Iberdrola premia a la responsable de la investigación de los pagos a Villarejo y Kroll

Ignacio Sánchez Galán no suele dar puntada sin hilo. Lo ata todo muy bien. El presidente de Iberdrola aprobó el pasado 23 de febrero el ascenso de Dolores Herrera, la responsable de la Unidad de Cumplimiento y una de las personas más importantes para la compañía en el último año por el caso Villarejo, a la cúpula directiva de la eléctrica, lo que supondrá un aumento de sus emolumentos, incluido un mayor paquete de acciones. La remuneración media de la cúpula del ingeniero salmantino ascendió a 2,45 millones el pasado año.

Su promoción fue adoptada un día antes de la celebración del consejo de administración en el que se aprobaron los resultados de 2020 y en el que se difundió el informe de gobierno corporativo. En dicho documento, Iberdrola dedica un anexo especial a dar los detalles sobre cómo le impactaría la vinculación con José Manuel Villarejo desde el punto de vista jurídico y reputacional, asunto del que se ha encargado Herrera en primera persona en el último año y medio.

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La licenciada en Derecho y Ciencias Económicas por Icade fue la persona designada por Galán en octubre de 2019 para liderar el informe interno con que el presidente de la eléctrica quiso conocer con detalle la legalidad de los pagos a Villarejo, el comisario de Policía al que contrató para una serie de trabajos que están siendo investigados en la Audiencia Nacional dentro del caso Tándem.

Tras el despido de Antonio Asenjo, jefe de Seguridad, por las polémicas grabaciones publicadas por El Confidencial, la responsable de la Unidad de Cumplimiento encargó un informe 'forensic' a PwC para que analizase toda la documentación interna de las facturas abonadas a Villarejo o a proveedores de esta área que pudieran haber sido sociedades pantalla del comisario, que ayer salió de prisión después de tres años y medio en la cárcel.

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Tras varios meses de investigación interna, interrogatorios a varios directivos e inspección de ordenadores y móviles, PwC constató que los 17 pagos, por 1,07 millones de euros, habían sido legales y conforme a las normas éticas de Iberdrola. Herrera presentó dicho estudio al consejo de administración, que lo validó el pasado año, pese a que no se contó con la versión de Asenjo, quien se negó a cooperar las cinco veces que se solicitó su participación.

Herrera hizo la semana pasada ante el consejo una actualización de las pesquisas internas, ya que la compañía decidió ampliar la investigación a las facturas pagadas a la agencia de detectives Kroll Associates Iberia y K2 Intelligence Iberia después de que este medio publicara que pagó servicios por cerca de 10 millones de euros. Unos contratos que han sido solicitados por el juez de la Audiencia Nacional para comprobar si, en realidad, eran facturas vinculadas con Villarejo, como presuntamente habría sucedido con las abonadas a Castellana de Seguridad (Casesa).

Iberdrola ha solicitado que Kroll y K2 Intelligence aseguraran que todas las facturas se correspondían a trabajos reales

Tanto Iberdrola como Casesa negaron con un comunicado oficial que las facturas emitidas a nombre de esta última, con motivo de un presunto espionaje a políticos andaluces para instalar una central de ciclo combinado, tuviesen nada que ver con el polémico comisario. Pero la Agencia Tributaria envió al magistrado las transferencias entre esta empresa de seguridad y Cenyt, el 'holding' de Villarejo.

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En el informe de gobierno corporativo enviado a la CNMV la semana pasada, Iberdrola subraya que en los pagos a Kroll y K2 Intelligence, "con base en la información de que se dispone, no se ha identificado tampoco evidencia de ninguna conducta ilegal ni contraria a las normas que conforman el sistema de gobierno y sostenibilidad".

Según fuentes próximas al caso, Iberdrola ha solicitado, como hizo con Casesa, que Kroll y K2 Intelligence emitieran un comunicado en el que aseguraran que todas las facturas se correspondían a trabajos reales y que ninguno de ellos tuvo relación alguna con Villarejo. Sin embargo, estas fuentes indican que estas compañías han declinado hasta el momento hacer ninguna valoración sobre dichos encargos. Especialmente Bruce Goslin, exagente de la CIA, los servicios secretos estadounidenses, que dirigió ambas compañías en España.