PRÓXIMA CONVOCATORIA DE LA SUBCOMISIÓN

El Congreso avanza para facilitar el voto emigrante antes de las elecciones de 2019

Ya está ultimado el informe en el que ha participado Exteriores y que aborda la supresión de las trabas que encuentran los residentes en el extranjero para ejercer su derecho de sufragio

Foto: Españoles residentes en Argentina votan para las elecciones generales del 26 de junio de 2016, en Buenos Aires. (EFE)
Españoles residentes en Argentina votan para las elecciones generales del 26 de junio de 2016, en Buenos Aires. (EFE)

En tiempos de extrema polarización, en los que los acuerdos amplios se cotizan a precio de oro, a veces se tejen de forma callada consensos importantes y de calado. El pasado jueves el pleno del Congreso, por unanimidad, aprobó que los cerca de 100.000 discapacitados intelectuales puedan votar, reforma a la que aún le queda el trámite en el Senado y su retorno a la carrera de San Jerónimo si hay nuevas enmiendas. Y mientras avanza otra modificación muy relevante de la Ley Electoral, para facilitar el derecho de sufragio de los españoles residentes en el exterior, cercenado desde 2011. Los trabajos en este caso están bastante ultimados y la intención es que en los próximos días pueda convocarse la subcomisión en la Cámara Baja, a fin de que el trámite parlamentario esté ya culminado de cara a las elecciones autonómicas y europeas de mayo de 2019.

Los colectivos de emigrantes llevan años batallando contra la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de 2011, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que buscaba hacer más garantista el voto exterior pero que en la práctica lo acabó limitando muchísimo. Las cifras hablan por sí solas. En las generales de 2008, las últimas celebradas con el sistema anterior, había 1.205.329 nacionales residentes en el extranjero, y de ellos emitieron su papeleta el 31,74% (382.568). En las de noviembre de 2011, las primeras tras el cambio legal, había inscritos 1.482.786, pero participaron 73.361, un ridículo 4,95%. En las de junio de 2016, en las últimas legislativas, de los 1.924.021 españoles censados fuera del territorio nacional, solo emitieron su voto 121.277, apenas el 6,3%. La crisis económica expulsó cada vez a más ciudadanos del país, y sin embargo su derecho fundamental al sufragio se veía restringido por las trabas para hacerlo efectivo.

En la reforma de 2011 se introdujo el llamado voto rogado. Implica que todos aquellos que vivan fuera de España y que quieran participar en las autonómicas, generales y europeas —no en las municipales— han de inscribirse y solicitar su voto, acompañando el impreso con fotocopia de su pasaporte, DNI o de la certificación de nacionalidad o registro en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Una vez recibidas las papeletas, pueden enviar su voto por correo o bien depositarlo en los consulados. Es lo que prescribe el artículo 75 de la Loreg. Numerosas han sido las quejas de los emigrantes en estos años por la sucesión de trámites a cumplimentar, lo ajustado de los plazos o porque las papeletas no llegan a tiempo. Por la odisea, en definitiva, que supone poder ejercer el derecho de sufragio. Protestas que se reiteran con cada proceso electoral y que son replicadas por la Marea Granate, el movimiento que agrupa a los nacionales desplazados en el extranjero.

En las generales de 2008 participó el 31,74% del CERA. En 2016, con casi dos millones de electores en el exterior, votaron solo 121.277, el 6,3%


La caída en picado de la participación de los emigrantes hizo a los partidos reaccionar. Incluido el propio PSOE, que reconoció el error de la reforma que auspició en 2011. Un acuerdo para poner fin al voto rogado podría estar ahora más cerca.

Más de 2 millones de emigrantes

El Congreso acordó el pasado 25 de septiembre trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para redactar una proposición de ley que derogase el cambio introducido en 2011. Ese consenso se sustanció en la subcomisión dedicada a estudiar las modificaciones en la Loreg, e incluía que el diputado socialista Gregorio Cámara, miembro de la misma y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, actuara de enlace con el Gobierno para preparar el informe.

La Cámara Baja acordó el pasado 25 de septiembre trabajar con el departamento de Borrell y encargar la labor de enlace al diputado Gregorio Cámara

Ese acuerdo de colaboración con Exteriores era fruto de la reunión que, una semana antes, había mantenido el jefe de la diplomacia española, Josep Borrell, con diputados de la Comisión Constitucional del Congreso. En ella, el ministro había ofrecido "toda la colaboración" de su departamento para poner fin al voto rogado y tirar de la participación de los residentes en el exterior con derecho a voto, que según las últimas cifras de la Oficina del Censo Electoral, actualizadas a 1 de enero de este año, son ya 2.036.926. El principal país de destino es Argentina (411.366), seguido de Francia (208.379) y Venezuela (142.464).

Fuentes parlamentarias confirmaron a El Confidencial que ese informe, en el que ha trabajado también el Ministerio de Trabajo, MIgraciones y Seguridad Social, además de Exteriores, está ya ultimado. El borrador está listo, de ahí que se hayan producido conversaciones entre el PSOE y sus interlocutores de Unidos Podemos, Íñigo Errejón y Antón Gómez-Reino. El grupo morado ratifica, de hecho, que se han producido "avances". En Ciudadanos esperan a ver el dictamen para expresar su parecer, según fuentes del grupo, aunque son favorables.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el popular Jesús Posada, el pasado 3 de julio en la Cámara Baja. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el popular Jesús Posada, el pasado 3 de julio en la Cámara Baja. (EFE)

La intención ahora es que los grupos analicen el contenido y pueda así convocarse "lo antes posible, en los próximos días" a los miembros de la subcomisión electoral para pulir la redacción y sellar el consenso. Una vez construido el acuerdo, el texto sería aprobado por la Comisión Constitucional, cuyo dictamen pasaría al pleno del Congreso y, respaldado ya por este, viajaría al Senado.

Los socialistas confían en que no sea costoso alcanzar un acuerdo a partir de ahora. Recuerdan que hasta el momento la voluntad de poner fin al voto rogado ha sido generalizada. La única duda es qué harán los populares. El Gobierno de Mariano Rajoy no impulsó un cambio de la ley de 2011, escudándose en que sí se habían introducido "muchísimas" más facilidades para que los emigrantes pudieran ejercer su derecho al voto y en que cualquier modificación normativa debía partir de la iniciativa del Congreso, y no del Ejecutivo. Fuentes parlamentarias calculan que quizá ahora el PP se incline más por "regular mejor" el voto rogado más que por suprimirlo. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos sí comparten la necesidad de eliminarlo. Impera el tiento y la prudencia para no dañar cualquier opción de pacto.

El Congreso avanza para facilitar el voto emigrante antes de las elecciones de 2019

Incluido en el acuerdo presupuestario

El contenido del informe trabajado con el Gobierno de Pedro Sánchez se conocerá en los próximos días, pero camina en la idea de "facilitar al máximo el voto de los residentes en el extranjero, quitando las trabas actuales pero asegurando todas las garantías", según fuentes parlamentarias. No se pretende regresar al sistema anterior —se enviaban de oficio a los inscritos en el CERA papeletas y sobres—, que se entendía como un coladero, por su escaso rigor. Esa fue la razón por la que se forzó el cambio de 2011, siguiendo las recomendaciones de la Junta Electoral Central. Ahora se pretenden introducir medidas para facilitar los trámites a los nacionales que viven fuera de España, pero evitando toda posibilidad de fraude, siempre según las mismas fuentes. Los emigrantes seguirán votando en autonómicas, europeas y generales, pero no en las municipales y forales, para que el sufragio exterior no incline la balanza y altere la decisión de los vecinos de una localidad en las urnas.

El consenso para cambiar el procedimiento de voto en el exterior es bastante amplio. Quienes más han pedido la eliminación son PSOE, Podemos y Cs

Sánchez ha sido muy insistente en los últimos meses en su apremio a las fuerzas políticas para que agilicen la supresión del voto rogado —lo dijo en su gira por Latinoamérica, y en su viaje a Canadá y Estados Unidos— y llegue a tiempo, antes de la convocatoria de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo de 2019. Eso quiere decir que antes del 2 de abril del próximo año —54 días antes de los comicios— la reforma ha de estar aprobada por las Cortes y en vigor tras su publicación en el BOE.

Pedro Sánchez firma el acuerdo presupuestario con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado 11 de octubre en la Moncloa. (EFE)
Pedro Sánchez firma el acuerdo presupuestario con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado 11 de octubre en la Moncloa. (EFE)

El acuerdo presupuestario firmado por el presidente del Gobierno y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado 11 de octubre, contenía, en su página 41, una referencia genérica a este asunto: "Se impulsará la reforma de la Ley Electoral con el objetivo de acabar con las trabas del voto rogado de las españolas y españoles en el exterior, y se establecerán listas cremallera. Además, se acuerda realizar un 'mailing' electoral [el envío de propaganda postal] único". El Ejecutivo y los morados pactaban asimismo "trabajar para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema".

Lo más sencillo de conseguir es, precisamente, el fin de las dificultades del voto rogado, porque es lo que genera menos controversia. Más complicado se antoja implementar las listas cremallera para todos los partidos —socialistas y morados sí que las aplican en sus candidaturas— y, casi imposible, mejorar la proporcionalidad del sistema. Esto último supone tocar la médula de la Loreg, las reglas del juego. Unidos Podemos y Ciudadanos sí han convergido en la necesidad de esta reforma, pero los dos grandes partidos, los grandes beneficiados por el actual modelo, no son tan proclives ni lo creen urgente.

El Congreso avanza para facilitar el voto emigrante antes de las elecciones de 2019

La modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en esta legislatura de tan complejos acuerdos, con un Parlamento tan fragmentado, será por tanto bastante limitada. De un lado, se permitirá a los discapacitados intelectuales votar —ese cambio ya está encarrilado y en manos ahora del Senado—, y de otro, la supresión (o cambio) del voto rogado, que la mayoría de los grupos también anhelan para antes de los comicios de 2019. A día de hoy, pensar en reformas más ambiciosas de la Loreg suena a empresa difícil de conquistar.

242.820 españoles en el extranjero llamados a votar en las elecciones andaluzas del 2-D

La reforma de la Ley Electoral para cambiar el voto rogado no llegará para las autonómicas andaluzas del 2 de diciembre. El proceso ya está en marcha, y por tanto se rige por lo aprobado en 2011. 

Según la Oficina del Censo Electoral, que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE), son 242.820 los votantes andaluces residentes en el extranjero, por los 6.298.902 que sí viven en la comunidad. En total, están llamados a las urnas, el próximo 2-D, 6.541.722 votantes

La mayor parte de los 242.820 votantes andaluces que residen fuera del país se concentran, por este orden, en Argentina (54.378), Francia (36.710), Alemania (28.337), Brasil (24.107) y Reino Unido (14.015). Aquellos que quieran participar en las autonómicas, habrán de rogar su voto hasta el 3 de noviembre. Las instancias se pueden enviar por internet, pero "es necesario poseer un certificado electrónico reconocido por la sede electrónica del INE o utilizar la clave enviada con el impreso oficial".

La reforma que sí podría entrar en vigor para las andaluzas es la que permitirá a los discapacitados intelectuales poder votar. La propuesta ya está en el Senado, y los grupos confían en rematar su aprobación antes del 2 de diciembre. Otra cosa es que pueda aplicarse para estas autonómicas, pues para ejercer el derecho de sufragio hace falta estar inscrito en el censo, y este se cierra dos meses antes de la convocatoria

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