Podemos se aleja del PSOE y amenaza con tumbar al Gobierno sus decretos sociales

La precampaña del 28-A está condicionando toda la actividad legislativa, tanto de la oposición como del propio Gobierno, y ha llegado al punto de forzar la ruptura de PSOE y Unidos Podemos, socios preferentes desde la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa, en comisiones donde llevaban trabajando conjuntamente más de dos años, como la del Pacto de Toledo o la de investigación sobre la caja B del PP. El alejamiento entre ambas formaciones amenaza también con tumbar el último paquete de decretos sociales que busca llevar el Ejecutivo 'in extremis' a la Diputación Permanente, una vez disueltas las Cortes, principalmente el relativo a la reforma laboral, pero también el de igualdad en el mercado de trabajo, para el que tampoco hay acuerdo a día de hoy, e incluso el de vivienda si no se aceptan lo términos consensuados en el documento del pacto presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos. En la Moncloa y en el Grupo Socialista son plenamente conscientes de que sacar cualquier iniciativa adelante es cada vez más difícil, porque los morados buscan distanciarse de ellos para marcar territorio.

Si la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, remarcaba este martes en los pasillos de la Cámara Baja que "Podemos ha sido un socio leal", en pasado, para acto seguido acusar a la formación de "blanquear" al PP, en presente, por no pactar las conclusiones de la comisión de investigación sobre financiación ilegal de los populares, su homóloga de Podemos, Irene Montero, conminaba a los socialistas a cumplir con lo pactado en su acuerdo presupuestario. "El Gobierno está dentro de su legitimidad de utilizar todos los mecanismos a su alcance para hacer campaña electoral. No será el primero y tampoco el último, pero es curioso que le entre la prisa ahora para aprobar lo que no ha hecho durante estos meses, y cuestiones que incluso estaban pactadas en el acuerdo presupuestario", añadía Montero, para insistir en que cualquiera podría pensar que Sánchez "está utilizando Moncloa para hacer campaña electoral". Más claro, agua: "Si son una pantomima para la campaña, desde luego no estaremos ahí".

La diputada Yolanda Díaz iba un paso más allá pidiendo al Ejecutivo "que pare la campaña electoral" para sentarse a negociar los decretos. Y es que la precampaña lo contamina todo. "Estamos ante un Gobierno que está sometiendo a los trabajadores y a los agentes sociales a la absoluta incertidumbre. Convendría que el Gobierno pare la campaña electoral", insistía Díaz al ser preguntada por los motivos por los que el Ministerio de Trabajo suspendió la mesa de diálogo social prevista para este martes con los sindicatos. El pasado viernes, la mesa sobre pensiones acabó sin acuerdo y este lunes ocurría lo mismo con la de igualdad. "Los sindicatos están llamando la atención sobre los incumplimientos y nosotros los vamos acompañar", añadía la diputada gallega, que también forma parte de las comisiones de Trabajo, Economía o Industria.

"Si los decretos son una pantomima para la campaña, desde luego no estaremos ahí", subraya la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero

Los negociadores de Podemos lamentan que desde el ministerio de Magdalena Valeriotodavía no se hayan querido sentar a una mesa de negociación para sacar adelante la denominada contrarreforma laboral, a pesar del acuerdo no escrito entre Ejecutivo y Unidos Podemos de consensuar los decretos antes de llevarlos al Consejo de Ministros para garantizar el apoyo de los morados y sus confluencias. Acusan a la ministra de buscar más el apoyo de la patronal y PDeCAT que de los sindicatos y Unidos Podemos, por lo que en estos momentos el respaldo a los decretos para derogar los aspectos considerados más lesivos de la reforma laboral parece imposible.

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Las demandas de las dos partes

Valerio, por su parte, ya descartaba este martes que el Gobierno saque adelante cambios en materia laboral o de pensiones vía decreto ley si finalmente no logra el consenso de los agentes sociales y de los grupos parlamentarios, según informa EFE. "No es voluntad del Gobierno hacer una reforma unilateral en materia de pensiones", ha dicho este martes Valerio antes de participar en un almuerzo informativo, porque "lo ideal es contar con el apoyo del Pacto de Toledo y de la mesa de diálogo social". Sí está previsto llevar este viernes al Consejo de Ministros un decreto ley de medidas urgentes para favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres para tratar de convalidarlo en el Congreso, aunque no logre un apoyo total de los agentes sociales.

Valerio descarta que se lleven medidas en materia laboral o sobre pensiones si no concita el acuerdo entre los agentes sociales y con los grupos

En lo referente a la reforma laboral, Podemos exige cambios en materia de negociación colectiva, como ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo o reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial, además de modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores: garantizando la igualdad de condiciones de los subcontratados o incluyendo la obligación de fichar para tener un registro oficial de las horas extra. En materia de igualdad, donde hay más posibilidades de acercamiento, Podemos insiste en que su propuesta pasa por permisos de paternidad iguales, intransferibles y remunerados al 100%.

El Gobierno, mientras, plantea derogar los "aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012", en palabras de Valerio, siendo consciente de que, para que salga adelante, ha de conciliar las posturas de los morados con la de los grupos más conservadores en esta materia, como PDeCAT (CiU apoyó en aquel año la legislación de los populares) y PNV. El ministerio quiere "rescatar lo debatido en el Congreso" en los últimos meses y sobre lo que opina que se ha tejido un cierto consenso: recuperación de la ultraactividad de los convenios, introducir el registro de jornada, la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa y modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para atajar la subcontratación. El Gobierno, explicó la ministra, quiere ver por tanto si hay "margen para llevar un decreto ley a la Diputación Permanente" en el que se liquiden los aspectos más "nocivos" de la reforma del PP, pero necesita para ello "una garantía de que se va a aprobar".

Respecto al decreto de igualdad laboral, la vicepresidenta, Carmen Calvo, se muestra remisa a incluir la ampliación de los permisos de paternidad por el coste presupuestario que supondría, ya que las cuentas del Estado están prorrogadas, al caer el proyecto de ley del Gobierno. En todo caso, los contenidos de ese texto se cerrarán en la comisión general de Secretarios de Estado y Subsecretarios, este miércoles. "Estamos todavía trabajando, y preferimos el acuerdo con los sindicatos. Pero la convalidación [del decreto ley] es lo que importa", indicaban fuentes muy próximas a Calvo. Este texto es icónico para el Ejecutivo, porque se aprobará en el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes —el próximo martes 5— y antes de los actos por el Día de la Mujer, un 8 de marzo que prevé de manifestaciones masivas que se pretende que sean la réplica a "la foto de Colón" de las tres derechas (PP, Cs y Vox).

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Medidas contra los desahucios

El decreto para regular los alquileres, al contrario que el de la reforma laboral y el de igualdad, sí está en proceso de negociación entre el grupo confederal y el Ministerio de Fomento, que dirige el número tres del PSOE, José Luis Ábalos. Fuentes cercanas a las negociaciones, que desde Unidos Podemos lidera la diputada Lucía Martín, señalan que las conversaciones está muy avanzadas y se muestran optimistas ante el compromiso de ambas partes para llegar a un acuerdo. El objetivo pasa por introducir mecanismos de control de los índices del precio de alquiler en las zonas más tensionadas y establecer un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran “tenedor de vivienda”, y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas tanto para su detección y diagnóstico como para fomentar que estas salgan al mercado.

Los socialistas recuerdan que sus números en la Diputación Permanente son más ajustados que en el pleno: 33 diputados frente a 32 (PP, Cs y UPN)

Entre las expectativas de Podemos, destaca también la inclusión de medidas contra los desahucios en el decreto y que se dé la posibilidad a las administraciones públicas de ejercer los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada, según el documento firmado por Sánchez e Iglesias, "se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble".

En la dirección del Grupo Socialista, la trinchera desde la que se observa en primer plano la coreografía de los otros grupos, también constatan la dificultad de trenzar acuerdos con los demás grupos. Sus antiguos aliados, y especialmente Podemos, asumen una posición más dura para distanciarse. Los partidos están ya en campaña y no quieren fotos. Además, recuerdan en la cúpula que los números en la Diputación Permanente están más ajustados que en el pleno: el bloque de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al poder suma 33 representantes (15 del PSOE, 12 de Unidos Podemos, dos de ERC, uno del PNV y uno de Compromís, PDeCAT y Bildu) por los 32 de las derechas (24 del PP más la presidenta del Congreso, Ana Pastor, seis de Ciudadanos y uno de UPN). Una ventaja, pues, de un solo diputado. Todo quedaría más sobre el alero aún.

39 decretos tras las convocatorias

Eso explica que desde el Grupo Socialista sí se reclame a los ministerios que trabajen concienzudamente con los grupos la redacción de los decretos, para no perder votaciones. Porque lo que sí está manteniendo el PSOE en los últimos días es que no llevará iniciativas a la Cámara que puedan ser derrotadas, si bien la tentación de retratar a los grupos, denunciando con el dedo cómo dejan en la cuneta textos de marcado carácter social, es también muy grande de cara a la campaña. "Si fuera por los ministros, traerían muchos decretos al Congreso, pero han de tener cuidado, porque cada vez cuesta más", indicaban desde la cúpula parlamentaria socialista.

El presidente gobernará "hasta el último minuto" y priorizará los temas de "urgencia social", en los que espera encontrar el respaldo de los grupos

Desde el Gobierno y el partido se insiste en que Sánchez gobernará "hasta el último minuto" y se sacuden las críticas de la oposición. Lastra recordaba este martes que "en todas las legislaturas se han convalidado reales decretos leyes" una vez disueltas las Cámaras por convocatoria de elecciones generales, así que la pretensión del Ejecutivo de seguir aprobando iniciativas se enmarca en un contexto de "normalidad democrática". Desde la I Legislatura (1979-1982), la Diputación ha ratificado 33 decretos leyes [aquí en PDF], a los que habría que sumar seis más de la Legislatura Constituyente (1977-1979). En total, 39. Muchos venían a paliar los efectos de catástrofes naturales, pero otros sí tenían contenido político.

Lastra hacía hincapié ante los medios en que el Gobierno priorizará aquellos "temas de urgencia social", como la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que ya anunció Sánchez que intentaría promover. La portavoz socialista dio por hecho que habrá "puesta en escena y electoralismo" por parte de los grupos, pero se mostró convencida de que los "asuntos trascendentales" en los que está trabajando el Consejo de Ministros sí podrán encontrar el respaldo de otras fuerzas parlamentarias.

El Ejecutivo, con todo, consume sus últimas balas antes de zambullirse de lleno en la campaña. Sabe que siempre es más fácil desde la Moncloa y con el BOE en la mano, y por eso no despreciará esa arma. Pero también es consciente de que puede convertirse en un bumerán si no la maneja con cuidado. Y los números son demasiado apretados como para jugársela en exceso.

Unanimidad para suprimir el voto rogado, pero ya no hay tiempo para tramitarlo antes de la disolución

El último pleno de la legislatura acaba con el buen sabor de boca de un acuerdo en la Cámara. Todos los grupos votaron a favor de la proposición de ley del PSOE para suprimir el voto rogado para los residentes españoles en el extranjero, pero ya no habrá tiempo para poderlo tramitar, ya que las Cámaras se disuelven el próximo 5 de marzo. 

Sí se logró que la iniciativa se discutiera por el procedimiento de urgencia y en lectura única. De hecho, el PSOE quería que, una vez que este jueves la proposición salga aprobada por el Congreso, pasara directamente al pleno del Senado. Los socialistas sondearon a los populares para ver si se avenían a convocar esos dos plenos (toma en consideración y aprobación) antes del martes, pero se negaron porque no están de acuerdo con el texto pactado por los demás grupos. 

Así las cosas, el pleno de toma de consideración de este martes en el Congreso se convirtió en un cruce de reproches entre los partidos. Los unos culpan a los otros de no haber conseguido que esta reforma se tramitara antes. Así, el socialista Gregorio Cámara, que ha trabajado en los últimos meses en coordinación con el Ministerio de Exteriores para pulir el texto que permita acabar con el voto rogado, protestó por el "veto 'de facto" del PP, que ha retrasado la tramitación de la iniciativa y que ha presentado su propia propuesta, que considera "inviable". La que se llevaba este martes a pleno, señaló, es "necesaria, ortodoxa y solvente". 

✅ El #Pleno aprueba la toma en consideración de la ley orgánica de reforma de la #LOREG, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero.

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El PP, a través de su diputado José Antonio Bermúdez de Castro, culpó a Pedro Sánchez de hacer fracasar la iniciativa, al disolver anticipadamente las Cortes. Recordó que la introducción del voto rogado se hizo con el apoyo del PSOE en 2011 y le reclamó que "no haga electoralismo fácil" ni acuse al PP de poner pegas, porque es "mendaz y ridículo". No obstante, los populares apoyaron la tramitación (que se parará en una semana) porque puede servir de "punto de consenso para la próxima legislatura". 

Los diputados de Cs, Unidos Podemos o Compromís pidieron disculpas por no haber sido capaces de sacar adelante la iniciativa, aunque cada uno señaló distintos responsables, informa EFE.

Decae así un texto que, de haberse aprobado, habría supuesto dar mayores facilidades a los emigrantes para emitir su voto, ampliando los plazos, poniendo más puntos de votación y remitiéndoles una papeleta en blanco para que en ella hicieran constar su elección.