La Fiscalía pedirá al juez que impute a Sánchez Galán por los espionajes de Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción pedirá al instructor del caso Villarejo, el juez Manuel García-Castellón, que cite a declarar en calidad de investigados al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; al consejero-director de Negocio y número dos de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles, y al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker por su presunta implicación en los pagos de la cotizada al comisario de la Policía Nacional para financiar operaciones de espionaje irregulares contra supuestos adversarios políticos y empresariales.

La petición del Ministerio Público llega tras dos años de instrucción de la pieza separada número 17 del llamado caso Tándem sobre los vínculos de Iberdrola con Villarejo, y justo después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, encargada de las diligencias del procedimiento, remitiera al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional un análisis de nueve grabaciones en las que el propio Villarejo y el exdirector de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo involucran a Sánchez Galán en las investigaciones presuntamente ilegales refiriéndose a él como “señorito” y “don Ignacio”. En otros audios desvelados por este diario en noviembre de 2019, los mismos protagonistas lo llamaban “presi”.

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El escrito de la Fiscalía contra Sánchez Galán también es el resultado de las declaraciones que ha prestado en sede judicial el ex responsable de Control y Administración del grupo José Antonio del Olmo, que en 2004 denunció en un documento interno que recibió instrucciones para autorizar los pagos a Villarejo y camuflarlos mediante supuestas facturas falsas con una tercera empresa de seguridad. En ese documento, desvelado también por este diario, Del Olmo aseguró que ese sistema “totalmente confidencial” era conocido por Sánchez Galán, Martínez Córcoles y Becker, precisamente los tres directivos a los que apunta ahora el Ministerio Público.

La propia Iberdrola ha reconocido que, entre 2004 y 2017, abonó al agente encubierto al menos 1,13 millones de euros. La compañía mantiene que no hay ninguna irregularidad en los pagos, pero las diligencias apuntan a que los fondos fueron utilizados por el comisario, en una época en que se encontraba en activo, para espiar a rivales de la eléctrica en operaciones de vigilancia que no contaban con ningún tipo de autorización judicial.

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Entre esas investigaciones irregulares, se encuentran el espionaje a políticos y líderes ecologistas que se oponían a la construcción de una planta de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz); una investigación contra líderes sindicales de la central nuclear de Cofrentes; una operación contra su principal competidor, Endesa, y en especial contra su expresidente Manuel Pizarro, e indagaciones sobre otro de los mayores rivales de Sánchez Galán, el presidente de ACS, Florentino Pérez. Solo para este último trabajo, la multinacional de Bilbao transfirió a Villarejo 232.000 euros.

Por esos pagos a Villarejo cuando aún pertenecía al Cuerpo Nacional de Policía, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Sánchez Galán, Martínez Córcoles y Fernando Becker habrían incurrido en un presunto delito de cohecho. Pero también se exponen a otras acusaciones. El último informe de Asuntos Internos incorporado al sumario concluye que, en esas operaciones, el comisario accedió a información de carácter reservado sobre sus objetivos, sobre todo, datos de llamadas entrantes y salientes de teléfonos móviles. Ese detalle sienta las bases para que también se atribuya a los directivos de Iberdrola un presunto delito de revelación de secretos.