BBVA vs. Sandokán: el banco contrató a Villarejo para 'espiar' al industrial cordobés

La investigación sobre los vínculos de BBVA con el comisario Villarejo sigue aflorando operaciones de espionaje que no habían trascendido hasta ahora y que fueron presuntamente ordenadas por Antonio Béjar, el exdirectivo de la entidad sobre el que se ha situado el foco judicial en los últimos días. El pasado viernes fue cesado de la presidencia de Distrito Castellana Norte, el consorcio inmobiliario que impulsa la Operación Chamartín, tras confirmarse su imputación en la llamada operación Tándem por la contratación del policía durante sus etapas como jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias (2008-2012) y máximo responsable de la división Inmobiliaria (2012-2014) del segundo banco más grande de España.

Béjar habría tenido un papel clave en la decisión de BBVA de contratar a Villarejo para investigar el patrimonio de empresarios morosos, uno de los servicios que el policía prestó para la entidad. Como desveló este diario, BBVA encargó al comisario a finales de 2009 que inspeccionara los activos de Fernando Martín, máximo accionista de Martinsa Fadesa, la constructora que se fue a pique dejando sin pagar unos 80 millones de euros en créditos del banco. Béjar pidió al policía que averiguara si Martín escondía bienes susceptibles de ser ejecutados para minorar su deuda. Un audio implica al presidente de la entidad durante 18 años, Francisco González (2000-2018), en esa operación.

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Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, no fue el único encargo que BBVA hizo a Villarejo con la intermediación de Béjar y el jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, principal enlace entre la entidad y el policía. Entre los trabajos que está analizando la Audiencia Nacional y que ya han costado la imputación a esos dos exdirectivos y a otros seis antiguos altos cargos de la compañía se encuentra la contratación del comisario para rastrear la fortuna del controvertido constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, más conocido por el alias de 'Sandokán'. La entidad quería averiguar si, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el industrial había vaciado su promotora Grupo Arenal 2000 para evitar la devolución de créditos millonarios.

En concreto, BBVA sospechaba que Sandokán podía haber usado a familiares o personas de confianza para quedarse con los pocos activos de valor que permanecían bajo el paraguas de Arenal 2000 e impedir de ese modo que pudiera arrebatárselos el banco como parte del cobro de la deuda pendiente. Lo cierto es que Arenal 2000 entró en disolución dejando deudas astronómicas incluso con Hacienda. Su 'holding', que incluía negocios en el sector de la joyería, acumulaba al cierre de 2018 una deuda con la Agencia Tributaria de 241,6 millones de euros, la más alta de Andalucía. En 2017, fue condenado a cinco años de cárcel por delito fiscal. Sus cuatro hijos dirigen ahora lo poco que queda de su imperio.

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Los métodos de Villarejo —en sus informes hablaba expresamente de “hostigar” a los empresarios y utilizar métodos de seguimiento poco ortodoxos— dieron resultado. El comisario, natural también de Córdoba, conocía de primera mano las andanzas del constructor y su círculo de relaciones. Según explican las fuentes consultadas por este diario, Villarejo y sus colaboradores consiguieron descubrir activos que Sandokán había ocultado a través de testaferros y empresas pantalla. BBVA recibió un informe con las conclusiones. La entidad quedó muy satisfecha con la operación. Los datos le sirvieron para reclamar bienes que el constructor andaluz había logrado poner fuera de su radar y, de ese modo, mejorar sus ratios de exposición al ladrillo en plena crisis financiera.

En teoría, el trabajo de Villarejo no tenía por qué exceder los límites de las investigaciones patrimoniales a morosos que suelen encargar las compañías de gran volumen a agencias de detectives perfectamente reguladas. Sin embargo, el instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, sostiene que Béjar, Corrochano y el resto de directivos de la entidad investigados autorizaron la contratación de Villarejo siendo conscientes de que, en ese momento, era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y, por tanto, no estaba en situación de trabajar para una empresa privada. Asimismo, el magistrado dispondría de pruebas de que, en esos análisis de promotores, el policía habría aprovechado su acceso a bases de datos oficiales para llegar hasta los activos ocultos y habría efectuado también seguimientos.

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Béjar ha decidido colaborar con la Justicia y volvió a declarar este lunes en la Audiencia Nacional. Al igual que a sus siete compañeros, se le imputan los delitos de cohecho y revelación de secretos. De los ocho, el más relevante es Ángel Cano, consejero delegado de la entidad entre 2009 y 2015, periodo en el que se habrían producido los espionajes a los constructores. El escándalo dio un nuevo salto este lunes. El juez acordó imputar a BBVA como persona jurídica por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, cohecho y revelación de secretos.