El Gobierno se gasta 42M en asesores para rescatar empresas en quiebra por el covid

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha lanzado un concurso público para elegir a asesores financieros y legales que la ayuden a gestionar el fondo de rescate constituido por el Gobierno de Pedro Sánchez con 10.000 millones de euros para las empresas que eran viables antes de pandemia y a las que el impacto del covid-19 ha puesto a las puertas de la quiebra. Según documentación oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda gastará hasta 42 millones de euros en comisiones para retribuir a los bancos, consultoras, auditoras y despachos de abogados.

El concurso se va a resolver mediante lo que se conoce como 'tramitación de urgencia', dada la “inaplazable necesidad de contar con los servicios de apoyo externo con margen temporal suficiente para que el Consejo Gestor [de la SEPI y el Ministerio de Economía] pueda resolver en plazo las solicitudes que se presenten”. El organismo estatal ya ha recibido tres peticiones de rescate, encabezadas por Air Europa, que necesita al menos 400 millones de euros para sobrevivir, Duro Felguera, que ha solicitado 100 millones, y Celsa, que ha transmitido al Gobierno su voluntad de requerir 200 millones. Avoris, la agencia de viajes de Barceló, también ha contactado con la SEPI para que le preste otros 200 millones.

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En este sentido, el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, publicado en el BOE del 24 de julio, mandataba al Ministerio de Hacienda, a través de la SEPI, para que dentro de los 30 días siguientes a la publicación se produjera la puesta en marcha efectiva del fondo de rescate.

“Dado que el plazo máximo para resolver el procedimiento por el Consejo Gestor es de seis meses y las operaciones han de otorgarse hasta el 30 de junio de 2021, concurren claras razones de interés público para acelerar, por la tramitación de urgencia, la adjudicación del acuerdo marco, permitiendo la contratación de los concretos servicios de apoyo externo de los contratos basados en dicho acuerdo marco con la debida antelación al 31 de diciembre de 2020, lo que no resultaría posible si tuvieran que aplicarse los plazos generales del procedimiento abierto”, se describe en el pliego.

La SEPI ha convocado a numerosos bufetes de abogados, dada "la especial complejidad financiera y jurídica de las operaciones"

La SEPI ha dividido el contrato en dos partes. Por un lado, los asesores financieros que la ayuden a analizar la situación de insolvencia de cada empresa que solicite el rescate, la tasación para requerir las garantías adecuadas y la valoración de las compañías para saber con qué participación se quedaría el Estado en caso de impago. Por ejemplo, en el caso de Air Europa, el organismo público necesita saber cuánto vale actualmente la aerolínea propiedad de Globalia Corporación, el 'holding' de los Hidalgo, al que va a conceder un préstamo tradicional de unos 200 millones y otro participativo por la misma cantidad, que se convertiría en acciones de la empresa si no lo puede repagar a vencimiento.

Por otro lado, la SEPI ha convocado a numerosos bufetes de abogados, dada la "especial complejidad financiera y jurídica de las operaciones", como son las "cuantías, requisitos de entrada y salida, plan de viabilidad, decisiones estratégicas, múltiple pluralidad de unos instrumentos jurídicos y financieros complejos, siendo así que la referencia a deuda, híbridos, préstamos participativos o participaciones en el capital social no excluye otras formas de apoyo financiero".

Por todo ello, "en virtud de los factores anteriores, aparece el acuerdo marco como sistema de contratación más adecuado, por cuanto permite contar con una pluralidad de consultoras y firmas de abogados de primer nivel para hacer frente a un volumen grande, pero inconcreto, de solicitudes complejas y de importante cuantía, de una manera ágil, eficaz y con la mayor eficiencia en lo que al gasto público se refiere, ya que permite adecuar dicho gasto a la exacta y estricta necesidad de apoyo externo que concurra en cada momento y respecto de cada expediente".

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La institución tutelada por Hacienda estima que serán necesarios al menos unos 20 asesores por cada lote, un número amplio que le permitirá evitar conflictos de interés entre bancos, abogados, consultoras o auditoras que en su operativa normal hayan tenido relación mercantil previa con la empresa solicitante del rescate. El Estado prevé "un importante número de solicitudes de apoyo público temporal con cargo al fondo, que no es posible concretar o aproximar a un número determinado".

La factura total del contrato asciende a 42 millones de euros, más IVA. "En este importe, se han tenido en cuenta la duración prevista del acuerdo marco y el importe de la dotación inicial del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (10.000 millones de euros). La cifra indicada, equivalente al 0,42% de la dotación inicial del fondo, corresponde al gasto máximo estimado durante todo el plazo de vigencia del acuerdo marco, y tiene carácter meramente orientativo y no vinculante", indica el pliego.