Galán esgrime ante Ribera los 3.400 M que perdería España ante un cambio de sede

La tensión entre el Gobierno y las eléctricas sigue en plena ebullición a la espera de conocer hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la letra pequeña del real decreto anunciado este martes por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una norma con la que presuntamente minorará los beneficios de las grandes compañías del sector para tratar de frenar la escalada de la luz.

Según han asegurado varias fuentes próximas a las conversaciones, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha llegado a poner encima de la mesa lo que supondría para España el cambio de la sede social y fiscal de la matriz, que paga 3.380 millones al año en impuestos, si el Ejecutivo pone en riesgo el interés de sus accionistas.

Según estas fuentes, Iberdrola ha llevado a algunas de las reuniones con los representantes del Gobierno el informe fiscal que la compañía elabora desde 2018 para justificar su aportación a las economías en las que opera y atacar así la percepción general de que “las multinacionales, en general, pagan pocos impuestos”. El grupo, que tributa actualmente en Bilbao, abona 7.475 millones al año de impuestos, el 41% de sus beneficios. De esa cantidad, casi 3.400 millones los deja en la Hacienda española, que se queda con el 43% de lo que gana la compañía energética, según el documento sobre la contribución tributaria 2020.

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Iberdrola ha puesto encima de la mesa del antiguo Ministerio de Energía este informe para comunicar al Gobierno lo que perdería el país en el caso de que trasladase su sede fiscal fuera de España. Una posibilidad que Galán ya esgrimió en su enfrentamiento con el anterior ministro, Álvaro Nadal, hasta el punto de que llegó a decir “me siento más inglés que español”, cuando el Partido Popular presentó una reforma energética a la que se opuso de forma visceral el presidente de la mayor eléctrica española. "Aquí solo tenemos pleitos", aseveró.

Más aún, Galán le ha transmitido al Gobierno de Pedro Sánchez que la compañía que preside aporta 11.000 millones al producto interior bruto (PIB) nacional, cantidad que se reduciría de forma muy significativa si trasladase sus inversiones a otro país. Una amenaza que ya ha lanzado formalmente cuando hace apenas una semana Iberdrola distribuyó fotos con el primer ministro británico, Boris Johnson, para anunciar nuevos proyectos en el Reino Unido por 7.000 millones, mientras deslizó que paraba los de España.

Fuentes próximas al grupo energético, cuyo principal accionista es un fondo de inversión de Qatar, indican que se trata de un órdago más del ingeniero salmantino contra el intento del ministerio de Teresa Ribera de cargar el coste social de la subida de la luz a las compañías eléctricas. Matizan que Iberdrola difícilmente se llevaría la sede social fuera de España por el arraigo nacional y en el País Vasco, así como por los numerosos accionistas particulares históricos. Pero agregan que nada es descartable, dado el nivel de beligerancia de Galán, que ha acusado al Gobierno de “cometer errores por falta de información”, le ha exigido “corregir aquello que no se ha hecho bien”, al tiempo que le ha aconsejado que “rectificar es de sabios”. En Moncloa, calificaron estas manifestaciones a través de una nota de prensa como de "un calentón".

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Unos términos nunca vistos en un presidente del Ibex 35 contra la Administración que gestiona el BOE, y que defiende porque “es legítima la obligación del grupo Iberdrola de maximizar el retorno económico de sus accionistas, lo que lleva, siempre dentro de la estricta legalidad, a garantizar el máximo beneficio posible e incrementar la rentabilidad de sus accionistas”. La eléctrica sostiene que, “como empresa cotizada, tiene un accionariado muy elevado y atomizado, distribuido entre instituciones, fondos de pensiones y personas físicas que confían en la sociedad como un medio que les permite garantizar una renta futura”.

Para Iberdrola, “el número de tributos energéticos que existen en España, que gravan de forma específica y única la actividad de producción de energía eléctrica, y que vienen establecidos por los diferentes niveles de las administraciones públicas (estatales, autonómicas y locales), lo que, además de complicar el panorama tributario, genera diferentes categorías de tributos que, en ocasiones, se solapan entre sí, da lugar a supuestos de doble imposición o a situaciones que podrían entenderse alejadas del paradigma de lo que debe ser la justicia tributaria”.

Galán pone como ejemplo que los impuestos han supuesto el 61% de la facturación del sector en el negocio nuclear, cuyos precios de mercado no han cubierto los costes operativos, “abocando a un flujo de caja negativo, lo que pone de manifiesto la imprescindible reforma fiscal en el sector energético”. Más aún, considera que el Gobierno camufla “bajo una supuesta finalidad medioambiental” tributos que no van dirigidos a disminuir las emisiones de CO₂, ni a modificar la actividad del contribuyente. Ni siquiera "la recaudación de esos tributos está afecta a finalidades medioambientales".

Iberdrola ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información.