Las tensiones de BBVA con la CNMV, el BCE y la Audiencia Nacional por el caso Villarejo

El caso BBVA-Villarejo es una olla a presión en el que cada vez que el cocinero —el banco— baja un fogón para rebajar el calor, sube sin querer otro. La entidad presidida por Carlos Torres lleva haciendo juegos de equilibrios desde que la Audiencia Nacional decidiera a finales de 2018 investigar sus vínculos con el comisario Villarejo. El banco ha tenido desencuentros con accionistas, empleados, medios de comunicación, supervisores, fiscales y el propio juez a raíz de este caso. Y todo a pesar de que lo que se investigan son hechos anteriores y desvinculados del actual presidente, según la entidad.

El eje de las discusiones está en la estrategia jurídica del grupo vasco. BBVA y sus asesores —Garrigues y Uría Menéndez— tienen claro que su éxito pasa por demostrar que el banco cumplió la ley y ha tenido robustos sistemas de control interno durante los 13 años que contrató a Cenyt, la empresa de Villarejo. En cambio, una serie de directivos y empleados incumplieron las normas recurrentemente. Es la línea marcada por el banco y no quiere salirse ni un milímetro, aunque cueste disgustos con el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o los investigadores de la Audiencia Nacional.

Estos desencuentros se evidenciaron el pasado lunes en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón y el fiscal Ignacio Stampa llevan tiempo con la sensación de que el banco ha sido más lento de lo que debía en su investigación interna y que, en lugar de colaborar en lo importante, ha inundado el juzgado de papeles. Por ello, el magistrado exigió, bajo amenaza de imputación, que el autor del 'forensic' del banco, un socio de PwC, enviara 223 correos que lleva pidiendo Anticorrupción desde hace meses. Y Stampa fue más claro todavía al señalar que la colaboración del banco "es un disfraz", y que aprecia "manipulación" de pruebas. Afirmaciones muy graves para uno de los mayores bancos europeos en un caso de importancia nacional.

Los 223 correos han sido la gota que ha colmado el vaso de los investigadores. Detrás de la reacción del lunes hay una serie de acontecimientos que han ido sembrando dudas entre juez y fiscales, como que el banco no aceptara el ofrecimiento de ayuda de la policía judicial para agilizar y profundizar la investigación interna; que eligiera a los mismos bufetes para levantar alfombras y defenderle en el caso; que haya dejado temas y palabras aparentemente claves fuera del forensic; y que la firma elegida para realizar este informe fuera la misma que revisó los sistemas de prevención de delitos en 2010 y 2015.

Contraofensiva

El banco ha intentado rebajar las críticas a su investigación interna en un escrito enviado al juez esta semana: "Siempre, en toda investigación, cualquier alternativa que se elija supone dejar otras fuera [...]. Hay que tomar decisiones, hay que adoptar criterios de selección, y lo que importa es que resulten adecuados y proporcionados al fin que se persigue. Creemos que aquí lo han sido", expone el escrito, firmado por Jaime Alonso Gallo, de Uría, y Helena Prieto, de Garrigues.

Entre las decisiones que les critican las acusaciones está no haber investigado a fondo los correos vinculados al asalto de Sacyr, en el que más pruebas hay del pinchazo de teléfonos —cruce de llamadas— por parte del comisario Villarejo para el banco.

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Esta estrategia del banco ha hecho que surjan dudas en torno a la figura de Torres. Banqueros rivales señalan que el financiero salmantino debía haber cortado el cordón umbilical con Francisco González (FG) desde el principio, e incluso haber acudido a la Audiencia Nacional voluntariamente para ofrecer su total colaboración. Lo primero tardó tiempo en hacerlo, intentando personarse como perjudicado por prácticas que presuntamente beneficiaban a FG.

Y lo segundo está más en cuestión después de conocerse que el banco no ha investigado a fondo a Torres ni a su mano derecha, Ricardo Forcano, que fue jefe directo del responsable de Seguridad durante casi dos años. Todo ello ha hecho que surjan rumores sobre que el banco esté siendo más cuidadoso para no implicar a su presidente. Fuentes oficiales de BBVA señalan que en toda la investigación realizada hasta ahora no han encontrado ningún hecho que los lleve a Torres, y por ello no han revisado su correo.

De hecho, entre los investigadores se extrañan de que el nombre de la mano derecha de Torres no figure en toda la documentación ofrecida por el banco a la Audiencia, a pesar de haber sido superior tanto tiempo de Corrochano. Esta situación también genera malestar entre otros imputados que empezaron a estarlo a raíz de un archivo que envió el banco al juzgado, señalando los responsables de verificar la contratación de Cenyt y autorizar sus facturas. Fruto de ello fueron imputados exdirectivos como Ángel Cano, ex-CEO que en el momento investigado ocupaba el mismo cargo que Forcano en 2016 y 2017; Antonio Béjar (Riesgos España), Javier Malagón (Financiero), Ignacio Pérez Caballero (Red España) o Inés Díaz (Seguridad).

El hecho de no haber revisado los correos de Torres podría tensar la relación del banco con la CNMV. Así, el banco afirmaba en su último informe de gobierno corporativo: "Cabe destacar asimismo que de la documentación relevante obtenida de la investigación 'forensic', todavía en curso, que se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales y es la base del sumario instruido, no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración, ni del actual presidente ejecutivo de la entidad, ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco". La entidad no aclaraba que Torres no había sido objeto de revisión específica en ese trabajo externo.

Tensión con Fráncfort y la CNMV

BBVA ya tuvo un roce con el supervisor en 2018. El 10 de octubre de ese año el supervisor hizo un requerimiento al banco para que aclarara su relación con Cenyt y las posibles consecuencias de la misma. El secretario del consejo de BBVA, Domingo Armengol, despachó la cuestión en un folio explicando la facturación con la empresa de Villarejo entre 2013 y 2017 y resumiendo que este caso no suponía "un riesgo que pueda representar un impacto significativo para BBVA".

Dos meses y medio después, la CNMV se volvió a poner en contacto con el grupo tras las revelaciones hechas por este medio y Moncloa.com, advirtiendo al banco de las posibles consecuencias de no haber dicho la verdad en el primer escrito. Pedía nueva documentación "a efectos de verificar si pudiesen haber suministrado a esta Comisión datos inexactos o no veraces u omitido datos relevantes". Respondió este escrito la responsable legal, María Jesús Arribas, con un envío de 150 páginas entre escrito y anexos.

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El banco vivió una tensión similar con el BCE, que cansado de pedir información insistentemente al banco, optó por acudir directamente a la Audiencia Nacional, algo insólito en el supervisor. El banco argumentó que no podía revelar secretos del sumario. Fuentes judiciales señalan, sin embargo, que BBVA podía haber compartido todo lo referente a su forensic con el supervisor sin saltarse el secreto de sumario.

Todos estos choques evidencian que BBVA prioriza evitar su responsabilidad penal en la Audiencia ante muchos otros frentes. El tiempo dirá si esta estrategia es pan para hoy y hambre para mañana, o viceversa.