Iberdrola ofrece el testimonio de Galán para evitar el daño reputacional por Villarejo

Iberdrola se pronuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el caso del comisario José Manuel Villarejo. La compañía ha lanzado un comunicado al regulador financiero dividido en doce puntos, entre los que reconoce el daño reputacional por dicho proceso judicial y explica que pone a disposición sus administradores y empleados, incluido su presidente, Ignacio Sánchez Galán, para que testifiquen ante el juzgado que tramita las diligencias previas de la pieza 17 del caso.

Justo este martes, El Confidencial informa de que la Fiscalía Anticorrupción pedirá al instructor del caso Villarejo, el juez Manuel García-Castellón, que cite a declarar en calidad de investigados a Sánchez Galán junto con el consejero-director de Negocio y número dos de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles; y al expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, por su presunta implicación en los pagos de la cotizada al comisario de la Policía Nacional para financiar operaciones de espionaje irregulares contra supuestos adversarios políticos y empresariales.

En un comunicado firmado por el secretario del consejo de administración, Iberdrola subraya que "en relación con el caso Villarejo, cuya investigación judicial ya se prolonga varios años, [la compañía] lleva sufriendo, concretamente desde 2018, un significativo desgaste reputacional".

"Como consecuencia de todo ello", dice la carta tras enumerar una serie de puntos sobre los hechos y el impacto sufrido, Iberdrola pone "a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera facilitar la finalización de la investigación en curso".

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"La tramitación de la pieza 17 del caso Tándem ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía, lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y de su reputación, protegiéndose de actos de denigración, y en reclamación de los daños producidos, incluso presentando, cuando ha sido necesario, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos, ambas admitidas por los correspondientes órganos judiciales", especifica el comunicado de Iberdrola.

"Estas declaraciones e informaciones, ajenas a los intereses de la Justicia, se han dirigido a propagar sospechas sobre la Sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores", matiza el documento. "Dichas actuaciones vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos ex directivos y competidores que tan solo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia compañía".

El secretario del consejo de Iberdrola especifica que, "en este sentido, no es baladí recordar que Iberdrola es el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas españolas del Ibex 35, y que las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado".

Repaso cronológico

En el comunicado de este martes, Iberdrola hace su propio repaso cronológico de los hechos de un proceso judicial. La compañía cita mayo de 2018 como la fecha en la que se produjo la primera noticia en prensa al respecto de la supuesta contratación de los servicios de espionaje ofrecidos por Cenyt, la compañía del comisario Villarejo. A partir de esa fecha, la compañía dice en el hecho relevante que "identificó diecisiete facturas abonadas por Iberdrola".

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"La dirección de Auditoría Interna realizó en los años 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación del señor Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente", añade la empresa.

Con la apertura de la pieza 17 en el caso Tándem en noviembre de 2019, el juzgado número 6 hizo un requerimiento de información "muy exhaustivo" en relación con l"a contratación, la contabilización y el pago de los servicios prestados por Cenyt a Iberdrola y con el Sistema de Cumplimiento de la Sociedad", dice el hecho relevante de iberdrola. La compañía entregó el material "en relación con los servicios que había contratado (los de Iberdrola correspondientes a los ejercicios 2004 a 2009 y los de Iberdrola Renovables Energía a los ejercicios 2012 y 2017)".

"La Unidad de Cumplimiento, sobre la base de la documentación disponible en la Sociedad, que fue recopilada y aportada al Juzgado, y valiéndose además de la información que fue apareciendo en prensa acerca del contenido de los autos, que estaban declarados secretos, realizó una completa investigación interna, complementada por un informe 'forensic' encargado a PriceWaterhouseCoopers (PwC), a quien se solicitó una investigación absolutamente independiente y sin limitación, ni intervención alguna en cuanto a su alcance, por parte de la Compañía", subraya entonces Iberdrola en el hecho relevante.

Según Iberdrola, el 'forensic' resultó en la revisión de "un número muy importante" de documentos, realización de entrevistas y análisis de ordenadores y dispositivos móviles, actualizándolo de forma sucesiva y compartiendo el mismo con el juzgado. "De dicho informe no ha resultado evidencia de ninguna relación del señor Villarejo con sociedades del Grupo Iberdrola distinta de la documentada en las diecisiete facturas referidas, ni tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las Direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas", sostiene la empresa.