El PSOE presiona a Sumar para autorizar al sector alimentario a limpiar con agua usada

La industria alimentaria lleva meses exigiendo que se les permita emplear agua que ya ha sido utilizada previamente para poder limpiar sus instalaciones. Es una medida encaminada al ahorro de recursos hídricos que comparte el Gobierno central, que en su Plan Anual Normativo 2024 muestra su compromiso de legislar en este sentido. Sin embargo, su aprobación se está retrasando, a la espera de obtener el visto bueno por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que está en manos de Sumar.

Es habitual que diferentes departamentos colaboren en la elaboración de normas transversales, como es precisamente la regulación del uso del agua reutilizada en la industria alimentaria. La aprobación definitiva de este real decreto depende de Transición Ecológica y Sanidad es coproponente, pero se necesita la cooperación de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Transición Ecológica y Agricultura, liderados por el PSOE, ya han dado luz verde, y ahora presionan a Consumo para que emita su veredicto cuanto antes. Concretamente, tiene que determinar si es viable desde un punto de vista higiénico y establecer las bases que permitan reutilizar el agua para limpiar las instalaciones industriales sin que los alimentos se vean afectados. Según varias fuentes conocedoras de la negociación, la dificultad está en afinar los parámetros sanitarios que se deben cumplir en aquellas superficies que mantienen contacto directo con el producto.

Se da la circunstancia de que Ministerio de Agricultura cuenta con una secretaría general encargada de la seguridad alimentaria, pero entre sus responsabilidades no está definir las condiciones sanitarias mencionadas. Esas competencias recaen sobre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy. Al cierre de esta edición, este organismo no ha respondido a las preguntas trasladadas desde este medio para conocer su visión sobre esta medida.

La dificultad está en afinar los parámetros que se deben cumplir en aquellas superficies que mantienen contacto con el producto

El propio secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, señalaba este martes que "el Ministerio de Agricultura apoya la posibilidad de que se utilice el agua reutilizada, aunque son las autoridades sanitarias las que tienen que decidir los parámetros", un mensaje lanzado a Consumo. Desde el departamento de Sanidad, también en manos de Sumar con Mónica García a la cabeza, ratifican que esas labores dependen del organismo dirigido por su compañero Bustinduy.

Varios países de la Unión Europea ya tienen en vigor legislaciones similares. Sin ir más lejos, Francia ha aprobado recientemente un decreto con el que estima ahorrar entre un 20% y un 25% en la extracción de agua, un recurso cada vez más escaso por las acuciantes sequías. La previsión que realiza la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para España es que se pueda economizar un tercio del consumo total. Aun así, en un comunicado insistía en que "hay un problema de competencias y no se acaba de aprobar".

Francia ha aprobado recientemente un decreto con el que estima ahorrar entre un 20% y un 25% en la extracción de agua

La industria alimentaria no es la única que está pendiente de esta normativa. La agricultura, unos de los sectores que más depende de los recursos hídricos, también demanda que se le permita regar los campos con agua reutilizada. A través de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) lleva tiempo negociando con Transición Ecológica y considera que se "necesitan más datos e información y menos confrontaciones políticas".

Dentro de un Gobierno de coalición suelen producirse atrasos en la aprobación de leyes que comparten ministerios de diferentes partidos o, en algunos casos, nunca llegan a ver la luz. Unas veces porque las formaciones políticas quieren su cuota de protagonismo, otras porque a la vez se negocian otras medidas y en ocasiones por exceso de celo para evitar que cualquier mínimo error permita ser desautorizado por los contrincantes.

De hecho, entre Consumo y Agricultura ya existieron desavenencias durante la pasada legislatura. Concretamente, con la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, azúcares y sal dirigida a público infantil. Esta iniciativa fue impulsada por el exministro Alberto Garzón y se encontró con la confrontación del departamento que dirige Luis Planas. No obstante, aunque Garzón ya no forma parte del Gobierno y Planas sí, el Plan Anual Normativo 2024 incluye la aprobación de esa normativa.