El Gobierno tirará de asesores externos para analizar empresas que pidan el rescate

El fondo de apoyo a empresas estratégicas, que tratará de salvar compañías amenazadas con la quiebra por el covid-19, dotado inicialmente con 10.000 millones, se va a reforzar. Sus servicios técnicos van a contratar a asesores externos para los procesos de concesión de las ayudas, donde habrá que hacer análisis de elevada complejidad tanto desde el punto de vista legal como económico y financiero.

Fuentes del sector al tanto de los planes del Ejecutivo señalan que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) prepara un concurso público para contratar firmas especialistas en asesoramiento legal y financiero. El objetivo es que ayuden a la mejor toma de decisiones por parte del Consejo Gestor del fondo, el comité de altos cargos compuesto por diversos ministerios como Economía, Hacienda, Industria o Transición Ecológica, además de la propia SEPI, que manejará este fondo. No obstante, la decisión última la tomará el Consejo de Ministros.

El proceso de concesión de dinero público para rescatar empresas tiene que superar diversos pasos. Una vez que se decida entrar en el análisis de una solicitud de ayuda, la SEPI realizará una 'due diligence' que le permita conocer de la forma más fehaciente posible la situación de la empresa a rescatar, así como el montante final que se destinará, y que no tiene por qué alcanzar la solicitud que haga la compañía en cuestión.

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La licitación pública, que permita escoger la oferta más ventajosa para el Estado, cerrará acuerdos marco. Es decir, contratos de servicios con las consultoras, despachos o bancos de inversión que logren las adjudicaciones y que permitan pedir diferentes servicios en función de la complejidad que entrañe la compañía que se está analizando. Estos acuerdos se establecen para el tiempo que duren los análisis (no más de seis meses), tiempo durante el que el fondo puede apoyarse en los análisis técnicos que proporcionen las firmas privadas.

De esta forma, el Estado se dota de estos asesores para procesos de alta complejidad financiera y legal. De hecho, pronosticando ya la alta litigiosidad que se pueda derivar de aquellas firmas que se sientan agraviadas por no lograr ayudas, se ha dispuesto una sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para canalizar las demandas.

Esta no es la primera vez que los órganos del Gobierno tiran de asesores externos. En la concentración que hizo el FROB de las antiguas cajas que derivaron en Bankia, el ente dependiente del Ministerio de Economía contrató a Roland Berger y Oliver Wyman. Otro ejemplo está en la Abogacía del Estado, que al inicio de los arbitrajes frente a inversores de renovables por los recortes a las primas contrató al despacho internacional Herbert Smith Freehills.

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Aunque la intención del fondo es lanzar un proceso abierto, existen razones de urgencia que le permiten acortar los plazos del concurso público, que tendrá que resolverse en las próximas semanas.

Y es que ya hay tres empresas en dificultades que han solicitado formalmente información y otras tres que han ido un paso más allá y han presentado formalmente la solicitud de ayudas. Además, de forma más informal, muchas empresas se están acercando a este fondo de rescate, pero prefieren ser discretas, por el daño reputacional que puede causarles.

Hasta ahora, Duro Felguera ha anunciado su petición de 100 millones de euros. Globalia ha solicitado más de 400 millones. Se espera que otras firmas que están sufriendo la crisis, como Abengoa o Celsa, soliciten ayudas, aunque por ahora no han trascendido más nombres. Ninguno, por ahora, ha solicitado más de 1.000 millones.

El objetivo del Ejecutivo es salvar de la quiebra empresas estratégicas con aportes de capital en distintas modalidades (participación directa, préstamos convertibles, etc.) y posteriormente recuperar esos fondos. En los acuerdos de rescate, establecerá restricciones de interés general, como mantener el mayor número de empleos posible, que no se puedan sacar sedes y centros de trabajo fuera de España y además que no se repartan dividendos a los accionistas ni se establezcan bonus a los directivos.