El Gobierno choca con los sindicatos por la ampliación del permiso de paternidad

Gobierno y sindicatos están empeñados en capitalizar la movilización de las mujeres del próximo 8 de marzo. Con este objetivo, las dos partes se reunieron en la Mesa de Igualdad celebrada en la tarde del lunes, presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y que se extendió hasta la noche. Sin embargo, pese a la predisposición de las dos partes por llegar a un acuerdo, finalmente fue imposible, y la cuenta atrás deja poco margen de reacción para seguir conversando. El Gobierno está dispuesto a realizar un importante esfuerzo dentro del margen del que dispone, pero los sindicatos exigen ir un paso más lejos. Este tira y afloja podría haber roto ya la cuerda, justo en el último momento.

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Efe

Las dos partes abandonaron la reunión con pesimismo. El principal motivo de fricción es la ampliación de los permisos de paternidad para igualarlos a los de maternidad, esto es, que se eleven desde las cinco semanas actuales hasta 16. Esta es una exigencia de la que los sindicatos no quieren bajarse, pero para el Gobierno no es asumible en este momento porque no dispone de los créditos presupuestarios para abordarla. Este desencuentro provocó que la reunión se rompiera sin acuerdo y con las posturas más alejadas que la semana pasada, explican fuentes conocedoras de la reunión. De hecho, el Ejecutivo está molesto con la publicación de noticias en medios que aseguraban que ampliaría el permiso de paternidad para igualarlo al de maternidad en 2021.

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El Gobierno prefiere que las medidas en favor de la igualdad se limiten, de momento, al ámbito de la empresa. La prórroga presupuestaria limita el margen de acción que tiene el Gobierno para poder llevar a cabo grandes políticas de gasto como sería una gran ampliación de los permisos de paternidad, explican fuentes de Vicepresidencia. No solo eso, el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado ha dejado congeladas las subidas de impuestos que planteó el Ministerio de Hacienda. Esto significa que elevar indiscriminadamente el gasto aumentaría todavía más el déficit público y provocaría una reprimenda de la Comisión Europea.

La falta de acuerdo en la Mesa del lunes supone el golpe definitivo al diálogo y el Gobierno ya asume que tendrá que aprobar las medidas en solitario

Sin embargo, los sindicatos no se conforman con que el Estado no realice ningún esfuerzo en favor de la igualdad. Para el Ejecutivo, la falta de acuerdo en la Mesa del lunes supone el golpe definitivo al diálogo para la igualdad y ya asume que tendrá que aprobar las medidas en solitario. Lo hará en el Consejo de Ministros de este viernes, el último antes del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. La propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, liderará el desarrollo de este decreto ley en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. La intención del Ejecutivo es dejar listo el real decreto ley a lo largo del miércoles y evitar las filtraciones hasta el viernes para que esta sea una de las últimas grandes medidas de esta legislatura.

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La aprobación en solitario, sin el respaldo de los sindicatos, deja al Gobierno en una situación más delicada a la hora de convalidar el decreto ley en el Parlamento. El respaldo de los sindicatos hubiese garantizado el apoyo de Unidos Podemos, ya que la formación hubiese tenido muy complicado rechazar una medida apoyada por los sindicatos. Es aquí donde entra en juego la política y la campaña electoral.

Para el Gobierno, esta será una de las últimas grandes medidas y, por lo tanto, una de sus grandes bazas electorales. No solo eso, al tratarse de una política en favor de la igualdad aprobada en torno al 8 de marzo, es complicado que Unidos Podemos pueda justificar un voto negativo en el Congreso. En cualquier caso, el PSOE también necesita los votos favorables de PNV, PDeCAT y ERC para superar a la oposición en la convalidación del RDL.

Para el Gobierno, esta será su última gran medida y, por lo tanto, una de sus grandes bazas electorales

Entre las medidas que figurarán en el decreto ley se incluye el registro de los tramos salariales en las empresas para avanzar hacia el final definitivo de la brecha salarial. Este registro obligaría a la empresa a mostrar los tramos salariales para cada categoría profesional, de modo que cada trabajador podría saber en qué punto se encuentra en comparación con sus compañeros.

Además, el Gobierno estudia incluir un análisis de los convenios colectivos y los complementos salariales, que en muchas ocasiones están detrás de la discriminación de retribución entre hombres y mujeres, una medida que es exigencia de los sindicatos. Por ejemplo, los pluses por antigüedad benefician habitualmente a los hombres, que son quienes tienen largas carreras en las empresas. El Ejecutivo quiere que cualquier medida aprobada en los convenios no sirva para ampliar la brecha en el mercado laboral.