Iberdrola ordenó pagos a la fundación de Unió a través de 3 filiales en Massachusetts

Iberdrola financió a Unió Democràtica de Catalunya (UCD), la formación política dirigida por Josep Antoni Duran i Lleida e integrada en Convèrgencia i Unió (CiU). Según documentación oficial, la compañía eléctrica española ordenó al menos tres pagos a una fundación vinculada al partido catalanista en 2012, momento en el que Artur Mas, el líder de CiU, lideró el movimiento independentista contra España. Las facturas fueron contabilizadas desde tres filiales del grupo eléctrico español en Massachusetts, Estados Unidos.

En concreto, el 18 de mayo de 2012, Iberdrola ordenó a Central Maine Power Company, Maine Electric Power Company y Norvarco realizar tres transferencias bancarias a una cuenta de CaixaBank a nombre del Institut d´Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, fundación conocida como Inehca y constituida por Unió como 'think tank' democristiano. Estas tres compañías, radicadas en Massachusetts y que dan servicio de electricidad a ciudadanos de Maine y Nueva York, hicieron tres pagos de 100.000 euros cada uno a beneficio de la fundación Inehca, perteneciente a Unió.

Estos abonos, confirmados oficialmente por Iberdrola, se ordenaron desde España después de varios contactos entre Antonio Asenjo, director de Seguridad de Iberdrola, y miembros destacados del partido catalanista integrado en la coalición CiU. La documentación está vinculada a la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo para esclarecer los pagos de la compañía eléctrica al comisario de policía José Manuel Villarejo.

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La fundación de Unió había recibido otros pagos de Iberdrola, pero desde sociedades radicadas en España. Un informe del Tribunal de Cuentas del que informó El País en 2015 mostraba que grandes empresas del Ibex habían donado 2,74 millones de euros al 'think tank' catalán entre 2009 y 2013. Entre ellas figuraba la Fundación Iberdrola, con domicilio en Madrid. Desde Inehca se señaló entonces que esas donaciones fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y no dieron lugar a salvedad alguna. En este caso, en cambio, se trata de órdenes de pago ejecutadas desde filiales ubicadas en EEUU, y de las que los propios empleados de Iberdrola en el país norteamericano pusieron en duda su legalidad.

Fuentes oficiales de Iberdrola han corroborado los pagos “de tres sociedades de los EEUU con destino España”. Según su versión, la orden fue dada por José Antonio del Olmo, el contable o 'controller' que se ha convertido en el testigo clave del caso Villarejo. La compañía sostiene que Del Olmo siguió la indicación de “la abogada de temas corporativos, quien no había informado de la operación a los responsables de los servicios jurídicos de Iberdrola”.

Esta abogada fue Maria de la Torre, persona de confianza de Fernando Becker, en aquel momento mano derecha del presidente, Ignacio Sánchez Galán. Según distintas fuentes, De la Torre aplicó las instrucciones recibidas desde los altos mandos de Iberdrola. Becker, que fue responsable del Departamento Financiero, de Recursos Humanos, de Relaciones Institucionales y vicepresidente de la Fundación Iberdrola, ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información. El directivo dejó el grupo en febrero de 2018.

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Desde el grupo energético, han declinado aclarar cómo funcionó la cadena de mandos para que el dinero de las tres filiales de Massachusetts acabara en manos de una fundación catalana adscrita a Unió, al señalar que ninguna de esas personas está ya en la compañía. Otras fuentes indican que se solicitó la devolución de los 300.000 euros a la fundación del partido de Duran i Lleida una vez que la unidad de control de "Iberdrola USA alertó sobre la posible disconformidad a derecho de la operación a los responsables jurídicos internos tanto de EEUU como de España".

Para ello, Julián Martínez Simancas, responsable de los asuntos legales en ese momento y actual secretario del consejo de administración, pidió “informes independientes al despacho español CMS Albiñana, que dictaminó que la operación podía no ser conforme a derecho”. “Consecuentemente, Iberdrola procede a retroceder la operación y la deja sin efecto”, asegura Iberdrola, que trasladó el problema a la Comisión del Código Ético (hoy Comisión de Cumplimiento, la misma que investiga los pagos a Villarejo) para “la investigación de una posible responsabilidad de los intervinientes”. Sin embargo, dicha comisión concluyó que “no cabe acometer acción alguna, ya que la operación no se ha llegado a ejecutar al cancelarse los pagos”.

'Visca Catalunya illure'

Otras fuentes indican que, en realidad, los pagos sí se hicieron, a la cuenta de Inehca en CaixaBank. Pero una vez cometida la irregularidad, admitida en el informe de Albiñana tras la advertencia recibida desde Estados Unidos, la compañía solicitó el reintegro de los 300.000 euros a Unió. Desde Iberdrola, agregan que “los controles internos funcionaron, y cualquier responsabilidad que pretenda imputarse carece de sentido, ya que cuando se estudió jurídicamente la operación, se comprobó que no era viable desde el ángulo legal y, por tanto, no se terminó realizando”.

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Aquella orden de pago y su presunta devolución coincidieron en el tiempo con la intervención de Duran i Lleida en el Consell Nacional de CiU, en el que gritó "amunt, avant, visca Catalunya lliure!" ("¡arriba, adelante, viva Cataluña libre!"), así como su participación en la gran manifestación de la Diada en la que se reclamó un Estado propio para Cataluña. Duran i Lleida, que posteriormente se retractó de esa posición en favor de la independencia, asegura desconocer cualquier detalle de la financiación de Inehca.

Esta fundación fue declarada en concurso de acreedores en 2018, un año después de que Unió quebrase, con una deuda impagada, principalmente a CaixaBank, de 22 millones de euros. Duran i Lleida dejó la política en 2017 y en enero de 2019 fue nombrado consejero de Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles. Su designación fue propuesta por Maurici Lucena, que ahora ha anunciado que abandonará el cargo de consejero delegado para ir en la candidatura de Salvador Illa a las elecciones catalanas.

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