El Gobierno admite que la salida de Franco sufrirá retraso y denuncia "obstruccionismo"

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos continúa su curso. El expediente no se para, dice el Gobierno, que responde a la decisión de un juez de Madrid que decidió la suspensión cautelar de la licencia urbanística para sacar al dictador de Cuelgamuros. El Ejecutivo advierte de que el proceso administrativo se mantendrá, aunque asume que habrá más retrasos, y denuncia el "obstruccionismo" del entorno del general contra la determinación del Parlamento y del Gabinete socialista.

Fuentes de la Moncloa respondieron con cierta agilidad al auto del 25 de febrero de 2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid. Auto que firma el polémico magistrado José Yusty Bastarreche y que paraliza, tras una demanda particular, la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para poder proceder a la exhumación de Franco. El juez impugna el informe del consistorio del 26 de noviembre de 2018 [aquí en PDF] por el que se declaraba "admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a otro lugar". Yusty alega que "no se aprecia especial urgencia" en el desenterramiento del dictador, puesto que lleva inhumado en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos "desde el 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años". La obra, dice el auto, puede "poner en peligro la vida humana" y, por tanto, "mientras existan dudas acerca de las condiciones de seguridad", procede acordar la paralización cautelar de la licencia. El magistrado se ha manifestado crítico con la Ley de Memoria Histórica.

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El Gobierno se queja de que el auto declara la suspensión cautelarísima, "sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento" de San Lorenzo, en cuyo término municipal se encuentra Cuelgamuros. La resolución, en efecto, señala que ahora el consistorio tiene tres días para que efectúe alegaciones pertinentes.

El expediente "continúa su tramitación con absoluta normalidad, cumpliendo la ley y observando los plazos y resto de garantías procedimentales"

En el Ejecutivo de Pedro Sánchez se incide en que el expediente de exhumación y posterior reinhumación de Franco, impulsado por el Consejo de Ministros, "continúa su tramitación con absoluta normalidad, cumpliendo la ley y observando los plazos y resto de garantías procedimentales". Y es que, recuerda, "los juzgados de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo". Además, sigue en marcha el plazo de 15 días hábiles otorgado a la familia para que señale un lugar de reinhumación.

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Una "tumba de Estado"

El Gabinete denuncia que este es un "nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno de Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático", que fue la salida del dictador de una "tumba de Estado" como es la del Valle de los Caídos. El Ejecutivo siempre recuerda que simplemente asumió el mandato del Congreso de mayo de 2017 y los requerimientos de Naciones Unidas, y que su real decreto ley de agosto de 2018 que posibilitaba la exhumación de Franco fue convalidado por la Cámara Baja incluso con la abstención de PP y Cs.

El Gabinete dice que le constan 12 demandas judiciales con la misma fundamentación y que la Abogacía trabaja para aunar todos las causas

"Hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco". De esas 12 demandas, sigue el Gobierno, "en siete se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes en las que ni siquiera se ha escuchado a la otra parte". "Estamos convencidos de que, tras haber escuchado al ayuntamiento y sus argumentaciones, el juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo".

El Gobierno subraya que la única finalidad que subyace tras presentar esa "multitud de demandas individuales" con la "misma fundamentación jurídica", en lugar de una sola, es "clara", "obligar a que sean muchos los juzgados" que deban pronunciarse sobre este asunto. Así, entiende el Ejecutivo socialista, crecen las probabilidades de que en alguno de estos juzgados, como ha ocurrido con el 3 de Madrid, se dé "la razón a la parte demandante". "La Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la acumulación de todos los procedimientos judiciales en uno solo para garantizar que exista un único pronunciamiento", advierte.

A falta de más trámites

Fuentes de la Moncloa informaron de que esas 12 demandas judiciales se están tramitando en diferentes juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid y la ley "obliga a acumularlas todas en un único procedimiento". Añadieron que no puede facilitar información ni datos personales relacionados con estas demandas por impedirlo la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

La consecuencia, no obstante, es también diáfana: los procedimientos judiciales, sostienen fuentes gubernamentales, "podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos". Fase que todavía está en marcha y que "precisa aún de otros trámites administrativos".

Las demandas "podrían retrasar la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos"

El Consejo de Ministros concedió 15 días hábiles a la familia para que señale qué lugar alternativo a la cripta de la catedral de la Almudena propone. Si no ofrece ninguno o hay discrepancia de criterio entre los nietos, el Gobierno dirá cuál será el nuevo espacio de sepultura. Además, tiene todavía por delante el obstáculo del acceso a la basílica: el prior administrador, Santiago Cantera, se niega a permitir la entrada para sacar al dictador hasta que hable el Supremo, al que los descendientes ya han anunciado que recurrirán. El tribunal, en efecto, podría acordar la suspensión de la exhumación hasta abordar el fondo del asunto, lo que con seguridad produciría un nuevo retraso.

El pasado viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Celaá, admitió en nombre del Gobierno que la salida del dictador podría no llegar a tiempo antes de las elecciones del 28 de abril. El camino se hizo pedregoso desde el principio, y cada vez parece más complicado. Ahora Sánchez corre el riesgo de que, si pierde la Moncloa tras las generales en favor de las derechas, el expediente acabe en un cajón.