Los tiempos de la Fiscalía evitan a Sánchez Galán el 'juicio' de sus accionistas
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Días después de la junta de accionistas

Los tiempos de la Fiscalía evitan a Sánchez Galán el 'juicio' de sus accionistas

La solicitud de imputación se produce solo cuatro días después de que Iberdrola celebrara una junta en la que obtuvo un respaldo mayoritario a la gestión del consejo

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Los tiempos de la Justicia se han aliado, de momento, con Iberdrola. La solicitud por parte de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional de la imputación del presidente del grupo eléctrico, Ignacio Sánchez Galán, conocida este martes, representa una amenaza considerable para la estabilidad de la compañía, pero con un potencial para causar dificultades a corto plazo muy inferior a lo que podría haber sido de haber llegado apenas unos días antes.

No puede obviarse que hace apenas cinco días, el consejo de Iberdrola se veía las caras con sus accionistas en una junta sobre la que inevitablemente sobrevolaron todas las cuestiones relativas a la investigación de las relaciones de la compañía con el comisario José Manuel Villarejo, pero que se saldó con un respaldo mayoritario a todos los acuerdos propuestos por el grupo.

La intención de la Fiscalía trascendió días antes de las juntas de Avangrid e Iberdrola

Las intenciones de la Fiscalía de solicitar la imputación de Sánchez Galán trascendieron hace cerca de un mes, en un momento especialmente crítico para el gigante eléctrico español, que enfrentaba en las siguientes semanas dos citas clave. El 1 de junio estaba fijada la junta de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola. Aunque el grupo español controla hasta el 80% del capital, la posibilidad de una revuelta de los accionistas minoritarios por el daño reputacional que podría derivarse a la compañía por los avatares judiciales de Iberdrola no podía descartarse del todo, en un momento en que los criterios ESG (de medioambiente, sostenibilidad y gobernanza) parecen cada vez más presentes en las actitudes de los inversores. Y este riesgo parecía mucho más notorio en la junta que la propia Iberdrola debía celebrar el día 18.

Pero tanto en uno como en otro encuentro el consejo de Iberdrola pudo esquivar las cuestiones judiciales ante la falta de avances significativos en las investigaciones. De hecho, en los días previos a la reunión, los principales 'proxy advisors' (firmas especializadas en asesorar a los accionistas sobre el sentido en que deben orientar sus votos en las juntas) coincidieron en aconsejar a los accionistas de Iberdrola que respaldaran todas las propuestas de la compañía en la junta, pese a admitir los daños que presumiblemente podrían afectar al grupo por el caso Villarejo.

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En general, la idea defendida por estas firmas ha sido que, en el estado en que se encontraba la investigación, resultaba prematuro posicionarse en contra de los directivos de la compañía. Solo Calvert-Lewis, un fondo pionero en asuntos ESG con una presencia muy limitada en el capital de Iberdrola, llegó a recomendar votar en contra de la gestión del consejo y de la renovación de los consejeros que pudieran tener algún tipo de vinculación con la contratación del comisario. En cambio, Glass Lewis e ISS se mostraban partidarias de esperar nuevos desarrollos. "No hay argumentos suficientes para oponerse a la propuesta en este momento. Sin embargo, el resultado de las investigaciones judiciales puede suponer votos en contra en futuras juntas de accionistas", señalaba ISS en su nota previa a la junta.

Ahora, en cambio, la imputación de Sánchez Galán podría representar un cambio de escenario de suficiente calado para que estos grupos se replanteen su lectura de la situación. No en vano, y aunque varias compañías del Ibex se han visto ya salpicadas por investigaciones relacionadas con el caso Villarejo, supondría la primera medida judicial de este calado que afectaría a un cargo ejecutivo en activo.

En el mercado, predomina la idea de que un relevo forzoso de Galán generaría tensiones

Y este papel ejecutivo y director del presidente de Iberdrola es una de las cuestiones que más inquietan en el mercado, ante la eventualidad de que el desarrollo de la investigación judicial pusiera en riesgo su puesto. Entre los expertos, predomina la idea de que un relevo forzoso en la dirección de una compañía que no parece tener aún definido un plan de sucesión desencadenaría incertidumbres en el mercado, aunque confían en que la existencia de un plan estratégico a largo plazo y de un equipo gestor reconocido mantendría contenida la amenaza.

En cualquier caso, sin citas relevantes en la agenda de Iberdrola en los próximos trimestres —al margen de las más o menos rutinarias presentaciones de resultados—, Iberdrola puede confiar en que, de momento, la concreción de la imputación de Sánchez Galán pueda absorberse sin demasiadas turbulencias internas. Eso sí, si la dilación de la Fiscalía en solicitar que el directivo pase a ser investigado ha podido jugar esta vez a su favor, no puede obviarse el riesgo de que un alargamiento del proceso acabe virando en su contra. Al fin y al cabo, la junta del próximo año podría no resultar tan lejana si se mide según los tiempos de la Justicia.

Los tiempos de la Justicia se han aliado, de momento, con Iberdrola. La solicitud por parte de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional de la imputación del presidente del grupo eléctrico, Ignacio Sánchez Galán, conocida este martes, representa una amenaza considerable para la estabilidad de la compañía, pero con un potencial para causar dificultades a corto plazo muy inferior a lo que podría haber sido de haber llegado apenas unos días antes.

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