Santander pierde nueve de cada 10 sentencias del Popular en segunda instancia

La avalancha de demandas de Banco Popular va poco a poco subiendo de nivel. Tras inundar las primeras instancias en 2017 y 2018, estos procesos ya han escalado a las Audiencias Provinciales (segunda instancia), donde, de nuevo, los juzgados están dando la razón a los inversores.

Así, según cifras a las que ha tenido acceso este medio, los demandantes ganan nueve de cada 10 recursos elevados a Audiencias, sobre todo por la ampliación de 2016. El número de sentencias a favor de los accionistas asciende ya a 28, frente a las cuatro ganadas por Santander (Popular ya no existe tras su absorción de 2017).

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Una de las circunstancias que están llamando la atención entre los abogados consultados es que Santander no está recurriendo gran parte de las sentencias en contra en Audiencias Provinciales. Según información recabada por este medio, deja convertirse en firmes en torno a dos tercios y eleva al Tribunal Supremo el tercio restante, alrededor de 10.

Desde Santander, no aclaran los motivos para recurrir unas sentencias y dejar pasar otras. Desde el sector, creen que la entidad presidida por Ana Botín está eligiendo minuciosamente las batallas en las que quiere competir ante el alto tribunal.

Argumentos

El mayor banco español está acudiendo a los tribunales con una estrategia de defensa a ultranza de la contabilidad del Popular, argumentando que cumplió año tras año las exigencias del BCE y del Banco de España, y que la ampliación de 2016 fue supervisada y aprobada ampliamente. La defensa del banco es coordinada desde Uría Menéndez y Pérez Llorca.

Mientras, los demandantes y, hasta ahora, los tribunales consideran que hay evidencias de que la contabilidad de la ampliación de capital de 2016 estaba mal, basándose en el expediente sancionador de la CNMV, inspecciones del BCE y el informe pericial del caso Banco Popular. Los bufetes de abogados están muy atentos a todo lo que pase en la causa penal, para poder echar más leña al fuego en los juicios. La semana pasada, el expresidente Emilio Saracho criticó la contabilidad de 2016.

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Lo que salga de la Audiencia será clave para el fallo que estime más adelante el Tribunal Supremo, como ya ocurrió con Bankia, cuando el alto tribunal tumbó el tramo minorista de la salida a bolsa de 2011. Algo que costó 1.800 millones al banco nacionalizado.

Tras la compra del Popular en 2017, Santander ya compensó a los titulares de acciones valoradas en 780 millones, con el denominado bono fidelización. Sigue teniendo el riesgo de los otros 1.620 millones de la ampliación, de los que algo más de 500 fueron invertidos por el propio consejo. Además, hay demandas por acciones compradas en el mercado secundario, por la ampliación de 2012 y en bonos. Santander nunca ha especificado si tiene más provisiones para estos riesgos.

Dispersión geográfica

Aunque hay sentencias de audiencias provinciales en toda España, se repiten más casos en Asturias, Valladolid, Zamora y Barcelona. Algunas piden la nulidad de la compra de las acciones y otras una indemnización.

Todavía se sigue esperando una mayor avalancha de demandas, sobre todo tras el aterrizaje en España de fondos internacionales para financiar litigios. En este sentido, el bufete Fieldfisher Jausas y el fondo Ramco Litigation Funding se han aliado para poner demandas por entre 150 y 250 millones, de las que ya llevan más de 50 millones.