El Estado se juega casi 2.000 millones con los dividendos de sus grandes cotizadas

La crisis económica que ha traído consigo la pandemia del coronavirus también amenaza con golpear con fuerza los intereses de los inversores en bolsa, que prácticamente a diario están viendo cómo empresas y bancos están anunciando la suspensión, cuando no cancelación, de sus dividendos.

Un terreno minado donde el Estado español, accionista de referencia en un destacado puñado de empresas cotizadas, se juega casi 2.000 millones de euros. En concreto, se trata de Bankia, Aena, IAG (Iberia-British Airways), Red Eléctrica, Ebro, Enagás, Airbus o Indra, compañías donde el Gobierno tiene mucho que decir a través del FROB, Enaire y SEPI.

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Ruth Ugalde

La reflexión a la que se están enfrentando estas y todas las compañías de la bolsa es la siguiente: si España está abocada a una recesión, y nadie puede garantizar a día de hoy cuánto va a durar la crisis del Covid-19, ni su impacto económico, ni cómo será la posterior recuperación (rápida y en forma de V o lenta y en forma de L), la prudencia recomienda suspender el pago del dividendo, destinarlo a reservas y construir así un colchón que ayude a salvaguardar la operativa y el máximo empleo posible.

Esta posición es la que ya han adoptado gigantes como Inditex, que ha pospuesto a julio la decisión sobre el pago de dividendo, o Banco Santander, que ha dejado para 2021 cualquier posible reparto y, además, siempre después de haber descontado el impacto económico del coronavirus.

Estos planteamientos van en línea con la política que está intentando implantar el Gobierno en todo el tejido económico y empresarial del país, con los planes extraordinarios que ha lanzado para combatir el coronavirus y que ha ligado a aspectos como el mantenimiento del mayor número posible de puestos trabajo o la creación de una red que permita amortiguar la caída de quienes se queden sin empleo o tengan que cerrar su negocio.

El reto a la coherencia de este discurso llega cuando al Estado le toca jugar el papel de accionista mayoritario de compañías cotizadas, una posición que le confiere el poder suficiente para decidir qué hacer con la política de remuneración del accionista: si continuar como hasta ahora o dejarlo en reserva para combatir la crisis.

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Ó. Giménez J. Zuloaga

Por el momento, en el caso del operador aeroportuario Aena, ha decidido posponer cualquier decisión a que termine el estado de alarma y se convoque una nueva junta general. Esta se había convocado inicialmente para el próximo 1 de abril, fecha en la que se iba a aprobar el reparto de un dividendo de 7,58 euros brutos por acción, cifra que trasladada a la participación del 51% de Enaire iba a suponer para las arcas públicas un ingreso de 580 millones.

Bankia, donde el FROB ostenta el 61,8% del capital, es la otra gran cotizada donde el Estado tiene poder de decisión accionarial —no en la gestión del día a día— y donde se juega 1.106 millones de euros, que esperaba ingresar de acuerdo al plan estratégico de la entidad 2018-20.

Hace dos años, el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri anunció que remuneraría a sus accionistas con 2.500 millones con cargo a los resultados de las cuentas de 2018, 2019 y 2020. De momento, ha repartido 709 millones ligados a las ganancias de los últimos dos ejercicios, y quedan, por tanto, 1.791 millones que se ha comprometido a devolver en los próximos meses. De este importe, al Estado le corresponderían 1.106 millones, al ser dueño del 61,8% del capital.

Bankia, que celebra junta este viernes, todavía no ha dicho que la crisis del coronavirus vaya a tener algún impacto en su plan estratégico. Es más, su director financiero, Leopoldo Alvear, señaló la semana pasada ante inversores internacionales que la entidad "está en posición de generar los 2.500 millones fijados por el plan", según un informe de Morgan Stanley.

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La última vez que sus dos principales ejecutivos, Goirigolzarri y el consejero delegado, José Sevilla, hablaron sobre esta cuestión, fiaron llegar al objetivo A que el BCE no pusiera problemas en sus planes de capital y que la sentencia del IRPH no fuera negativa para la banca. La entidad quiere aprobar en junta el pago del dividendo de 2019, y cuando pase la crisis decidirá qué hacer con el reparto de 2020.

En Red Eléctrica, el Estado es el primer accionista, con un 20%, pero no el mayoritario, aunque su poder de decisión sobre la compañía ha quedado recientemente subrayado con la dimisión de Jordi Sevilla como presidente, por sus diferencias con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el nombramiento de la también exministra socialista Beatriz Corredor como nueva presidenta.

La compañía de infraestructuras energéticas es otra pieza clave para las arcas públicas, ya que los 0,7792 euros brutos por acción propuestos como dividendo complementario el pasado 25 de febrero, cuando empezaban a conocerse los primeros casos graves de coronavirus en España, suponen para el Estado un ingreso de 84,3 millones de euros.

Airbus, donde SEPI posee un 4,16% del capital, sí que ha adelantado ya su decisión de cancelar el pago de dividendos, remuneración al accionista que había fijado en 1,8 euros brutos por acción y que iba a suponer para la empresa pública el ingreso de 56 millones. Sin embargo, la crítica situación que vive toda la industria aeronáutica ha convencido al gigante europeo de la conveniencia de lanzar un plan de choque para garantizar la liquidez, fin para el que ha preferido reservar los 1.400 millones que iba a repartir entre todos sus inversores.

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Europa Press

En el aire también está el futuro de IAG, 'holding' dueño de la aerolínea española Iberia y de la británica British Airways. En el caso de esta segunda, el Estado británico no descarta salir al rescate si hiciera falta, mientras que por lo que respecta a Iberia, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya destacó este lunes que el Ejecutivo estará a su lado para garantizar el papel estratégico que tiene la compañía en la economía nacional.

La complicada situación que atraviesan las aerolíneas en todo el mundo, al ser el turismo uno de los sectores más afectados por las órdenes de confinamiento y restricción de movimientos, deja en el aire cualquier posible reparto del dividendo de 0,17 euros por acción que acababa de anunciar IAG y que iba a suponer para SEPI el ingreso de 8,5 millones de euros.

En el caso de Enagás, donde la participación de SEPI es del 5%, el Estado se juega 22 millones de euros, cifra que se reduce a nueve millones en el caso del 10% que posee de Ebro Foods; mientras que en Indra la comunidad financiera llevaba tiempo especulando con la posibilidad de que este año recuperara la retribución al accionista, esperanza que, ahora, con la crisis del coronavirus, ha perdido fuerza.