Nueva moratoria para los créditos del ICO: 450.000 pymes y autónomos están en vilo

Hace semanas se dio la voz de alarma. Urge otro año de carencia para las líneas de financiación avaladas por el ICO. A falta de seis meses para los primeros vencimientos, a partir de marzo y abril de 2021, la comunidad empresarial y el colectivo de autónomos han trasladado a la banca y al propio Ministerio de Economía la necesidad de modificar las condiciones originales (pago en cinco años, con el primero de moratoria) ante la evolución de la crisis. Si no se amplían los plazos para el pago unos 450.000 autónomos y pymes podrían tener "serios problemas para pagar", según las estimaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), integrada en la CEOE.

Este mismo fin de semana, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha pedido que se reaccione ya con medidas económicas a la segunda ola del coronavirus porque, de lo contrario, será tarde cuando se haga mientras se pierden empleos. Pese a los cerca de 80.000 millones avalados por el ICO (en cinco tramos) hasta el verano, su diseño estaba concebido para una crisis corta, como explican desde CEOE, pero la evolución de la crisis sanitaria y su derivada económica hace imperiosa la necesidad de ampliar los plazos.

Por el momento, parece que hay una voluntad clara de las partes para hacerlo y las negociaciones van por el buen camino. "Se están estudiando periodos de carencia que van desde los 6 hasta los 18 meses y podrían aplicarse por sectores", reconoce un interlocutor empresarial para explicar el punto de las conversaciones con el equipo de Nadia Calviño. Sin embargo, más allá de la disposición para hacerlo, "el Gobierno tiene que cambiar el marco normativo de los avales y la regulación financiera específica para que las partes puedan cambiar su acuerdo".

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Agencias

Tanto empresas como bancos van de la mano en esta negociación para una nueva moratoria. Las entidades financieras han asumido un riesgo de 25.000 millones en el plan de choque liderado por Economía a través del ICO, y cualquier riesgo de quiebra por la crisis puede obligarlas a importantes provisiones o incluso llegar a generar pérdidas. De hecho, un informe reciente de Alvarez & Marsal apunta que las españolas se encuentran en una situación límite por los efectos de la pandemia y que hasta una de cada siete empresas tiene posibilidades de desaparecer.

La situación macroeconómica solo da razones para ver el vaso medio vacío y prepararse para un escenario de emergencia empresarial. Las cifras de consumo y de consumo eléctrico que se van conociendo muestran caídas significativas y, sobre todo, muy superiores a las que se estimaban antes del verano, cuando el escenario de rebrotes de covid-19 se planteaba más benigno que el actual. Las exportaciones tampoco acompañan: en agosto sufrieron una recaída y retrocedieron un 9% respecto al mismo mes del año anterior. Y a todo ello se suma que los fondos europeos -los 140.000 millones a las que medio país se ha encomendado para salir de la crisis- llegarán con sus propios ritmos y no con los que necesitaría la economía española.

Con todo, una recuperación en forma de W -con una nueva recaída del PIB antes de la recuperación definitiva- tiene cada vez más números. Ante este panorama, el tiempo puede ser la clave para determinar la viabilidad de empresas y autónomos. Por ello, también los bancos sostienen que ampliar las carencias y los vencimientos de la financiación del ICO evitaría problemas financieros puntuales a compañías que a finales de 2021 podrían estar remontando el vuelo. Para ello, también es clave que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) mantenga la actualidad flexibilidad contable, que les permite no asumir pérdidas por los créditos ICO a empresas con debilidades.

Hay quienes defienden la necesidad de articular instrumentos para recapitalizar a las compañías, no de endeudarlas más con otros calendarios

El panorama ya es poco alentador a falta de un trimestre para terminar el año. En los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el 80% de las empresas inmersas en proceso concursal son de sectores muy afectados por la covid-19 (hostelería, turismo, transporte y manufacturas), según los datos de Informa (filial de CESCE), siendo más de 1.600 los concursos registrados en todo el país, con especial impacto entre las micro y pequeñas empresas y con Cataluña como el territorio más afectado, además de Madrid y Valencia. Y eso a pesar del ICO.

Por todo esto, algunos agentes económicos consideran que la fórmula empleada debe ser revisada de forma integral. En este sentido, hay quienes defienden la necesidad de articular instrumentos para recapitalizar a las compañías, no de endeudarlas más con otros calendarios. Alvarez & Marsal estima que al menos se necesitarían al menos 136.000 millones adicionales, además de los cerca de 100.000 inyectados con el ICO y los 70.000 de libre disposición de los fondos europeos, para sobrevivir en el futuro y recuperar los niveles de solvencia previos al covid-19.

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Agustín Marco

Esta semana, la ministra Calviño aseguró que su Ministerio está trabajando para "que los problemas de liquidez de las empresas no se conviertan en un problema de solvencia que pongan en peligro la continuidad de empresas perfectamente viables". Una solución podría ser la creación de fondos de inversión, de capital público y privado, para recapitalizar y dotar de solvencia adecuada a las compañías, una medida ya existente Francia, Italia o Alemania, que está defendiendo la patronal del capital riesgo Ascri. Y todo esto sin abrir el melón del final de los ERTE.