Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, se encuentra ahora en ruinas. Una de cada tres personas no tiene suficiente para comer, y más de 4,6 millones de venezolanos —cerca de uno de cada 10— han abandonado el país.
Los 'boligarcas', hombres de negocios cercanos a los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro, su sucesor, contribuyeron a este desastre. La mayor parte de su fortuna es producto de contratos públicos, a menudo otorgados para proveer de servicios a la empobrecida sociedad venezolana.
Un conjunto de informes bancarios confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra cómo los 'boligarcas' sacaron miles de millones de dólares destinados a la vivienda y otros servicios fuera de Venezuela en pleno derrumbe de la economía. La información incluye más de 2.100 informes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), que distintos bancos entregaron a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La muestra incluye más de 2.100 informes de actividad sospechosa
Alejandro Ceballos Jiménez es uno de los siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen en los documentos que integran los FinCEN Files. Durante el gobierno de Chávez, la familia Ceballos ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas tratadoras de agua y otros proyectos, como la renovación del Poliedro de Caracas, uno de los recintos deportivos más importantes del país, además de un gran programa para construir millones de viviendas a precio asequible para los venezolanos de a pie. Lo hizo a través de Inversiones Alfamaq, empresa fundada en 1978 por su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos.
Procedentes de esos contratos, sacó por lo menos 116 millones de dólares hacia compañías 'offshore' y cuentas bancarias de familiares. “No hay un estado de Venezuela con el cual Alfamaq no haya trabajado en estos 37 años”, se jactaba Alejandro Ceballos sobre la empresa familiar en una entrevista de 2016.
Pero para entender mejor cómo se fraguó el entramado de lavado de dinero familiar de Ceballos, hay que remontarse a 2011. Ese año, Chávez anunció la Gran Misión Vivienda, un programa para construir dos millones de viviendas para las clases vulnerables. Fue una de las promesas más ambiciosas del presidente Chávez. La anunció asegurando que “el problema de la vivienda no puede resolverse desde el sistema capitalista”. “Aquí lo vamos a resolver con socialismo y más socialismo”, pronunció en la presentación.
El año siguiente, Venezuela otorgó un contrato de 126 millones de dólares a Energy Coal SPA, una empresa energética italiana, para construir 1.540 viviendas.
El trato comprometía al Gobierno venezolano a entregar coque —un combustible derivado del carbón— a la empresa italiana a cambio de las viviendas. Sin embargo, los italianos “no tenían la capacidad técnica o la experiencia” para construir los inmuebles, según determinó una investigación oficial realizada posteriormente. Por eso, Energy Coal subcontrató el trabajo a Sarleaf Limited, la sociedad, con sede en Londres, controlada por Ceballos y sus familiares.
En 2012, el Banco Espírito Santo, el que fuera la segunda entidad de Portugal, creó una cuenta de cheques para Sarleaf a través de la que se movieron los más de 100 millones de dólares fuera de Venezuela para la familia Ceballos. Entre las agencias públicas que pagaron enormes cantidades a las empresas de Ceballos —a través de una empresa tapadera instalada en Londres—, destacaban la empresa nacional venezolana de petróleo y un programa de combate a la pobreza llamado Misión Che Guevara.
Dos años después, en 2014, las autoridades de Estados Unidos empezaron a investigar la filial en Miami de Espírito Santo por sospechas de blanqueo de dinero relacionado con Venezuela. Tras la intervención del Banco Espírito Santo por parte de las autoridades portuguesas, la filial de Miami fue renombrada como Brickell Bank y adquirida en 2019 por la filial estadounidense del banco venezolano Banesco. Banesco USA manifestó que su oficina de Miami no cuenta con ejecutivos que lo fueran bajo la anterior propiedad y que tiene un robusto programa para combatir el lavado de dinero.
Un año después, en 2015, la Asamblea Nacional venezolana —controlada por la oposición— investigó a Ceballos por su participación en varios esquemas diseñados para robar recursos públicos. En una ocasión, fue señalado por intervenir en el desvío de 500 millones de dólares de una empresa paraestatal productora de aluminio y oro; en otra, colaboró en la venta fraudulenta de terrenos públicos en una zona turística llamada 'el Acapulco venezolano'.
Las investigaciones, que Ceballos tachó de “acusaciones sin fundamento” promovidas por “intereses sórdidos”, fueron archivadas. Ceballos no ha contestado a las solicitudes para una entrevista ni a las preguntas que envió el ICIJ, alegando que no podría cumplir el plazo en primer lugar, para dejar de responder cuando se le dio más tiempo.
Más de 4.800 millones de dólares
Pero el caso de Espírito Santo y Ceballos no es aislado. Entre 2009 y 2017, varios bancos informaron de transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por una cuantía total de más de 4.800 millones de dólares, según un análisis de ICIJ. Cerca del 70% afecta a recursos públicos y tiene como principal protagonista a una institución del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la empresa estatal de petróleo.
“Esta es la conexión que la gente no hace”, dice Zair Mundaray, quien trabajó como fiscal anticorrupción en Venezuela hasta que se exilió en 2017. Ahora es asesor del líder de la oposición, Juan Guaidó. “Todo lo que los venezolanos no tienen es por el dinero que salió del país”.
Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Bancos de menor tamaño, entre ellos, los bancos suizos CBH y el Julius Baer Group, también ayudaron a los millonarios venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas 'offshore' que escondían el origen del dinero.
Entre los clientes más prominentes de la entidad CBH, destacaba Alejandro Betancourt, quien a los 29 años fundó Derwick Associates, una empresa de energía que ganó miles de millones de dólares en contratos adjudicados sin licitación para arreglar la defectuosa red eléctrica de Venezuela.
Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela
En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ejecutivo de Derwick, Francisco Convit Guruceaga, y a otras siete personas por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero que involucró más de 1.200 millones de dólares.
A pesar de los esfuerzos de Betancourt para cerrar el caso —hasta contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump—, los fiscales siguieron cavando. En febrero, la máxima corte de Justicia de Suiza ordenó a CBH y otros bancos suizos que entregasen sus expedientes sobre Betancourt a los fiscales de Estados Unidos.
CBH negó su involucramiento en actos de corrupción vinculados con Venezuela. El banco vendió todas sus inversiones en Venezuela en 2013, según explicó el director jurídico, Christopher Robinson, a los socios de ICIJ del 'Miami Herald'. “CBH nunca ha participado, facilitado o tolerado lavado de dinero, corrupción, malversación o cualquier otro acto ilegal o transacciones bancarias ilegales”, explicó Robinson.
El Julios Baer Group fue otro banco suizo usado por los más altos ejecutivos de Derwick. Betancourt y Convint eran clientes personales de Matthias Krull, exdirector y vicepresidente de Julius Baer. En octubre de 2018, Krull fue condenado a una pena de 10 años de cárcel por su participación en el esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares. El Julius Baer Group aseguró que Krull perpetró sus delitos fuera del alcance de sus deberes oficiales en el banco, y que este salió del mercado venezolano en 2018. El banco aseguró que en los últimos tres años ha tomado “medidas comprensibles” para mejorar su sistema de vigilancia.
El Gobierno de Suiza prohibió a Julius Baer realizar “adquisiciones grandes y complejas”, y nombró a un auditor independiente para vigilar sus actividades. “Deploramos los defectos identificados en nuestros negocios con clientes de América Latina”, declaró el Julius Baer Group al ICIJ.
Un abogado de Betancourt trasladó que su cliente desmiente cualquier irregularidad. El abogado de Convint, por su parte, se negó a hacer ninguna declaración.
La información viene de los propios bancos
Un banco debe enviar un reporte de actividad sospechosa al FinCEN si “sabe, sospecha o tiene una razón para sospechar” que una transacción que pasa por Estados Unidos tiene un origen criminal o no tiene un propósito de negocios claro. No son denuncias formales, pero otorgan al sistema financiero su línea de defensa más fuerte contra operaciones de lavado de dinero.
Un banco debe enviar un reporte de actividad de las transaciones sospechosas al FinCEN
Sin embargo, los documentos de FinCEN Files muestran que los bancos se limitan a menudo a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando ya se enfrentan a investigaciones por sus acciones.
Así, cuando la sede en Miami de Banco Espírito Santo trató de verificar si las transferencias eran legítimas, era demasiado tarde. Según los informes que el banco envió a los reguladores en 2013 y 2014, los pagos a familiares eran “excesivos”; los documentos justificativos “despertaron muchas preocupaciones”, mientras que varios ingresos a entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero fueron calificados como “artificiales por naturaleza”.
De al menos 26 personas, compañías y agencias del Estado que aparecen en los FinCENfiles, solamente tres han sido sancionadas por la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés). Un amplio conglomerado también está sujeto a una investigación y enfrenta cargos criminales en América Latina.
Cuando han sido contactados para esta historia, se han amparado en la privacidad de sus clientes y la naturaleza confidencial de los reportes de actividad sospechosa para justificar que no responderían a preguntas precisas sobre las transacciones.
En Venezuela, la familia Ceballos sigue ganando contratos públicos. Entre sus adjudicaciones recientes, destacan las reparaciones de una planta de tratamiento de agua en el estado de Anzoategui y de estaciones de bombeo en tres estados. Ambas se están llevando a cabo en la actualidad.
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Investigación llevada a cabo por Sasha Chavkin y Patricia Marcano. Editado de su versión original por María Zuil.
Con la colaboración de: Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Tamoa Calzadilla, Sylvain Besson, Kevin Hall, Antonio Delgado, Jay Weaver, Ewald Scharfenberg.
Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, se encuentra ahora en ruinas. Una de cada tres personas no tiene suficiente para comer, y más de 4,6 millones de venezolanos —cerca de uno de cada 10— han abandonado el país.
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