La banca espera la sentencia europea sobre IRPH con hipotecas por valor de 18.000 M

Los bancos tienen marcado en el calendario este martes, 3 de marzo, como una fecha para contener el aliento. El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) emite su sentencia sobre la transparencia en la comercialización de hipotecas vinculadas al índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH). En total, en torno a un millón de particulares contrató hipotecas entre los años noventa y la crisis financiera bajo este índice que calculaba el Banco de España (BdE), aunque lo que se juzga es cómo se comercializaron.

El asunto es vital para la banca. Las ocho entidades cotizadas tienen una cartera de hipotecas con IRPH por valor de 17.000 millones de euros, según los informes anuales publicados durante las dos últimas semanas, a lo que se suman más de 700 millones de Kutxabank. Son, por lo tanto, casi 18.000 millones. Los bancos de inversión han estimado los daños potenciales si la sentencia es contraria entre los 3.600 millones que calculó Barclays o los 44.000 millones en el peor escenario posible descrito por Goldman Sachs.

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La opinión del abogado general, Maciej Spuznar, fue ambigua. Normalmente, el TJUE suele seguir la misma dirección, pero no siempre es así, como comprobaron los bancos españoles con dolor en la sentencia sobre las cláusulas suelo. Según una investigación de la Universidad de Cambridge, el 67% de las ocasiones la sentencia respalda la opinión del abogado general.

El IRPH es un índice que, por su cálculo, ha tendido a ser más alto que el euríbor. No obstante, las hipotecas a tipo variable se vinculan a un índice y se añade un diferencial, que en el caso del IRPH era más bajo generalmente. Por ello, muchos clientes accedieron a contratar esta opción, aunque finalmente han salido perdiendo.

El Supremo validó en 2017 el uso del IRPH, pero el Juzgado número 38 de Barcelona elevó una cuestión prejudicial a Europa para indagar sobre el control de la transparencia. Había dos preguntas. Una es si puede considerarse abusivo un índice oficial por poco transparente, a lo que Spuznar respondió que sí. La segunda está en torno a los requisitos exigidos sobre transparencia: debe “ser suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión prudente y con pleno conocimiento de causa” sobre el tipo de interés y referirse “a la evolución en el pasado del índice de referencia escogido”.

En este sentido, los ejecutivos bancarios son optimistas. Se juegan mucho en ello. Sobre todo en CaixaBank, con una cartera de 6.060 millones, mayoritariamente de consumidores. “La reciente opinión del abogado general, la existencia de la sentencia previa del Tribunal Supremo, el hecho de que el IRPH es un tipo de referencia oficial, publicado y gestionado por el Banco de España, la existencia de jurisprudencia del TJUE que confirma la transparencia de los contratos referenciados a otros índices de referencia oficiales, y la existencia de la TAE son hechos que, con la información disponible actualmente, determinan que la probabilidad de una sentencia desfavorable sea considerada baja”, arguye el informe anual del banco presidido por Jordi Gual.

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Ningún banco ha provisionado nada por el IRPH. De hecho, todos recuerdan que es difícil cuantificar el daño potencial. En caso de que se declare abusiva la comercialización, no está claro el grado de reclamaciones y si las entidades tendrán que anular los contratos, devolver todos los intereses cobrados o solo la parte que supera a una hipoteca tipo en euríbor —y, en este último caso, teniendo en cuenta el mismo diferencial del IRPH (que suele ser menor que con euríbor) o uno más grande—.

Bankia, que tiene una cartera de 2.900 millones, asegura que ha tratado el asunto como “un pasivo contingente cuya materialización y alcance final es incierto”. Pasivo contingente quiere decir que es un riesgo que no alcanza la probabilidad de pérdida suficiente para provisionar. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri se juega cumplir con la promesa del plan estratégico de repartir 2.500 millones en dividendos entre 2018 y 2020, ya que le queda por remunerar a sus accionistas con 1.791 millones, de los que más de 1.000 millones irán al Estado.

Precisamente, el Gobierno jugó un papel clave en la cartera de IRPH de Bankia. La entidad comercializó por iniciativa propia y de los clientes hipotecas por valor de 1.300 millones. Pero hay otros 1.600 millones que corresponden a préstamos “en actuaciones en materia de vivienda y suelo, en los que el índice de referencia que figura en la cláusula del contrato, IRPH, no fue pactado entre el consumidor y la entidad, sino que viene impuesto en virtud de una disposición imperativa vigente” del marco jurídico para, por ejemplo, los planes de vivienda de protección oficial.

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Dicho de otra manera, según Bankia, estos contratos se suscribieron con IRPH por obligación del sector público, aunque no especifica el ente. Por lo tanto, en caso de una sentencia desfavorable a la banca, habría que dirimir qué sucede con esta cartera.

Los dos grandes bancos también tienen importantes carteras en IRPH, aunque el daño sería más limitado, por el tamaño y diversificación de estos grupos. Banco Santander tiene hipotecas por valor de 4.300 millones, mientras que en BBVA la cartera asciende a los 2.800 millones, tras reducirla en 300 millones durante la primera mitad de 2019.

Por su parte, Banco Sabadell aún cuenta con 751 millones, aunque ha disminuido esta cuantía de forma drástica desde los 1.400 millones de 2018, a través de acuerdos con los clientes. Unicaja también tiene exposición, en su caso, de 182 millones. Fuera de la bolsa, destaca Kutxabank que, de hecho, en términos relativos sería el banco más afectado tras CaixaBank, según los cálculos que hizo Goldman. La cartera supera los 700 millones.