Quién es quién en el caso BBVA-Villarejo: los dos chivos expiatorios y los 'protegidos'

El caso BBVA-Villarejo entra en la fase decisiva en un momento de máxima tensión para la entidad. La próxima semana desfilarán por la Audiencia Nacional el expresidente, Francisco González, actuales y antiguos directivos y la propia entidad, representada por un miembro de su cúpula. El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía han decidido así dar un acelerón al caso, tras las imputaciones anunciadas este jueves.

Al haber todavía secreto de sumario hay más sombras que luces en el caso para el banco. Esta causa tiene ya 18 imputados que se han ido ampliando por oleadas. Algunos investigados siguen en la entidad, entre ellos el asesor directo del presidente, Juan Asúa, y otros no. Y algunos fueron cesados al conocerse su implicación, y otros no.

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La clave para diferenciar a los 18 imputados está en que ha habido varias líneas de investigación que han ido cambiando el rumbo del caso. BBVA solo ha cesado a los directivos cuya presunta responsabilidad se desprende en su indagación interna, que se puso en marcha hace casi año y medio. Los imputados que figuran en las pesquisas de Anticorrupción seguirán en sus cargos, salvo que se destapen irregularidades cuando se levante el secreto de sumario.

La investigación arrancó con la Fiscalía y la Audiencia trabajando de la mano de BBVA y las tres firmas legales que le ayudan: Garrigues, PwC y Uría Menéndez, liderados por la exfiscal de Anticorrupción, Helena Prieto.

Fruto de ello, el juzgado pidió al banco que identificara a los responsables de varias áreas del banco durante los años investigados. De ahí surgieron las imputaciones de principios de junio: el ex-CEO y director de Medios Ángel Cano; el exdirector de Riesgos Antonio Béjar; el exdirector de Seguridad Julio Corrochano; Inés Díaz, sustituta del anterior; Ricardo Gómez Barredo, exresponsable de Contabilidad y todavía directivo; Ignacio Pérez Cabellero, director de red de BBVA España; Javier Malagón Navas, exinterventor; y Nazario Campo, también de Seguridad.

De ellos, se señaló con especial fuerza a Corrochano, al que el juzgado impuso una fianza de 300.000 euros, y Béjar, de medio millón. Ante esta situación, el exdirector de Riesgos y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) decidió colaborar con el juez y los fiscales. Acto seguido, el tribunal le quitó la fianza y ha dado muestras de despegarse de la línea de investigación de BBVA.

Así, BBVA pasó de pedir su personación en el caso en el mes de julio a estar imputada como persona jurídica. La reacción de la entidad fue cesar al exdirector de los Servicios Jurídicos, Eduardo Arbizu. Fuentes próximas a la entidad señalan que no se hizo por su papel en nada descubierto por el 'forensic', sino por su responsabilidad al no haber detectado la contratación a Villarejo durante más de una década. En el sector se ve a Béjar y Arbizu como los chivos expiatorios del banco.

Sin embargo, las seis imputaciones de esta semana reflejan que la investigación de la Fiscalía y el juez van más allá del 'forensic' de BBVA, lo que supone un riesgo para el banco. Así, el banco y su ejército de asesores no habrían descubierto en año y medio unos hechos que el juez y los fiscales, con ayuda de unos audios de Villarejo y la declaración de exdirectivos, consideran potenciales delitos.

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En esta nueva ronda han entrado además del expresidente FG, objetivo de gran parte de la estrategia de los fiscales; Asúa, que como asesor de Carlos Torres ha tenido hilo directo del 'forensic'; el propio Arbizu, que en la investigación del banco no aparecía; Eduardo Ortega, fichado en 2014 en el equipo de Arbizu, y actual responsable de contencioso; Manuel Castro, exjefe de Béjar en Riesgos; y José Manuel García Crespo, también del equipo de Arbizu, ya jubilado.

Junto a los 14 imputados directivos y exdirectivos del banco, más la propia entidad, hay otros tres investigados en el caso: el propio Villarejo, el policía de su entorno Antonio Bonilla, y su abogado, Rafael Redondo.

Fuentes jurídicas señalan que a medida que aumenta el número de imputados crece el riesgo para el banco de que alguno dé nuevos detalles que amplíen la investigación y extiendan aún más el secreto de sumario. La propia entidad declara la última la próxima semana, a través de su director legal en España, Adolfo Fraguas, sin saber lo que han dicho anteriormente los otros 17 investigados.