supuesta trama, de la que la compañía es, hasta que se demuestre lo contrario, presunta inocente.