Santander encara litigios en los que se juega 5.600 millones de euros

Banco Santander se jugará en juzgados y despachos gran parte del éxito del plan estratégico que presentó el año pasado. Las reclamaciones mil millonarias que pesan sobre el grupo que preside Ana Botín amenazan su cuenta de resultados. La entidad tiene conflictos abiertos en Brasil, por la reclamación de activos fiscales deducidos, la demanda del que pudo ser consejero delegado, Andrea Orcel, cuenta con una cartera de 4.300 millones de euros en hipotecas vinculadas al IRPH, reclamaciones en Reino Unido por los seguros de protección de pagos PPI, demandas por el caso Popular así como las cláusulas suelo que arrastra, o potenciales riesgos por hipotecas multidivisa en Polonia.

El grueso del riesgo legal que admite el grupo en su informe anual, publicado en el último momento posible —viernes 28 de febrero por la tarde— que permite la normativa, está en Brasil, su tercer mercado más importante y cuyo jefe, Sergio Rial, entrará en el consejo tras la próxima junta para convertirse en número tres del grupo. El banco tiene provisionados 1.144 millones por litigios que tienen consideración de obligación legal o pérdida que se considera probable. Asimismo, admite por primera vez que hay un riesgo adicional cuantificado en 3.962 millones como pasivo contingente.

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La norma contable obliga a la banca a la dotación de provisiones por pérdidas probables, pero cuando el riesgo es más incierto, se considera pasivo contingente. Es decir, existe la posibilidad de daño, pero la probabilidad no es suficiente para que sea obligatorio provisionarlo. En cualquier caso, Santander reconoce que se juega en procesos judiciales en Brasil 5.106 millones. Hay varios procesos abiertos relacionados con cambios en la base de algunos impuestos, tributos exigidos por municipios, cotización de algunos conceptos relacionados con los empleados o un impuesto sobre movimientos financieros, así como otras cuestiones fiscales relacionadas con el beneficio de alguna filial o el uso de bases negativas.

Fuera de la potencia sudamericana, el banco cuantifica riesgos por valor de otros 512 millones, aunque hay amenazas adicionales para las que no ha dado cifra, como las demandas de accionistas del Popular. El siguiente foco, por tamaño del daño potencial, está en Reino Unido. Todo el sector financiero británico acumula reclamaciones por los seguros de protección de pagos PPI, productos que se vendieron entre los clientes de forma masiva y que servían para que los clientes se cubrieran ante casos de enfermedad o desempleo, pero de los que se cuestionó la manera de comercializarse. La provisión del Santander por este concepto asciende a 189 millones, cifra que se redujo el año pasado desde los 275 millones de 2018, después de dotar 192 millones durante el ejercicio.

El siguiente mayor riesgo para Santander, por potencial impacto económico, es el que lo enfrenta a Orcel. El financiero italiano demandó a Santander tras su fichaje frustrado, reclamando hasta 112 millones. El juicio tendrá lugar el 13 de abril, 10 días después de la junta de accionistas del banco. La entidad alega que "el nombramiento no llegó a ser efectivo por no cumplirse las condiciones a las que estaba sometido y que el contrato requerido por la ley para el desempeño de la función no llegó a perfeccionarse". Más allá de lo económico, este proceso tiene un alto componente reputacional.

En España hay mucho más en juego económicamente, con la entidad pendiente de la sentencia del IRPH, que se conocerá este martes. Aunque su impacto es a día de hoy impredecible, los bancos de inversión apuntan a potenciales provisiones por unos 1.000 millones.

Lo mismo ocurre con las demandas de accionistas y bonistas del Popular. La entidad no las cuantifica en sus cuentas, a pesar de que ha habido centenares en los últimos años y está perdiendo la mayoría de las sentencias provinciales. Este frente está pendiente de que se pronuncie el Tribunal Supremo, tenga lugar el juicio contra el BCE y la JUR en Luxemburgo, y avance la causa penal en la Audiencia Nacional. Santander ofreció en 2017 a los clientes minoristas del Popular un bono fidelización, que aceptaron en torno a 100.000 clientes.

Herencia del Popular

Otra herencia del Popular son las demandas por las cláusulas suelo, que Santander no había incluido dentro de sus hipotecas. Cuando se quedó la entidad en junio de 2017, cuantificó el máximo impacto "no probable" en 900 millones. Desde entonces, ha devuelto 402 millones y mantiene todavía 79,9 millones en provisiones para futuras sentencias.

Santander también destaca en sus cuentas otro posible golpe judicial en un pleito que arrastra desde hace años contra Delforca —antigua Gaesco Bolsa—. El riesgo asciende a 56,8 millones, aunque el banco lo considera "remoto" y no ha provisionado nada por ello.

El banco presidido por Botín también afronta riesgos legales en Polonia, por las hipotecas multidivisa. La entidad reconoce una exposición de casi 10.000 millones de zlotys polacos (2.323 millones de euros), aunque de momento solo ha provisionado 41 millones de euros.