ENTREVISTA EN LA CADENA SER

Sánchez avisa al independentismo: puede aplicar el 155 con el Gobierno en funciones

El presidente asegura que su Ejecutivo ya ha estudiado el caso y tiene la respuesta de que es posible porque la Diputación Permanente del Senado tiene la potestad de aprobarlo

Foto: Pedro Sánchez, este 30 de septiembre, en la presentación de la precampaña del PSOE para el 10-N, en Madrid. (EFE)
Pedro Sánchez, este 30 de septiembre, en la presentación de la precampaña del PSOE para el 10-N, en Madrid. (EFE)

El Gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución aún si sigue en funciones en caso de que el independentismo se salte de nuevo la legalidad. El Ejecutivo ha estudiado ese caso y tiene la respuesta: es posible intervenir la autonomía de Cataluña aun con las competencias mermadas.

Es el aviso contundente que lanzó Pedro Sánchez al independentismo en una entrevista este martes, en la Cadena SER. Justo en el segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre y a las puertas de la sentencia del 'procés'. Una advertencia que va un paso más allá. Porque el presidente en funciones eleva el tono progresivamente en plena precampaña y ante la eventualidad de que los separatistas decidan retomar la vía unilateral.

[Consulte aquí en PDF la transcripción íntegra de la entrevista de Pedro Sánchez en la SER]

"Evidentemente, el Gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas. Pero el 155 se puede aplicar con un Gobierno en funciones, sin problema. El Gobierno de España lo ha estudiado y no habría ningún problema ni desde el punto de vista de la constitucionalidad ni de la legitimidad. La Diputación Permanente del Senado permanece abierta, con plenas capacidades. Habría sin lugar a dudas posibilidad de actuar a través del 155", aseguró rotundo. Este diario ya publicó ayer lunes que había consultas a los letrados en legislaturas anteriores en las que quedaba claro que la Cámara Alta preserva esa función de aprobar la aplicación del 155 aun con las Cortes Generales disueltas. El PSOE dispone ahora mismo de mayoría absoluta en el Senado, y obviamente también en la Diputación, el órgano que asume los poderes del pleno cuando hay elecciones convocadas.

Sánchez dice que no tiene tomada la decisión, pero que si ha de activar el 155, lo hará con tres principios: "Firmeza, unidad y proporcionalidad"


"Espero no llegar a ese extremo, no tiene que llover sobre mojado", estimó Sánchez, quien dijo que no había tomado aún la decisión de activar ese resorte excepcional previsto en la Carta Magna. En todo caso, si en las "próximas semanas o meses" el Gobierno ha de actuar lo hará bajo tres principios. En primer lugar, "firmeza democrática", puesto que si el independentismo se sitúa "fuera de la legalidad", el Ejecutivo tiene la "obligación" de "restituir el autogobierno". Dos, "unidad de las fuerzas políticas": si ha de aplicar el 155, el presidente hablará con los líderes de los partidos para intentar que estén "del lado del Gobierno", como el PSOE se alineó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017. Tercer punto: la "proporcionalidad", porque no solo es importante la legitimidad parlamentaria, sino también la sociedad, que los catalanes "entiendan las decisiones que se toman". El 155 es un "instrumento legítimo, homologable" a figuras existentes que hay en otras constituciones europeas.

No "jugar con fuego"

Sánchez recordó que el Ejecutivo está muy pendiente y ya ha ido tomando medidas. Así, ya anunció que impugnará ante el Tribunal Constitucional varias de las resoluciones que aprobó el Parlament la semana pasada y que animan a la desobediencia civil e institucional, y se enviará un requerimiento a la Mesa del Parlament. "Espero que los independentistas no sigan contribuyendo a que haya más fractura en Cataluña", cuando lo que se necesita allí es "convivencia", y que no cometan "más errores". En ese punto, exigió de nuevo a los separatistas la condena a cualquier indicio de violencia, "venga de donde venga, incluidos los elementos radicales del independentismo".

Insiste a los separatistas en que no deben "jugar con fuego" y han de condenar cualquier atisbo de violencia. Confía en la labor de los Mossos

Al Gobierno le ha parecido "grave" que el 'president', Quim Torra, "ampare, banalice" con sus palabras las actuaciones del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. "Nosotros no amenazamos, sí advertimos, y la principal responsabilidad de todo Gobierno es garantizar la seguridad y la convivencia. Pido que no jueguen con fuego", reiteró, como ayer también hiciera en la presentación de la precampaña del PSOE. Por "jugar con fuego" se refiere a "mirar para otro lado" si hay indicios de violencia. Lo que tiene que hacer el secesionismo es "abrir un proceso de diálogo con la parte que no es independentista" y, a partir de ahí, el Ejecutivo central puede "ayudar a ese diálogo" y hacerlo "no con soflamas ni echando más gasolina al fuego".

Sánchez añadió que confía en la actuación de los Mossos d'Esquadra. La coordinación técnica con Interior y con la Delegación del Gobierno es "a día de hoy extraordinariamente positiva", dijo.

La entrevista en la SER con Àngels Barceló evolucionó al siguiente asunto sobre la mesa: las relaciones con Podemos. El 155 dio pie al presidente para subrayar las diferencias entre las dos formaciones. Sí le "gustaría" contar con el apoyo de los morados en caso de activación de ese precepto constitucional. "¿Se imagina un Gobierno en el que haya una parte del Gobierno que defienda la Constitución y el 155 y otra que diga que hay presos políticos y defienda el referéndum de autodeterminación?", se preguntó. El problema, pues, está en el mismo punto: PSOE y Podemos comparten puntos de vista en cuestiones sociales pero les separa el abordaje del problema de convivencia en Cataluña. Y su máxima preocupación, en el proceso de negociaciones fallido, era perseguir una legislatura completa con un Gobierno "estable, coherente" y que diera una "respuesta progresista" a los desafíos del país, y no solo procurar una investidura.

Sánchez, como ha venido haciendo en los últimos días, insistió en que no quiere "entrar en reproches", porque quiere afrontar una campaña "en positivo". Pero tuvo que volver sobre lo ocurrido en los meses pasados. Aunque siempre ha tenido con Iglesias una "buena relación en términos personales", la discrepancia de fondo era la desconfianza: al presidente le parecía "bastante arriesgado" ceder a un partido sin experiencia en gestión pública cuestiones como la Seguridad Social, la política energética o Hacienda. Ofreció políticas en las que Unidas Podemos podía estar más interesado, como las que quedarían bajo los ministerios de Vivienda, Sanidad e Igualdad.

Los ciudadanos tienen "más información"

El líder socialista volvió a reconocer que siempre tuvo "dudas" respecto a la idoneidad de una coalición con los morados porque hay un calendario "que viene impuesto", que es el catalán, precisamente por la sentencia del 'procés'. "Fui flexible hasta donde creía que podía garantizar esa coherencia" en el Ejecutivo. Pero luego esa oferta de vicepresidencia y tres ministerios caducó porque tras la investidura fallida del 25 de julio se abrió una "fosa" entre las dos formaciones ya insuperable.

Sánchez admite que hay "riesgo de crisis económica en el mundo, en Europa y por tantoen España", aunque aquí hay pilares "sólidos"

Sánchez admitió que generó "algo de polémica" su afirmación de que "no dormiría" por la noche con un Gobierno con Podemos. Se expresó en lenguaje "coloquial", pero quería decir lo que dijo: que no estaría tranquilo si hubiera aceptado las "exigencias" de Pablo Iglesias. Y otra aclaración: si definió a los morados como "extrema izquierda" la semana pasada en una entrevista con CNN Internacional no fue porque hubiera ninguna "intencionalidad", ni aludió a ellos en términos "peyorativos", sino solo porque se trataba del "contexto de una entrevista en Estados Unidos", donde se habla de 'far left'.

Ahora el presidente asume que se halla en otra fase. Los votantes, dijo, tienen "más información" sobre el comportamiento de los partidos. Y, en línea con lo que proclamó ayer en la presentación de su precampaña, insistió en que los españoles ahora tienen que responder a la pregunta de si el 11 de noviembre, el día posterior a las elecciones, "continuamos bloqueados o queremos un Gobierno progresista", y la "única" opción que garantiza lo segundo, la salida de la "provisionalidad" y la "interinidad", es el PSOE. Sobre Íñigo Errejón, por cierto, hizo la declaración de carril, de la que no se sale en los últimos días: no lo conoce personalmente, porque cuando estaba en Unidas Podemos hablaba con Iglesias, ya que acostumbra a respetar la "jerarquía" de las organizaciones y no le gusta meterse en cuestiones internas. Reitera que su irrupción se debe a una "pugna" en el espacio de los morados que él mira "con distancia y respeto". Hablará con el líder de Más País tras la campaña, no antes, y s consigue representación parlamentaria.

Respecto a la situación económica, Sánchez admitió que hay "riesgo de crisis económica en el mundo, en Europa y en consecuencia en España". El presidente recomendó no caer ni en el "alarmismo" ni en la "autocomplacencia". España está en una fase de desaceleración de la economía, pero el Gobierno fue "más conservador" en los pronósticos que otras instituciones como el Banco de España, que bajó la previsión de crecimiento del 2,4% al 2%. El Ejecutivo lo mantuvo en el 2,2%. No obstante, defendió que la economía española tiene "pilares, fundamentos sólidos" que hacen que esté capeando bien esta ralentización, que se demuestra en la creación de empleo, los niveles de deuda o la contención del déficit.

¿Qué significa requerir a la Mesa del Parlament?

El presidente señaló que se enviaría un requerimiento a la Mesa del Parlament de Catalunya. ¿Pero qué significa eso exactamente? No lo hará el Ejecutivo directamente, sino a través del Tribunal Constitucional.

Fuentes del Gobierno explicaron después de la entrevista en la SER que las resoluciones aprobadas por la Cámara en el debate de política general, que a juicio del Gobierno vulneran la Carta Magna, pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional a través de dos vías. Una, la impugnación de disposiciones autonómicas. Dos, por incidente de ejecución de sentencia. Habitualmente es la primera vía la que se usa, tras solicitar dictamen del Consejo de Estado. 

Desde el Ejecutivo remarcan que cuando se considera que una resolución del Parlament no solo es contraria a la Constitución sino que contradice un pronunciamiento del TC, se puede plantear un incidente de ejecución de sentencia

"En este caso, al igual que en la impugnación, el planteamiento del incidente conlleva automáticamente la suspensión de la resolución recurrida. Pero, además, al plantear el incidente, el Gobierno puede solicitar al Tribunal que en la providencia de admisión requiera personalmente al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa, notificándoles su deber de abstenerse de tramitar cualquier nueva iniciativa que ponga en cuestión la suspensión", añadieron las mismas fuentes oficiales. 

En el Ejecutivo defienden que no se ha podido proceder a presentar un incidente de ejecución de sentencia ni a impugnar las resoluciones aprobadas por el Parlament porque aún no han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Cámara catalana. 

"El incidente de ejecución se planteará cuando se advierta que una resolución recoge algún contenido similar a los ya declarados inconstitucionales y nulos por el TC". El Ejecutivo alude a la sentencia del alto tribunal 259/2015, que declaró inconstitucional la declaración secesionista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de ese año. En esa ocación, la Cámara aprobó, por 72 votos frente a 63, la resolución 1/XI, que "proclamaba el inicio del proceso hacia la independencia, abogaba por desobedecer a las instituciones españolas, incluso al Tribunal Constitucional, e instaba a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la Cámara autonómica".

"Una victoria de la democracia"

La otra cuestión sobre la mesa es la exhumación de Francisco Franco, para la que el Tribunal Supremo dio el aval completo, y también al enterramiento posterior en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Sánchez aseguró que el proceso se llevará a cabo "en unas semanas", y confía en que sea antes de que arranque la campaña electoral, que será el 1 de noviembre.

La exhumación de Franco se hará "cuanto antes", en unas "semanas", dice Sánchez, que confía en que esté culminada antes de la campaña electoral

El presidente aseguró que sí tiene pensada una fecha, pero no quiere arriesgarse a comunicarla antes por si surgiera algún contratiempo. En cualquier caso, la fecha se aprobará a través de un acuerdo del Consejo de Ministros. Además, el Gobierno habrá de comunicársela también a la familia del dictador. Se hará "cuanto antes" porque ya está "todo" listo para la ejecución, pero por si acaso el Ejecutivo está "puliendo y afilando" la fecha definitiva. No quiso confirmar si se conocerá y aprobará en la reunión semanal del Consejo de este viernes.

¿Y si la familia reclama que sea exhumado con honores de Estado? "Es ciencia ficción" que lo reclame, sostuvo el presidente. "Pueden pedir lo que quieran", abundó. Sánchez reiteró que el visto bueno completo del Supremo es "una victoria de la dignidad, la memoria y la democracia", por la que hay que felicitarse. El proceso, dijo, no ha sido "tan largo", porque España llevaba 40 años esperando este momento.

Sánchez apoya al PSOE-M en el caso Móstoles, y la federación amenaza a Posse con la expulsión

El escándalo que rodea a la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, no se ha reducido y sigue en el centro de la polémica por el nombramiento de cargos de confianza. 

Pedro Sánchez fue preguntado por ello en la Cadena SER y dejó en manos de la federación regional, pilotada por José Manuel Franco, la decisión de obligar a la regidora a dejar su puesto. "Entiendo que el PSOE de Madrid está en ello y lo que haga estará bien hecho", señaló. "La conozco y hay cosas que me sorprenden", indicó el jefe del Ejecutivo. 

Poco después, se conoció la decisión del PSOE-M. Franco anunció este martes que la dirección regional ha llevado ante la comisión de ética a Posse para "recabar toda la información sobre sus últimas actuaciones". El PSOE-M considera que, 'a priori', podría estar incumpliendo varios artículos del código ético del partido, como el de “menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas”.

Este proceso, que ya está en marcha, puede dar lugar a la apertura de un expediente disciplinario que podría conllevar, incluso, la expulsión del Partido Socialista.

En la cúpula del PSOE-M no daban ya crédito a la actitud de la alcaldesa, que ya ha perdido por completo la confianza de Franco. La dirección regional ha estado lanzando señales de que debe irse, pero ella resiste. Así, el pasado sábado, a la entrada del comité federal, el líder del PSOE-M aseguró que en su partido "siempre" asumen responsabilidades de sus actos. Pero Posse no se dio por aludida. 

Los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Móstoles, PP, Ciudadanos y Vox, formalizaron este lunes la solicitud de un pleno extraordinario para debatir la reprobación de la regidora, informa EFE. 

Son ya varios los casos de 'enchugados' por Posse conocidos en las últimas semanas. El último de ellos ha sido revocado por un juez: se trata de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como gerente de Urbanismo. Designación tumbada por "no acreditar una experiencia profesional previa de quince años en el ámbito de la actividad". La semana pasada trascendió que la expareja de la alcaldesa había sido situado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento, constituido por la primera edil para la resolución de problemas urgentes en la ciudad, y que suponía un complemento de unos 800 euros al mes. Posse aseguró este martes que el consistorio recurrirá la decisión del juez porque Espelosín "sí cumplía todos los requisitos" para el puesto. 

En las dos últimas semanas han renunciado cuatro cargos de confianza cercanos a Posse: su hermana, su tío, una amiga de la infancia y el gerente del Instituto Municipal del Suelo. 

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