¿Juez y parte? La exfiscal de Garrigues a la que BBVA confía su futuro en el caso Villarejo

El caso BBVA-Villarejo se dirime principalmente en tres ubicaciones de Madrid. En la plaza de la Villa de París, donde se ubica la Audiencia Nacional. En el barrio de Las Tablas, donde está la sede de BBVA. Y en la céntrica calle de Hermosilla, donde están las oficinas de Garrigues. Así, el bufete ha sido clave en gran parte de la estrategia diseñada por la entidad financiera.

Su responsable en esta causa es Helena Prieto, exfiscal fichada por Garrigues hace tres años. Ella ha sido la cabeza visible de la investigación interna del banco. Por ello, en distintos ámbitos, sorprendió que fuera Prieto la encargada de acudir a la Audiencia para acompañar al banco en su declaración como imputado, el pasado miércoles, junto a un peso pesado de Uría Menéndez, Jaime Alonso Gallo.

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Tanto el grupo financiero como el bufete niegan cualquier tipo de conflicto de interés, ya que Prieto fue contratada a mediados de 2018 para liderar la defensa por la contratación a Cenyt —la empresa de Villarejo—, lo que incluye la investigación interna. Y eso mismo hace ahora al acudir a la Audiencia como abogada, proteger a la entidad de su imputación como persona jurídica. Esta versión difiere de la del 10 de enero, cuando el banco explicó que en junio de 2018 "solicitó a un despacho externo de abogados [Garrigues] una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible".

Hasta ahora, la entidad no había delimitado tanto las funciones de las firmas que contrató para su investigación interna, que junto a Garrigues son Uría Menéndez y PwC. Los dos bufetes defienden al banco, y para ello están realizando una profunda investigación interna, que ha incluido entrevistas-interrogatorios a directivos y exdirectivos liderados por Prieto. Y es PwC el que ha hecho un informe 'forensic' independiente para detectar cómo, cuándo y por qué se contrató a Cenyt por parte del banco.

Reparto de trabajo

El banco ha señalado en más de una ocasión que su "prioridad es esclarecer los hechos y colaborar con la Justicia", ya que la "la investigación fundamental es la que lidera el juez".

El representante legal de BBVA como imputado, su directivo Adolfo Fraguas, estuvo declarando durante cinco horas el pasado miércoles, y vuelve al juzgado este viernes, para seguir aclarando cuestiones al juez Manuel García-Castellón y a los dos fiscales. La entidad presidida por Carlos Torres se juega mucho en esta prueba. Si el caso acabara en juicio y condena para exdirectivos, supondría un impacto reputacional, al suponer que antiguos gestores del banco supieran que este estuvo contratando a Villarejo durante 15 años. Pero hay otros escenarios peores: que se procese a actuales directivos —ya hay varios imputados— y/o condene a la entidad, lo que supondría una multa económica o el cese de actividades.

La investigación interna se ha cobrado por el momento dos víctimas: el director del área inmobiliaria hasta 2014, Antonio Béjar, y el exdirector de los servicios jurídicos Eduardo Arbizu. El primero, por un expediente disciplinario, y el segundo, por no haber puesto los medios necesarios para impedir esta crisis, según el consejo. Frente a ellos, el banco defiende que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad".